La nueva ley del aborto está en vigor y, como todas las leyes aprobadas y no suspendidas ni anuladas, vincula a los poderes públicos. Este es un principio del Estado de Derecho, que no puede dejar al criterio discrecional de los responsables políticos la efectividad de las normas jurídicas, aunque se trate de la más odiosa de las leyes que se integran en el ordenamiento español, como es esta del aborto libre. El TC tiene en sus manos suspender cautelarmente la ley y esta polémica sobre la actitud de determinados gobiernos autonómicos del PP ante la ley del aborto distrae de uno de los problemas esenciales que sí se van a plantear a las comunidades autónomas: la objeción de conciencia del personal médico. Esta es una clave de la eficacia futura de la ley y el terreno en el que los gobiernos del PP tienen margen legal y constitucional frente al aborto libre. El Gobierno también es consciente de que el derecho a la objeción es un obstáculo al desarrollo que desea para la nueva ley. Por eso, el Gobierno tiene a la clase médica, mayoritariamente opuesta a cualquier práctica abortista, en su punto de mira y ha colocado trampas para tenerla a disposición como chivo expiatorio; por un lado, obligando a los profesionales médicos a reflejar por escrito su objeción, anticipo de «listas negras»; y por otro, responsabilizando a los médicos de algo tan ajeno a su función como considerar fundadas o infundadas las circunstancias que alegue una menor de 16 o 17 años para no informar a sus padres. Pero la objeción de conciencia es un derecho incondicional, que no puede quedar sometido a formalismo alguno; y, como declaró el TC en la sentencia de 1985, «la objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el art. 16.1 de la Constitución»..jpg)
Madrid, 5 jul (EFE).- La nueva ley del aborto ha entrado hoy en vigor con la resistencia de las comunidades de Murcia y Navarra que han mostrado su rechazo a la norma, mientras que el Gobierno confía en que en todas las autonomías se aplicará "con toda normalidad" y "sin mayores problemas".
Primero la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y poco después el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, han defendido la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo porque, a su entender, está destinada a prevenir embarazos no deseados y reducir el número de abortos.
Ambos, así como el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se han mostrado convencidos de la constitucionalidad de la ley y han subrayado que ésta ofrece más protección tanto a las mujeres como a los profesionales.
Sin embargo, y aunque Aído ha destacado "la lealtad institucional" de las autonomías, Murcia y Navarra ya han anunciado su rechazo a la ley.
El consejero portavoz del Ejecutivo navarro, Alberto Catalán, ha afirmado que la práctica de abortos en Navarra "va a seguir siendo el mismo", es decir, se garantizará las interrupciones voluntarias del embarazo a las mujeres en los supuestos legales, pero las intervenciones se harán fuera de la Comunidad foral, tal y como ha explicado la consejera de Salud, María Kutz.
Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha asegurado que "no hay razones para acatar" la ley del aborto puesto que ésta "todavía no está en su punto y final", debido a que el Tribunal Constitucional (TC) no ha decidido sobre los recursos presentados por el PP y el Gobierno de Navarra.
La portavoz de Política Social del PP, Sandra Moneo, preguntada por las declaraciones de Valcárcel ha explicado que las comunidades que gobiernan los populares "harán el máximo esfuerzo por ofrecer a las mujeres y jóvenes toda la información" que necesiten ante embarazos no previstos.
Estas autonomías no han sido las únicas voces críticas con la ley, la Conferencia Episcopal ha considerado que la norma "impone" en el sistema educativo obligatorio la ideología abortista y de género".
Asimismo, varias asociaciones, encabezadas por el Centro Jurídico Tomás Moro (CJTM) han presentado ante el TC un recurso colectivo de amparo contra la ley del aborto, entre otros motivos, por la "ley de plazos".
"La embriología y la ciencia han avanzado y determinan de manera unánime, sin ningún tipo de discusión, que la vida humana empieza desde la concepción. Si el Constitucional quisiera hacer caso a la ciencia en vez de a ideologías, tendría que decir que, al empezar la vida humana allí (en ese momento), habría que respetarla", ha subrayado el presidente del CJTM, Javier María Pérez Roldán.
Con la reforma de la ley, las mujeres pueden interrumpir su embarazo hasta la semana 14 de gestación sin necesidad de dar explicaciones y hasta la 22 en caso de riesgo para su salud física o psíquica y también por enfermedad grave o malformaciones del feto.
En este sentido, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha estimado que la discapacidad "nunca" puede ser un hecho relevante que permita o determine "tratos desiguales a los derechos" y ha tachado la norma de discriminatoria.
Además, Ginecólogos por el Derecho a Vivir, formado por expertos en la materia de la plataforma ciudadana Derecho a Vivir, ha denunciado que en el primer día de entrada a vigor de la ley no se ha informado a las mujeres de todas las alternativas y ayudas existentes para la maternidad.
Entretanto, la Organización Médica Colegial (OMC) ha vuelto a criticar que la ley otorgue exclusivamente al médico la responsabilidad de decidir si una menor de 18 años puede interrumpir su embarazo sin comunicárselo a sus padres si alegan violencia familiar.
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