El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha reconocido mediante dos sentencias el derecho de objeción de conciencia en "Educación para la ciudadanía", con lo que se aparta así del criterio del Tribunal Supremo sobre esta materia. Las sentencias, de 23 de septiembre y que corresponden a dos recursos planteados en 2008, reconocen en concreto, con un voto particular, el derecho de los padres a objetar y, en consecuencia, a exonerar a sus hijos de cursar las asignaturas conocidas comunmente como Educación para la Ciudadanía, han informado hoy fuentes del TSJCyL. Matiza el Tribunal, en nota informativa, que esta circunstancia se produce sin que la dispensa "pueda tener consecuencia negativa alguna a la hora de promocionar de curso y/o obtener los títulos académicos correspondientes". La resolución judicial, de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL, "sin entrar a valorar intrínsecamente el ideario ofrecido por los demandantes", constata el "conflicto moral e ideológico" que supone para los padres demandantes que sus hijos reciban "una educación contraria a sus creencias religiosas, éticas o morales". La decisión se apoya en la aplicación del artículo 27.3 de la Constitución Española que "garantiza -e impone a los Poderes Públicos- el respeto del derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación conforme a sus convicciones". Entre las razones para reconocer el derecho de objeción, dichas fuentes citan la "intensa carga ética, moral e ideológica de la asignatura discutida", que emplea conceptos "difusos e indeterminados" pero con virtualidad bastante como para propiciar y producir el efecto "indeseable" de incidir en la privacidad e intimidad de los alumnos en fase de formación con arreglo a unos autocalificados "valores éticos comunes". Argumenta también el "confesado propósito de reconstrucción -no de simple construcción- de valores" en orden a la influencia en los comportamientos y actitudes, habilidades y destrezas de los menores -conciencias, sentimientos, relaciones interpersonales y emociones afectivo sexuales-, comportamientos -no conocimientos- que serán objeto de específica evaluación. Menciona también la "indiscutible" seriedad en el planteamiento del conflicto por los recurrentes, "se compartan o no sus íntimas motivaciones". Se refiere a "las significativas reservas y advertencias" del pleno del Tribunal Supremo respecto de proyectos educativos, libros de texto y explicaciones, con "continuas llamadas a la más rigurosa y exquisita objetividad, prudente distanciamiento, neutralidad respecto al pluralismo y exposición critica de la materia". Agrega en este sentido que las advertencias del TS se efectúan "a fin de evitar el deslizamiento hacia el adoctrinamiento, proselitismo o captación de voluntades de los alumnos en relación con cuestiones morales controvertidas sobre las que no exista un generalizado consenso en la sociedad española". El TSJCyL resume que estas razones, no valoradas aisladamente sino en conjunto, son las que llevan al Tribunal a apreciar el "riesgo exorbitante, que los padres no vienen obligados jurídicamente a soportar ni a esperar se cristalice, de invasión, injerencia, o inmisión en la esfera de la privacidad" que les reserva el artículo 27.3 de la Constitución española. Se refiere a la esfera de privacidad en cuanto a la formación "religiosa y moral de sus hijos, lo que les hace acreedores del derecho a que estos se vean dispensados" de cursar la asignatura, sin consecuencias desfavorables para ellos.

El secretario del Colegio de Médicos de Toledo, Juan José García Cruz, aseguró ayer que este organismo defenderá «con uñas y dientes» el derecho a la objeción de conciencia de este colectivo, en el caso de que el Gobierno finalmente decida acabar con este precepto en la Ley de Aborto, que aún está en fase de tramitación. A preguntas de los medios, durante la rueda de prensa que ofreció junto con el presidente del Colegio, Luis Rodríguez Padial, para presentar una jornada, García Cruz dijo que con independencia de que la Organización Medical Colegial (OMC) vaya a recurrir el anteproyecto del aborto «llama la atención que el Gobierno desoiga al Consejo General del Poder Judicial y a los fiscales del Estado, y que el único aval que tenga para sacar adelante esta ley, por el trámite de urgencia, sea el del Consejo de Estado». «Tramitar de forma urgente un dictamen de apoyo para este anteproyecto tiene unas connotaciones importantes pues al hacerlo de esta manera está desoyendo a los jueces que forman parte de ese Consejo de Estado, ya que solo tiene en cuenta el dictamen de la Comisión Permanente, de tal forma que buena parte del Consejo de Estado queda fuera de ese informe», señaló. Objeción de conciencia Al secretario del Colegio de Médicos le «llama también la atención que personas destacadas de ese Consejo de Estado, como Miguel Herrero de Miñón y Landelino Lavilla, que no hace muchos años se opusieron a la ley del aborto cuando se legalizó, ahora avalen la reforma que quiere realizar el Gobierno». Dicho esto García Cruz hizo un llamamiento a jueces y fiscales para recordarles «que el no nacido es un bien jurídicos y como tal hay que defenderlo, y son los jueces y los fiscales los que tienen que defender la vida, porque este derecho está reconocido en el artículo 15 de la Constitución». «Como médicos estamos a favor de la vida y a la objeción de conciencia, y eso no quiere decir que desde el Colegio de Médicos de Toledo vayamos a transgredir la ley, pero entendemos que se tiene que respetar la objeción de conciencia, porque hay compañeros que no están a favor del aborto», matizó. Recordó que «el presidente de la OMC dijo textualmente, y este colegio se hace eco de esas palabras, que íbamos a defender con uñas y dientes la objeción de conciencia por las buenas o por las malas». Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos, que señaló que en un breve periodo de tiempo se renovará la Comisión de Etica y Deontología Médica «que nos asesorará en ese sentido», afirmó estar en contra del aborto como médico, «pero como presidente represento a un colectivo en el que caben todas las posiciones, y nos tendremos que ajustar a la legislación». Jornadas Por otra parte, Rodríguez Padial anunció ayer que el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, participará en la jornada «Colegio de Médicos, Sociedad y Administración, un solo objetivo: el paciente» que se celebrará el 2 de octubre en Toledo. Este encuentro, que contará con la presencia del consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, tiene como objetivo «escuchar aquello que tanto la sociedad como la administración quiere sugerirnos para un mejor funcionamiento del sistema sanitario.

La Asociación del Defensor del Paciente, presidida por Carmen Flores, ha recordado recientemente a la Ministra de Sanidad del peligro que supone para la salud de las mujeres de "una toma frecuente de la pdd, que se acerecienta en el caso de menores que no son conscientes de los efectos adversos que esta píldora tiene por ejemplo: náuseas y vómitos, mareos, dolores de cabeza y abdominales y sensibilidad en las mamas. Y normalmente retrasa o adelante el comienzo de la siguiente menstruación estos son los más leves. Además, "Si al tomar la píldora del día después se vomita dentro de las tres horas siguientes a la toma de cualquiera de los dos comprimidos, debe tomar otro inmediatamente. Este fármaco, esta desaconsejado en las mujeres que no pueden tomar anticonceptivos orales también está contraindicado con problemas vasculares y otras enfermedades que son incompatibles con estos productos ¿si no han ido al médico como lo saben?" La píldora "desordena el comportamiento natural de los ovarios de forma temporal y al ciclo siguiente se ajusta nuevamente pero si esta se toma con frecuencia puede incidir negativamente en su salud y al tomarla de forma habitual, se alteran otras hormonas diferentes a las de la ovulación y haya, por ejemplo, ausencia de periodo menstrual, crecimiento inadecuado del endometrio o problemas en el sistema óseo. No es al 100% segura ya que si el sangrado menstrual no comienza dentro de las tres semanas después de haber tomado la píldora de emergencia, existe la posibilidad de que esté embarazada. Según un nuevo estudio, las mujeres que usen la píldora postcoital más de una vez al mes tienen un mayor riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares por las altas dosis de progesterona que contiene este anticonceptivo, por tanto al venderse sin control y sin receta ¿a cuántas les incidirá gravemente en su salud?". En mujeres diabéticas, con hipercolesteremia, obesidad o si es fumadora, o tiene antecedentes de enfermedades cardiovasculares, tendencia familiar a formar coágulos de sangre, está en riesgo de sufrir las complicaciones antes apuntadas. Por eso, abusar de este tratamiento de emergencia sería todavía más peligroso. ¿No se lo están poniendo en bandeja que esto pueda pasar? Otros efectos secundarios que se han registrado en los ensayos clínicos van desde trastornos en el aparato reproductor y las mamas, hasta la aparición de trastornos gastrointestinales y generales. Aumenta el riesgo de embarazo ectópico en mujeres con mujeres obesas, patologías hepáticas, hipocolesterolemia, diabetes o enfermedades cardiovasculares, que hayan tomado la píldora". Denuncian, finalmente, "que no se advierta públicamente de que uno de los riesgos del que no se habla es que no evita el embarazo, pues su eficacia no es del 100%, sólo es de un 85%, variando además según el tiempo que haya transcurrido desde la relación de riesgo".

Diario Médico 20 de mayo de 2009

La venta de la píldora del día después (pdd) sin receta, anunciada por Sanidad, puede producir
efectos perniciosos en las usuarias, dadas las contraindicaciones advertidas por los laboratorios.
Dolores Voltas, Médico endocrinólogo y bioeticista. - Miércoles, 20 de Mayo de 2009 -

La autora hace también hincapié en la falta de estudios y ensayos controlados que demuestren con
garantía cómo actúa el principio activo.

Si se expenden sin receta las llamadas píldoras del día siguiente, ¿quién se hará responsable de los
efectos perniciosos que puedan acarrear?
A pesar de la contracepción poscoital se dan casos de fecundación, y si los hay es porque algo los hace fracasar. ¿Alteraciones en la motilidad de las trompas? ¿Cambios en el endometrio?
El laboratorio ha advertido de ellos; el médico queda al margen: ni participa ni es consultado. ¿Quién lo hará? ¿El farmacéutico? ¿El Gobierno, la consejería que ha autorizado la dispensación sin receta médica? ¿Lo han pensado seriamente?
Tanto en las referencias del principio activo levonorgestrel, explicitadas por los laboratorios que lo comercializan, como en la guía de prescripción terapéutica de 2006 del Ministerio de Sanidad y Consumo, se señalan una serie de contraindicaciones, precauciones y efectos adversos que, en una cultura de consentimiento informado, alguien deberá explicar a las usuarias.
En la ficha técnica de NorLevo, proporcionada por la Agencia Española de Medicamentos, autorizada el 26 de abril de 2006, se enumeran las reacciones adversas registradas en dos ensayos clínicos (Contraception 2002; 66: 269-273, y Lancet 2002, 360: 1803-10): alteraciones de la menstruación, aumento de la sensibilidad mamaria, cefaleas, mareos, dolor en hipogastrio, náuseas, diarrea, vómitos, sensación de fatiga, alteraciones cutáneas. Solas o asociadas, suelen darse en más del 10 por ciento de las usuarias. No parecen ser graves, pero sí alarmantes y necesitadas de consulta médica.
Mecanismo de acción
El mecanismo de acción preciso de los contraceptivos de emergencia no es suficientemente conocido. Se supone, -"se piensa", dice la ficha técnica de los laboratorios que los fabrican- que actúan como anovulatorios: es decir, evitan la ovulación e impiden la fecundación del óvulo si una relación sexual tiene lugar en la fase preovulatoria.
Esa suposición no tiene en cuenta que la ovulación es un proceso, sucede en el tiempo, de tal modo que, sobrepasada una cierta fase evolutiva de maduración del folículo ya no hay marcha atrás posible. No cabe inhibir la ovulación inminente. Los mecanismos hormonales no son de efecto instantáneo. La contracepción hormonal actúa a través de un mecanismo complejo.
Necesita horas, bastantes, para hacerse efectiva: un nivel suficiente de contraceptivo ha de inducir a la hipófisis a frenar la máquina que tiene en marcha, dejando de producir y de secretar hormona luteinizante; sólo después el ovario se entera de que ha de suspender la maduración folicular. Además, las hormonas que están en sangre o actuando en los órganos efectores siguen activas durante horas hasta que se consumen.
No basta, por ejemplo, decir sin más que, ingerida la píldora, cambia la textura del moco cervical, de modo que imposibilita el ascenso de los espermatozoides al útero. Ese efecto tarda 24 horas en establecerse: las células de las glándulas del endocérvix han de cambiar su maquinaria molecular, echar fuera el moco fluido que acaban de producir, sintetizar el
moco denso, y segregarlo hasta que se acumule el tapón de moco impermeable a los espermatozoides. Pero la píldora es poscoital: cuando se ingiere, los espermatozoides ya llevan horas o días en el útero y en la trompa.
A pesar de la contracepción poscoital, nadie lo niega, se dan casos de fecundación. Y si los hay y no siguen adelante, algo los hace fracasar. ¿Alteraciones en la motilidad de las trompas? ¿Cambios en el endometrio que impiden la implantación del blastocisto? No hay estudios basados en pruebas, ni ensayos controlados ni revisiones estructuradas que demuestren con garantía cuál es el mecanismo de acción del efecto neto del levonorgestrel.
No hay pruebas, sólo palabras. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, junto con otros organismos, publicó el pasado octubre una declaración que, bajo apariencia de información científica, es un anuncio promocional del levonorgestrel como contraceptivo de emergencia.
Habla de evidencias, pero se apoya en datos provisionales y estadísticamente débiles. Si se estudia la declaración, se descubren notables discrepancias entre lo que ella atribuye a los trabajos que cita en su apoyo y lo que esos trabajos en realidad dicen. Baste un ejemplo.
De estudio piloto a declaración
Para convencernos de que el levonorgestrel carece de efecto anti-implantatorio, la declaración invoca
un ensayo en el que "se observaron embarazos sólo en aquellas mujeres que tomaron el
levonorgestrel después de la ovulación o el mismo día que ésta". El dato, a juicio de los autores, "confirma que la píldora contraceptiva de emergencia no impide la implantación". Dicha la cosa así parece convincente.Pero, ¿estamos ante un dato fuerte sobre el que basar decisiones responsables? Cuando se examina el artículo citado (Novikova N, Weisberg E, Stanczyk FZ, Croxatto HB, Fraser IS."Effectiveness of levonorgestrel emergency contraception given before or after ovulation - a pilot
study". Contraception 2007: 75: 112-118), nos sorprende estar ante un mero estudio piloto. Los autores consideran, honradamente, que sus conclusiones son provisionales y advierten que será preciso "obtener datos más exactos tanto sobre la eficacia como sobre el modo de acción del contraceptivo.
Se necesitan estudios más extensos [...] y en un número de mujeres mucho más elevado. El pequeño número de participantes en nuestro estudio no nos permite hacer una afirmación definitiva sobre el hipotético efecto posfecundación del contraceptivo de emergencia".
En una declaración que se propone orientar a los médicos y educar al público no parece de recibo incluir, sin advertirlo, datos prematuros, estadísticamente endebles.Es conducta impropia de las entidades que la han publicado. De hecho, esas organizaciones, entre ellas la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, no tienen en este área una visión
independiente y crítica.
A pesar de la contracepción poscoital se dan casos de fecundación, y si los hay es porque algo los hace fracasar. ¿Alteraciones en la motilidad de las trompas? ¿Cambios en el endometrio?

Le honra a la vicepresidenta Fernández de la Vega que ayer reconociera, en el programa de Nacho Villa de la Cope,  que «la sociedad está fracturada, casi al 50%» ante la ley del aborto. Es un buen principio admitir lo evidente, porque la vicepresidenta tampoco ignora que dentro de esa amplia oposición hay muchos votantes socialistas. Sin embargo, no es suficiente con aceptar públicamente esta realidad, que ya ha sido expresada en numerosas ocasiones por la ciudadanía. Lo que procede es poner remedio a esa grave  fractura. Para ello, el Gobierno debería paralizar la tramitación de la ley y abrir un período de reflexión y de debate real, no ficticio, como el de Bibiana Aído. No es responsable seguir adelante con una iniciativa que divide en dos a la ciudadanía y que sólo es impulsada para agradar a la izquierda y a las feministas radicales. El Gobierno tiene que optar entre satisfacer a una pequeña parte o atender al interés general.

La asociación E-Cristians recurrirá a la medida y pide la suspensión cautelar

Portada nº 246 del semanario ALBA y foto Flickr.

¿Quién será el último responsable si la niña o la mujer sufren hemorragias tras la ingesta de la PDD? Cientos de farmacéuticos se oponen a esta medida. Alegan objeción de ciencia (diferente a la de conciencia) porque su profesionalidad queda ninguneada y porque la ciencia exige conocer las circunstancias concretas de la mujer que la solicita. Con esta medida, se convierten en puras máquinas expendedoras. “Y ¿por qué no se dispensan entonces en los quioscos?”, sugieren diferentes asociaciones de farmacéuticos. Se preguntan también por qué numerosos medicamentos necesitan receta médica, incluso la píldora anticonceptiva, mientras que la PDD no, cuando es imprescindible un control y seguimiento riguroso de la usuaria antes de adquirirla. Para muchos, es una medida ideológica.

Otra incongruencia. Se permite la venta de la PDD a niñas de 12 años, cuando la edad legal de consentimiento sexual en España está en los 13, según el Código Penal. Si una niña de 12 años pide la píldora, los farmacéuticos deberían ponerlo en conocimiento de la Fiscalía de Menores, porque estarían ante un indicio de delito.

“Si la inspección farmacéutica averigua que hemos vendido Ibuprofeno 600 miligramos sin receta, nos pueden sancionar con una multa de 30.000 a 90.000 euros. Es un contrasentido”, afirma a ALBA Esther Fonseca, presidenta de la Asociación de Farmacéuticos Católicos y vicepresidente de la Federación Internacional.

Fonseca considera que esta medida les obliga a dispensar un fármaco en contra de su responsabilidad. “La función del farmacéutico es la de proteger la salud y fomentar un uso racional de los medicamentos. En Francia y Reino Unido, donde se dispensa sin receta, existe ya jurisprudencia, denuncias de las usuarias por efectos secundarios, que han llegado al Alto Tribunal”, recuerda.¿Y si le ocurre algo a la niña?

La pregunta está servida, pero sin respuesta segura. Esta iniciativa se ha tomado sin legislación adecuada. Existe un vacío legal. ¿A quién piden responsabilidades los padres si su hija, por ejemplo, sufre un sangrado vaginal tras tomarse la PDD? Para Esther Fonseca, en teoría el farmacéutico es el último responsable. Sin embargo, no está desarrollado el reglamento legal ni el protocolo de actuación por parte del farmacéutico. “Nos hemos enterado por los medios de comunicación de la forma de dispensarla. Es inaudito”, señala.

Medida ideológica, no sanitaria

Para José Antonio Díez, abogado y coordinador general de la Asociación para la Defensa de la Objeción de Conciencia (ANDOC), no está claro quién es el último responsable, si el Estado, el farmacéutico o la usuaria. “Es una medida chapucera que lleva a pensar que se ha tomado por razones ideológicas”, señala a ALBA.

Mientras, el abogado penalista Jesús Silva, considera que los padres podrían demandar a la Administración del Estado. “Si es el Gobierno quien obliga al farmacéutico a dispensar la píldora, la Administración es la responsable máxima”, asegura. E insiste en que esta medida se ha iniciado en medio de un vacío legal y dejando al farmacéutico desprotegido. “También podrían denunciar al farmacéutico si les sienta mal la PDD”.

Otra cuestión en el aire es si podrán ser sancionados en caso de negarse. “En teoría sí, aunque en la práctica no ha habido sanciones”, explica Díez. En 2001, cuando comenzó a dispensarse la PDD de forma gratuita con receta médica, la Junta de Andalucía calificó esta píldora como medicamento de tenencia obligatoria -los que las farmacias deben tener siempre para combatir graves enfermedades, como por ejemplo, los infartos-. Pero algunos farmacéuticos recurrieron esta normativa, alegando razones de conciencia y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía les dio la razón. “Esta jurisprudencia nos exime de tenerla de forma obligada. En estos ocho años, en Andalucía no ha habido ninguna sanción. Pero dependemos de la voluntad política“, apunta Díez.

La futura 'Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la persona en el proceso de la muerte' en riesgo

El organismo asesor pide que se regule 'ad hoc' la objeción de conciencia para garantizar que no interfiere en la decisión de la mujer de interrumpir la gestación.

colpisa Fecha de publicación: 7/10/2009

Comité de Bioética y deber de asistencia

“No dejes hacer a otros lo que no desearías que te hicieran a ti” es la expresión de un deber de asistencia, que vale también para

Victoria Camps, presidenta del Comité de Bioética Español

EDUCACIÓN | Suscriben públicamente la 'Declaración de Madrid'

300 profesores universitarios de Granada se adhieren al manifiesto contra el aborto

El decano de Medicina dirigiéndose a los presentes. | Jesús G. Hinchado

elmundo.es | Granada

Unos 300 profesores de la Universidad de Granada (UGR) se han adherido en un acto público al denominado 'Manifiesto de los mil contra el aborto', que en su día promovieron docentes de toda España, en "defensa" de la vida humana "en su etapa embrionaria y fetal" y como "rechazo" a la "instrumentalización" del asunto.

El acto, celebrado en el aula magna de la Facultad de Medicina, ha estado presidido por su decano, Indalecio Sánchez-Montesinos, que ha estado acompañado por Manuel Gurpegui Fernández de Legaria (profesor titular del área de Psiquiatría y Psicología Médica), Francisco Abadía Fenoll (catedrático emérito de Biología Celular), Torcuato Recover Balboa (abogado), Armando Segura Naya (catedrático emérito del Área de Filosofía) y María de los Ángeles Martínez Pérez (profesora asociada de Ciencias de la Salud).

Cristina Rojas Montes (profesora asociada del área de Psiquiatría) ha sido la encargada de dar lectura al manifiesto de adhesión, en el que el grupo de académicos granadinos ha plasmado su consideración de que "existe sobrada evidencia científica de que la vida empieza con la fecundación" y que "el cigoto es la primera realidad del ser humano".

Asimismo, señalan que el cigoto "es la primera realidad del ser humano", y que "el embrión y feto son de as primeras fases del continuo desarrollo de un nuevo ser humano, y dentro del claustro materno no forman parte de su sustantividad ni de ningún órgano de la madre".

"Un aborto provocado, más que la interrupción voluntaria de un embarazo, es sencillamente un acto cruel que destruye una vida humana. El aborto es un drama con dos víctimas: una que muere y la otra que, aunque sobrevive, sufre a diario las consecuencias de una decisión dramática e irreparable. Quien aborta es siempre la madre y quien sufre las consecuencias también", mantuvieron los docentes.

Antes de proceder a la lectura del manifiesto, el decano de Medicina ha manifestado su postura ante el aborto y ha afirmado con contundencia que, como médico, siempre ha estado a favor de la vida. Tras esta brevísima introducción, ha dado paso a la lectura del manifiesto. Este documento refleja los pensamientos de numerosos investigadores, académicos e intelectuales expertos y expone, desde una óptica completamente científica, el rechazo a la instrumentalización que existe del aborto.