Ginecólogos por el Derecho a Vivir, contra nueva ley del aborto

Pronunciamiento tras la aprobación de la ley del aborto en España.

MADRID, miércoles 3 de marzo de 2010 (ZENIT.org) La plataforma Ginecólogos por el Derecho a Vivir ha manifestado su tristeza, preocupación e indignación por la ley de Aborto que fue aprobada el pasado miércoles 24 de febrero en España.

La llamada ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo permitirá que cualquier mujer en este país pueda abortar en primeras 14 semanas de gestación y que las menores de edad puedan “interrumpir su embarazo” al menos con el consentimiento de uno de los dos padres.

Ginecólogos por el Derecho a Vivir asegura, en un comunicado enviado a ZENIT, que esta ley “supone un gravísimo atentando contra la milenaria tradición ética y deontológica de la profesión médica”.

La plataforma asegura que con esta medida, el colectivo profesional “es violentamente atacado” y dicen que pervierte “su función social como garante y custodio de la salud de las mujeres y de sus hijos mientras viven en sus vientres, al convertirlos en verdugos y limitar su legítimo derecho a la objeción de conciencia y su condición de agentes morales autónomos”.

Advierte que el aborto intencionado “daña profundamente la salud de la mujer; tanto la mental, como la sexual y la reproductiva”.

“El aborto es un drama para la mujer”, recordaron los médicos. “La única salida ética es tratar de evitar el drama. Lo cual se consigue facilitando y reforzando positivamente a la mujer para aceptar su maternidad desde el momento en que queda embarazada, sea o no de manera planificada”, dice el comunicado.

La asociación alega que la ideología de género no puede ser impuesta de manera forzosa a los médicos que no creen en ella, y que cuando esto ocurre “supone una imposición totalitaria impropia de un Gobierno que pretende ser democrático”.

Dicha ideología es la base para la creación de la ley recientemente aprobada, la cual “no sólo contribuirá a aumentar el número de embarazos no planificados, especialmente en las jóvenes, sino que aumentará el drama del aborto y la violencia contra la mujer y se convertirá en un auténtico problema de salud pública”.

También advirtieron los riesgos del diagnóstico prenatal “que discrimina a las personas por motivos de salud”

Esta plataforma de profesionales hizo un llamamamiento para que el síndrome postaborto “sea considerado una enfermedad profesional y sea contemplado en los programas de prevención de riesgos laborales”.

“Lucharemos activamente con todos los medios legítimos a nuestro alcance para que se respete nuestra libertad de conciencia, nuestra autonomía moral, los principios deontológicos de nuestra noble profesión, la verdadera salud de la mujer y el derecho a nacer y a vivir de nuestros pequeños pacientes”, dice el comunicado.

“Seguiremos ayudando de un modo real y cercano a cada mujer que se plantee terminar con su embarazo ofreciendo alternativas que le permita afrontar poder seguir adelante”, aseguran los ginecólogos.

El comunicado concluye con una invitación a todos los ginecólogos y miembros del personal sanitario “a la resistencia activa y pasiva para que no nos conviertan en cooperantes necesarios en ninguno de los momentos que abarca el procedimiento de la interrupción homicida de la gestación”.

El 80% de los usuarios del portal SATSE (Sindicato de Enfermería) considera que la nueva ley del aborto debe reconocer el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia:

Con motivo de la reforma de la Ley del Aborto el pasado mes de diciembre, el Sindicato de Enfermería ha querido conocer la opinión de los usuarios de la página web, a través del canal de encuestas, sobre si consideran adecuado que en la nueva ley se reconozca el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales enfermeros que participen directamente en la intervención. De los 575 votos registrados en las últimas semanas, el 80% considera que sí debe reconocerse este derecho, frente a un 16,5 que opina que no y un 3,5 que optó por la respuesta “no sabe / no contesta”.

La nueva ley del aborto se aprobó en el Congreso el pasado 17 de diciembre con el apoyo de 184 diputados y aquí ya incorporaba el reconocimiento de la objeción de conciencia para el personal sanitario. Una vez incorporadas las enmiendas consensuadas y pactadas por los partidos políticos, la ley se presentará en el Senado; si éste da el visto bueno la ley volverá al congreso que tendrá que aprobarla definitivamente para su publicación en BOE y entrada en vigor.

Por otra parte, teniendo en cuenta que el asunto del turismo sanitario va a constituir uno de los principales debates durante la presidencia española de la UE en el primer semestre de 2010, SATSE ha publicado una nueva encuesta en el portal en la que se cuestiona a los usuarios sobre si consideran que la afluencia de turistas que recibe España para utilizar los servicios sanitarios afecta a la atención sanitaria.

 

Demandan a hospital de NY por obligar a enfermera católica a participar en aborto

> NUEVA YORK, 24 Jul. 09 / 06:42 am (ACI)

 

 

> La organización Alliance Defense Fund (ADF) presentó una demanda contra el hospital Mount Sinai de Nueva York por obligar con amenazas legales a una enfermera católica a participar en un aborto, contra sus propias convicciones morales.
> La enfermera Catherina Cenzon-DeCarlo recibió la orden de asistir el aborto de una mujer de 22 semanas de embarazo. El hospital sabía que la enfermera no participaba en aborto por objeción de conciencia desde que la contrató en el año 2004.
> Cenzon-DeCarlo recordó a sus supervisores que no podía participar del procedimiento, pero le dijeron que si no lo hacía sería acusada de "insubordinación y abandono del paciente" que podría resultar en una acción disciplinaria y la posible pérdida de su trabajo y su licencia de enfermera.
> La ADF ha demandado a Mount Sinai por violar el derecho a la objeción de conciencia de la enfemera.

Objeción de conciencia al aborto: un tema de ciencia más que de conciencia

 

Las farmacias exigen un protocolo para vender la píldora poscoital

Los farmacéuticos de Valencia exigieron ayer a la Conselleria de Sanidad que habilite un protocolo de actuación para dispensar la píldora del día siguiente cuando entre en vigor la norma que permita vender el fármaco sin necesidad de receta. La reivindicación, manifestada ayer por el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, Javier Climent, y por el presidente de la Asociación Empresarial de Farmacéuticos de Valencia (Farval), Emilio Monte, pretende dar respuesta al cambio de modelo en ciernes. "Hasta ahora -resume Monte- el farmacéutico era un sujeto pasivo en el proceso para dispensar la píldora. Pero dentro de poco el médico dejará de intervenir en él y las jóvenes irán directamente de la discoteca a la farmacia a por la píldora, y será el farmacéutico quien va a enfrentarse al problema". El objetivo del protocolo sería "hacer pedagogía" desde las farmacias y "aconsejar" a las jóvenes en el uso de la píldora poscoital. "Hay que explicarles que la píldora es un recurso de emergencia, que hay que usarla antes de que pasen 24 horas para que tenga una efectividad del 95%, o que puede tener algún efecto secundario"., agregó Emilio Monte. Sin objeción de conciencia El referente al que alude el presidente de las boticas valencianas es el protocolo de actuación aprobado en Cataluña por ser "un modelo a imitar". Sin embargo, Emilio Monte no apunta la posibilidad de incluir en el protocolo valenciano el derecho de objeción de conciencia para los profesionales que rechacen dispensar la píldora del día siguiente, la polémica cláusula presente en el protocolo catalán. Por su parte, el presidente del colegio farmacéutico afirma: "Esa objeción de conciencia ya está reconocida en la Constitución. Lo que no sé es si hace falta reforzar ese principio en este momento y para este caso". El responsable de Farval -que agrupa a unas 300 farmacias de la provincia de Valencia- insiste en que se trata de un asunto que "la conselleria ha de consensuar con los colegios farmacéuticos y las asociaciones empresariales". Farval tiene previsto celebrar en breve una reunión con el director general de Farmacia y Productos Sanitarios para tratar esta cuestión.

El derecho a la objeción de conciencia existe antes que la ley

Afirma Rafael Navarro Valls en un congreso de juristas católicos MADRID, lunes 21 de septiembre de 2009 (ZENIT.org).- Cualquier persona puede recurrir a la objeción de conciencia aunque no haya una ley que específicamente la reconozca, afirmó el catedrático de Derecho Eclesiástico y académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Rafael Navarro Valls. Su intervención tuvo lugar este sábado en el I Congreso de Juristas Católicos organizado por la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU. El congreso se ha celebrado este viernes y este sábado en la Universidad San Pablo-CEU de Madrid en torno al tema "Derecho y Moral", informó el servicio de prensa de dicha universidad. Navarro Valls ofreció su exposición basada en la defensa del derecho a la objeción de conciencia a partir del debate que en estos momentos tiene lugar en España. "Se le ha metido en la cabeza a alguna sala de Tribunal Supremo que para que una objeción de conciencia sea efectiva es necesario que haya una ley que expresamente la reconozca", afirmó. También trató otras cuestiones, como la nueva ley sobre el aborto que el Gobierno prepara, y que calificó como "anticonstitucional". Para el jurista, el proyecto de ley sobre el aborto del Gobierno socialista quiebra el principio de que la vida del nasciturus es algo merecedor de tutela, consagrado por una sentencia del Tribunal Constitucional del año 1985. Navarro Valls opinó que, en el proyecto del Gobierno, el aborto no se presenta como un conflicto de intereses, sino "como la imposición de una voluntad". El catedrático también afirmó que si efectivamente el Gobierno tratara de defender la voluntad de la embarazada, sería necesario que, además de la posibilidad de abortar, las autoridades públicas ofrecieran una serie de prestaciones que ayudaran a la mujer a completar su proceso de gestación. Con estas ayudas, que podrían canalizarse a través de la Seguridad Social, dijo, "el legislador demostraría que su intención no es masacrar miles de fetos al año, sino cumplir realmente con la voluntad de la madre". Sobre este proyecto de ley, el abogado del Estado Jesús Trillo-Figueroa afirmó el viernes en el mismo congreso que en él, el principio de generalidad de la ley se ve sustituido por "la ley de que lo que vale es lo que apetezca". "Sobre ello se construye la aberración de decir que se tiene derecho a un hijo -advirtió-. ¿Acaso un hijo puede ser objeto de derecho?" El abogado alertó que "se está imponiendo en España de manera inadvertida a través del Derecho". En este sentido, apuntó no sólo a la última ley sobre el aborto y a otras como la que regula el "matrimonio" homosexual, sino también a la jurisprudencia manada en los últimos años del Tribunal Constitucional. Para Trillo-Figueroa, ésta última resulta "la más inquietante" y, de seguir en la misma línea, podría "cambiar las cosas de verdad". La primera edición del Congreso de Juristas Católicos ha buscado agrupar a los juristas católicos para poner en común sus inquietudes y crear foros de debate que favorezcan la discusión, explicaron los organizadores en la clausura. Entre las conclusiones del encuentro, destacaron el rechazo de la visión laicista del mundo actual, que pretende confinar la religión al ámbito individual; las implicaciones en la concepción del ser humano; la reivindicación del valor de una antropología metafísica; y la importancia del valor de la familia, el matrimonio, la paternidad y la maternidad.

Juristas piden un cambio legal que aclare la dispensación a menores

Dentro de los ajustes que se proponen destaca la modificación de la Ley de Autonomía del Paciente, que, según explican, no contempla actualmente esta cuestión. "Al igual que el caso de los médicos está bien regulada la actuación en la intervención a menores de edad, es necesario que el farmacéutico también tenga bien definido su marco de actuación ante este tipo de paciente", señala a CF la jurista Margot Subirats. En la misma línea incide el abogado Fernando Abellán, quien señala: "Es clave que se produzca esa adaptación o ese cambio en la norma para poder respaldar verdaderamente al farmacéutico". El consejo lo contempla Además del mensaje que lanzan los juristas, el propio Consejo General de COF ha finalizado ya su protocolo de actuación profesional (ver información de la derecha) en el que queda recogido ese vacío legal: "Esta Ley [refiriéndose a la de Autonomía del Paciente], entre otras cuestiones regula, en el artículo 8, el consentimiento informado que, por regla general, deberá ser verbal, según determina su apartado 2; y en el artículo 9 los límites del consentimiento informado y el consentimiento por representación". Con esto el Consejo busca advertir que la actual norma contempla que no cabe otorgar el consentimiento por representación cuando el paciente menor de edad sea capaz "intelectual y emocionalmente de comprender el alcance" de la intervención, criterio que, en principio quedaría en manos del farmacéutico. Ante este escenario, el jurista Rafael Ariño señala que una "posible salvaguarda" para el farmacéutico ante la duda de dar un fármaco a un menor podría ser la indicación expresa que reza en el prospecto: "Mantener fuera del alcance de los niños". Sin embargo, comparte que hace falta adaptar la norma. Ariño recuerda que la Ley de Garantías no recoge explícitamente la dispensación de medicamentos a menores y que una de las escasas alusiones a este asunto figura en la antigua Ley 12/2000 de Ordenación Farmacéutica de Navarra -modificada el pasado año-, que en su artículo 11 contempla que los profesionales implicados en la atención farmacéutica tendrán entre sus obligaciones "vigilar especialmente la entrega de medicamentos a menores de edad". Mariano Avilés, presidente de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico, también lanza un mensaje: "Lo que debe hacer la Administración es equiparar las edades para todos los ámbitos de la vida. No tiene mucho sentido que un menor de edad no pueda fumar ni conducir, pero sí decidir si abortar o no. O bajamos la mayoría de edad o subimos la edad para ciertas autorizaciones". Los consejos del consejo Protocolo de actuación del farmacéutico ante la dispensación de la pdd del Consejo General de COF: -Recuerda que, según la Ley de Autonomía del Paciente, el consentimiento informado debe ser verbal y que existen límites al consentimiento por representación. -Reconoce el papel profesional del boticario ante el cambio y matiza que "el personal técnico de la oficina de farmacia derivará a un farmacéutico siempre que le sea solicitada una consulta de indicación farmacéutica ante la concepción de emergencia". -Recoge que la dispensación activa desde la botica esté fundamentada en tres puntos: facilitar el acceso al fármaco, entregar la información impresa y proporcionar información si es demandada sobre el texto impreso. El protocolo del Consejo apela al papel del farmacéutico y a su capacidad para indicar Como recogió la semana pasada CF, la dispensación de la píldora del día después (pdd) sólo requerirá de dispensación activa por parte del farmacéutico y de la entrega de un tríptico informativo a la paciente. En esta línea, el Consejo General de COF ha elaborado un protocolo muy básico de actuación profesional, al que ha tenido acceso CF y que ya ha sido distribuido a los COF, en el que se recogen indicaciones sobre cómo debe ser esa dispensación activa. Entre las pautas que da el texto destaca que esa dispensación activa debe fundamentarse en "facilitar el acceso al anticonceptivo de urgencia", "entregar la información impresa" y "proporcionar información, en caso de ser demandada, sobre los temas incluidos en la documentación impresa". También recuerda que, según la Ley de Autonomía del Paciente, "el consentimiento informado debe ser verbal" y destaca el papel del boticario: "El personal técnico derivará al farmacéutico siempre que le sea indicada una consulta de indicación farmacéutica". Otro protocolo más concreto que también recogió este periódico es el elaborado en Cataluña por COF y Sanidad y que, según ha podido saber CF, será suavizado y no recogerá muchas de las pautas de control que se pedían. De hecho, fuentes del Consejo catalán apuntan que la idea inicial de este protocolo "era equiparar la tarea que se venía haciendo en los centros de planificación a la que se va a hacer ahora en la botica, y no el llevar un control excesivo desde la farmacia". La industria, lista a la espera de que Sanidad dé 'luz verde' Los dos laboratorios que comercializan en España la píldora del día después (pdd), Chiesi (Norlevo) y Bayer Schering (Postinor), ya ultiman los detalles y afirman estar preparados y a la espera de que Sanidad dé luz verde al cambio de estatus del medicamento. "Los principales cambios que hemos tenido que hacer están en el cartonaje y en el prospecto. En el primero, una vez entre la medida, se suprimirá el circulo del ángulo superior derecho que indica que es de prescripción, y en el segundo se nos ha pedido un poco más de amplitud en la información que va destinada a la usuaria para que sepa cómo funciona el fármaco y cómo debe utilizarlo", explica a CF Carmen Basolas, directora de Relaciones Institucionales, Registros y Comunicación de Chiesi. Añade que, por el momento, no han incrementado su producción a la espera de ver cómo responde el cambio, y matiza que mantienen el acuerdo que tienen con regiones como Baleares o Cataluña, que seguirán dándola gratuitamente en sus centros. Desde Bayer Schering coinciden en que también tienen "a punto" todas aquellas medidas que han sido exigidas desde el Ministerio para llevar a cabo este cambio de estatus.

El supuesto derecho al aborto amenaza, pero no suprime, la conciencia de los médicos. Reportaje en Alfa y Omega

(María Martínez López, 10 de septiembre de 2009) La objeción prevaleceEn pleno calor de agosto, diversos dirigentes socialistas, encabezados por el ministro de Justicia, encendieron los ánimos con diversas declaraciones que dejaban ver una mentalidad bastante restrictiva hacia la objeción de conciencia frente al aborto. El sector médico, entre otros, recuerda que, incluso definiendo el aborto como derecho, la objeción es un derecho fundamental y, por tanto, superior Ésta es la opinión que, según sus propias palabras el pasado agosto, le merece la objeción de conciencia ante el aborto al ministro de Justicia, don Francisco Caamaño: «En nuestro país no hay más objeción de conciencia que aquella que está expresamente establecida en la Constitución o por el legislador en las Cortes Generales. Todos estamos sometidos a la ley. Las ideas personales no pueden excusarnos del cumplimiento de la ley porque, si no, nos llevaría, en este tema y en otros, a la desobediencia civil». Ante la indignada respuesta del sector médico, el Ministerio rectificó, pero otros líderes socialistas tomaron el relevo. Ahora que va pasando el calor del verano, los más clementes, como don Rafael Navarro Valls, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, o don Juan José Rodríguez Sendín, Presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), hacen referencia a un lapsus del ministro. Don José Luis Requero, magistrado de la Audiencia Nacional, aunque reconoce que puede parecer una amenaza velada, un globo sonda, o una «muestra del caos y las contradicciones» del Gobierno, opina que «no debería estar en el ánimo de un gobernante sensato enfrentarse a todo un sector». Sin embargo, el profesor Navarro Valls no descarta un caso de ignorancia sobre lo que supone la objeción de conciencia: «No es una ilegalidad más o menos consentida, sino la manifestación de ese derecho fundamental que es la estrella polar de las democracias: la libertad de conciencia». Ésta está recogida en el artículo 16.1 de la Constitución, y el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 53/85, sobre la ley del aborto, afirmaba que «la objeción de conciencia forma parte del contenido de ese derecho fundamental» y «puede ser ejercida con independencia de que se haya dictado o no» una regulación. Un deber legal frente a un derecho constitucional Al contrario de lo que parecen indicar las declaraciones del ministro, sólo cuando una ley recoge un deber determinado -explica don David Ortega, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos- se justifica la objeción. Eso sí, los deberes pueden ser de distintos rangos, según la norma que los dicte. El servicio militar, por ejemplo, era un deber constitucional, y por eso la objeción es la única reconocida en la Constitución (art. 30.2). Hasta ahora, la prestación del aborto era un deber reglamentario -era un Real Decreto de 1986 el que lo recogía como prestación sanitaria dentro de los supuestos-. El nuevo Anteproyecto de ley plantea el derecho al aborto, incluido el libre en las 14 primeras semanas, con lo que el deber de practicarlo se convierte en legal. Sin embargo, el derecho a la objeción de conciencia sigue prevaleciendo. Además, la aplicación directa del artículo 16.1 de la Constitución está reforzada por la legislación internacional. Como explica don José Antonio Díez, de la Asociación Nacional por la Defensa de la Objeción de Conciencia (ANDOC), «la libertad de conciencia está reconocida en todas las declaraciones internacionales. Además, en algunos casos, como la Carta de Derechos Fundamentales del Tratado de Niza, está vinculada a la objeción de conciencia; y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, interpretando el artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, ha reconocido que la objeción no es más que una manifestación de la libertad de conciencia». En cuanto a la legislación nacional -continúa-, la objeción de conciencia «viene reconocida en la práctica totalidad de las legislaciones que han despenalizado» el aborto, tanto en Estados Unidos como en Europa, donde, «con la excepción de Suecia y de España, todas las legislaciones tienen una normativa definida» sobre la objeción frente al aborto. Con todo, el ejercicio de este derecho, con la ley actual, no está libre de obstáculos. «No hay hechos públicos -aclara el señor Díez-, pero recibimos con frecuencia quejas de profesionales que están sufriendo algún tipo de discriminación. Todavía no es general, pero se han producido algunos casos de traslado a otro servicio u hospital», sobre todo en el caso de médicos jóvenes en Urgencias. «Esto no se hace a la luz del día», justificándolo por la objeción, ya que los códigos deontológicos de médicos y enfermeras recogen claramente la prohibición de represalias. Por cierto, estos mismos códigos también contemplan y penalizan como muy grave la objeción fraudulenta -eso de «objetar en la Sanidad pública y practicar abortos en la privada»- que tanto preocupa a dirigentes socialistas como la diputada socialista Elena Valenciano. El señor Díez niega estas acusaciones gratuitas: «En el caso del aborto no tenemos ninguna noticia de que se haya dado. Me extrañaría mucho que determinados medios no la hubieran sacado». Don Juan José Rodríguez Sendín invita «a que cualquiera que conozca esos hechos nos lo diga, tiene esa obligación. Quien dice eso, o miente, o protege a quien lo hace». Cómo hacer frente al cambio Con la nueva ley, Rodríguez Sendín afirma que «habrá que ver cómo se hace para hacer compatibles» el supuesto derecho al aborto y la objeción. Además del conflicto individual de los médicos, habrá que vigilar, por ejemplo, para que el aborto libre hasta las 14 semanas no impida a un médico objetor, por ejemplo, llegar a ser jefe de un servicio de Ginecología. Al señor Díez, de ANDOC, le preocupan también los médicos jóvenes sin plaza en propiedad, o que se caiga en la tentación -que se ha evitado hasta ahora- de poner a los objetores «entre la espada y la pared». Y añade: «Se está transmitiendo el mensaje de que es un servicio público y, si no renuncias a tus convicciones, no puedes ejercer la profesión». Tanto el señor Rodríguez Sendín como la organización a la que representa relacionan la polémica de este verano con el hecho de que el aborto va a pasar de ser un delito despenalizado a un derecho de la mujer. Por ello, han aprovechado la ocasión para insistir en una reivindicación que llevan haciendo desde hace tiempo: que se regule la objeción, y «que lo haga el Parlamento, decidiendo el formato de realizarla, más que sobre qué se puede objetar o no». Don David Ortega también es partidario de la regulación. Si bien no es imprescindible, le parece «muy recomendable para la seguridad jurídica de todos», siempre que, como derecho fundamental que es, se regule «con una vis expansiva». Sin embargo, la asociación ANDOC se muestra «radicalmente en contra de una regulación hecha desde la Administración, pues todo lo que sea regular es limitar». Sí admiten que el personal sanitario pueda declararse objetor de forma previa, optativa y confidencial ante los Colegios profesionales, y de que, si hay sospechas de mal uso, éstos puedan validar las objeciones, a posteriori. En cualquier caso, el señor Requero insiste en que «una regulación no puede dar lugar a que el contenido de la objeción quede desdibujado o irreconocible». También en las farmacias El 1 de septiembre era la fecha prevista para que la abortiva -impide la implantación del embrión en el útero- píldora del día después (PDD) se pudiera adquirir en farmacias sin receta, incluso por menores. Pero esa fecha pasó, y la situación sigue siendo bastante incierta. Sólo se ha aprobado un protocolo, el acordado entre la Generalidad de Cataluña y los Colegios de farmacéuticos de esa Comunidad, y no ha quedado libre de polémica. Por un lado, para disgusto de algunos sectores, reconoce el derecho de los farmacéuticos a objetar en conciencia a la PDD. Eso sí, el motivo no queda muy claro. El Presidente de los Colegios de Farmacéuticos de Cataluña, don Jordi de Dalmases, comentó al diario El País que «no reconocemos la objeción de conciencia para negarse a suministrar un medicamento con receta. Pero en los medicamentos sin receta es diferente», y cabría la objeción, ya que el farmacéutico está en el rol que antes correspondía al médico. Sin embargo, esta postura no coincide con la del Tribunal Supremo, que desde 2005 -la PDD se dispensaba con receta- reconoce el derecho de los farmacéuticos a la objeción de conciencia. La postura de los Colegios catalanes, además, difiere de la de la mayoría de los españoles y del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, que reconocen la objeción -también con receta- en sus códigos deontológicos. Para otros sectores -como la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos, que preside doña Esther Fonseca-, el reconocimiento catalán de la objeción es insuficiente, pues obliga a los farmacéuticos a remitir a otra farmacia que ofrezca la PDD. También le preocupa que, junto a la dispensación de la PDD, se incluya dar información sobre anticonceptivos y un kit con un preservativo. «No pueden -opina- decirme lo que tengo que decir» sobre esta cuestión, pues el profesional tiene «la formación y capacidad» para hacerlo. Desde que se anunció la medida, el pasado mes de mayo, tanto esta asociación como la Asociación Nacional para la Defensa de la Objeción de Conciencia (ANDOC) empezaron a movilizarse para recabar el apoyo de los Colegios. La respuesta que recibió la primera fue la reiteración de lo que afirman los códigos deontológicos. Otros, como los de Madrid, Zaragoza y Sevilla, se implicaron más -explica doña María Dolores Gómez Armenteros, Presidenta de ANDOC-, haciéndose eco, ante su Consejo General, de las preocupaciones de los farmacéuticos, que giran sobre todo en torno al riesgo de abusos y de que aumenten las enfermedades de transmisión sexual. La señora Gómez, además, aconseja a los farmacéuticos contrarios a la PDD que, en vez de recurrir a tretas como alegar que no la han recibido, se declaren objetores e informen a su respectivo Colegio mediante un escrito que la misma asociación proporciona. Con esta información no se elabora ningún registro o lista -«a la gente no le gustaría», apunta-, sino que pasa a formar parte de la información que el órgano tiene de cada botica. Para doña Esther Fonseca, Presidenta de los farmacéuticos católicos, además de la objeción de conciencia, es importante otro concepto recogido, aunque no con ese nombre, en el protocolo catalán: la objeción de ciencia: si se considera que una adolescente «no está capacitada para entender lo que supone» la PDD o, por los motivos que sean, una mujer no está en condiciones de tomarla.

Los protocolos que se apuntan para la dispensación de la pdd no resuelven las incógnitas

Tras el anuncio del Ejecutivo de pasar a venta libre la píldora del día después (pdd), los boticarios se han puesto manos a la obra en la confección de un protocolo que indique al profesional cómo debe actuar ante dicha dispensación. Sin embargo, los trabajos que hasta la fecha se están ultimando no hacen sino mantener las incógnitas sobre la idoneidad de pasar este medicamento a venta libre. Una primera duda es si habrá uno o más protocolos, ya que al que está preparando el Ministerio -y en el que están colaborando organizaciones como el Consejo General de COF y la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (Sefac)- se suma el que ultima Cataluña, elaborado conjuntamente por el Gobierno regional y el Consejo Catalán de COF, y que cuenta ya con un borrador a la espera de recibir algunas modificaciones. Esas dudas crecen aún más cuando en el borrador catalán se observa que, pese a cambiar su estatus a venta libre, boticarios y Administración recogen una serie de pautas en las que se pide al farmacéutico una entrevista clínica que garantice un control detallado de la dispensación: la paciente deberá acreditar su edad mediante un documento acreditativo (DNI, tarjeta sanitaria...), la ingesta deberá hacerse delante del farmacéutico, la paciente firmará un documento de consentimiento informado en el que quedarán recogidos su datos personales, así como la fecha de la dispensación, de cara a un posible registro y estudios futuros... Criterio profesional También se recoge que, como apunta a CF Pilar Gascón, secretaria del Consejo General, "al igual que ocurre con otros muchos fármacos, el farmacéutico, respaldado por la Ley de Garantías, podrá negarse a dispensarla si entiende que de ello se desprende un riesgo para la salud de la paciente". Algo que, tal y como recoge el borrador, podría ocurrir si durante la entrevista la paciente afirma haberla consumido en el anterior ciclo menstrual. Todo esto apunta a que los COF y la Administración catalana entienden que, pese al cambio de estatus, es necesario un control preciso en la dispensación de la pdd y apoyarla en el criterio profesional del farmacéutico. Sin embargo, según ha podido saber CF, desde el Ministerio de Sanidad ya se están manifestando diferencias con el documento de cara a suavizarlo con el fin de respaldar la defensa que llevan tiempo haciendo de que es un medicamento seguro. Sin noticias de Andalucía Estas tensiones también parecen darse en Andalucía, donde, según ha podido saber CF, la Consejería de Salud aún no se ha puesto en contacto con el Consejo Andaluz de COF, pese a que éste lleva meses esperando que dé comienzo la mesa de trabajo conjunta para debatir cómo debe hacerse la dispensación en la región. Otro protocolo que también se ultima es el de Sefac, que, pese a colaborar en el que prepara Sanidad, cuenta con uno propio que, como explica a CF su presidenta, María Jesús Rodríguez, "busca concienciar de que estamos ante un medicamento de emergencia y garantizar que el fármaco se dispense en condiciones óptimas de seguridad y efectividad". Entre las particularidades de este texto destaca un anexo donde se recogerán informaciones de la paciente (sobre todo de aspectos como la edad, pero sin datos personales) que podrían ser usados para estudios futuros. Otra incógnita vendría dada por el conflicto legal que produciría el hecho de exigir un mayor control del farmacéutico al tratarse de un medicamento de venta libre, una matización a la que se suma el jurista experto en Derecho Sanitario Fernando Abellán: "Con estos pautas lo que el farmacéutico busca es reivindicar su papel de agente sanitario y garantizar la calidad de la dispensación. Siempre debe tener un control, pero bien es cierto que al pasar a venta libre un control exhaustivo podría discrepar". Los borradores de protocolo sobre la dispensación de la pdd en la botica que ya apuntan la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (Sefac) y el Consejo Catalán de COF junto a la Consejería catalana de Salud (ver información superior) entran a despejar una de las grandes incógnitas del paso de este medicamento a venta libre: cómo debe actuar el farmacéutico si la que le pide el medicamento es una menor de 16 años. En ambos casos se deja bajo el criterio profesional del farmacéutico valorar la madurez de la paciente para ver si debe o no dispensarla, aunque fija un límite de edad mínimo para ello: 12 años según recoge el borrador catalán y 13 según recoge el de la Sefac. Sin embargo, esto parece no cerrar el debate, ya que, pese a que estos protocolos, junto con el de Sanidad, una vez aprobados, conforman unas pautas de actuación acorde a la deontología profesional, no tienen la misma fuerza jurídica que una ley. De ahí que varias voces muestren a CF que es necesario modificar el marco jurídico adaptando leyes como la de autonomía del paciente. Bases para una dispensación segura Pautas de control que recoge el borrador de protocolo de la pdd elaborado por el Consejo Catalán de COF y la Consejería de Salud catalana. - El farmacéutico acreditará la edad de la paciente mediante un documento original acreditativo (DNI, tarjeta sanitaria...). - El farmacéutico, basándose en criterios profesionales, podrá negarse a dispensar la pdd si entiende que puede suponer un riesgo para la salud de la paciente. Un ejemplo que se recoge en el borrador es que el farmacéutico podrá negarse si la paciente confirma haberla consumido durante el ciclo menstrual anterior. - Como requerimiento previo a la dispensación de la píldora del día despues la paciente deberá firmar un documento de consentimiento informado en el quedarán recogidos sus datos personales, la oficina de farmacia donde se ha efectuado la dispensación, así cómo los datos del farmacéutico que se la ha dispensado. - La paciente deberá consumir el medicamento en el mismo momento de la dispensación y delante del farmacéutico.

El Foro Andaluz dela Familia contesta a las declaraciones de Jaúregui sobre la objeción de conciencia de los médicos

Derecho a Vivir replica a Jáuregui; "El 99,99 por ciento de los médicos en hospitales públicos no van a practicar abortos, sino a cuidar de sus pacientes" Gádor Joya: "Se ve que la advertencia del ministro Caamaño no fue una serpiente de verano. El PSOE hará todo lo posible por acabar con el derecho a vivir y la objeción de conciencia al mismo tiempo. Dos derechos de una tacada" Hispanidad, miércoles, 26 de agosto de 2009 La portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, ha replicado al eurodiputado socialista Ramón Jáuregui que “el aborto no es un derecho y el 99,99 por ciento de los médicos del sistema público de salud no está, afortunadamente, por la labor de practicar abortos, sino por la de cuidar de sus pacientes”. La doctora Gádor Joya, pediatra, ha respondido así este miércoles a unos comentarios del eurodiputado del PSOE , que considera que la reforma de la ley del aborto emprendida por el Gobierno deberá prever algún mecanismo que “regule el comportamiento” de los médicos en los hospitales públicos para garantizar que las mujeres “puedan ejercer este derecho” al aborto en el sistema público de Salud. “El Gobierno lo tiene muy fácil, si quiere convertir los hospitales públicos en abortorios”, indicó Gádor Joya al responder al portavoz socialista. “Sólo tiene”, dijo, “que sustituir el mérito científico, académico y profesional por un nuevo requisito en las convocatorias de plazas: el requisito de aspirar y trocear fetos, el requisito de causar daños, a menudo irreparables, a la salud de la mujer”. “Los ciudadanos tienen derecho a saber que su Gobierno está decidido a vetar el acceso de los mejores médicos a los hospitales públicos por motivos de conciencia, y a dar paso preferente, no a los que mejor cuiden de sus pacientes, mujeres y no nacidos, sino los que practiquen abortos”. La portavoz de Derecho a Vivir ha constatado que “el partido del Gobierno insiste en su amenaza de suprimir la libertad de conciencia de los médicos, en contra de la jurisprudencia constitucional que la tutela. Se ve que la advertencia del ministro Caamaño no fue un globo sonda o una serpiente de verano. El PSOE hará todo lo posible por acabar con el derecho a vivir y la objeción de conciencia al mismo tiempo. Dos derechos de una tacada”. Gádor Joya se ha sorprendido de que “el señor Jáuregui insista una y otra vez en referirse al aborto como un derecho. Debería conocer un poco mejor las leyes, puesto que ha sido y es un legislador, para saber que el aborto no es ningún derecho y, por lo tanto, no puede convertirse en una prestación sanitaria más, que es lo que pretende el señor Rodríguez Zapatero. Abortar no es sacarse una muela”, subrayó la portavoz DAV, “hay una vida humana en juego y hay una mujer que tiene derecho a una alternativa al aborto. Abortar es ideología, es imposición, es violencia, es cualquier cosa, menos una prestación sanitaria”. Derecho a Vivir es una de las más de cuarenta entidades cívicas que han convocado el 17-O, la manifestación por el derecho a vivir, la maternidad y contra la reforma de la ley del aborto, que se celebrará en Madrid el próximo 17 de Octubre. Derecho a Vivir www.derechoavivir.org

El Hospital de Bellvitge edita un protocolo de actuación para los pacientes que no quieren transfusiones

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 Ago. (EUROPA PRESS) - El Hospital Universitario de Bellvitge ha editado un protocolo sobre las normas de actuación en la atención de enfermos que rechazan la posibilidad de recibir una transfusión de sangre. El documento sirve de orientación a los profesionales con el objetivo de disminuir el grado de "incertidumbre" que generan estas situaciones, según fuentes del centro hospitalario. La guía da a conocer el marco legal vigente y los pasos a seguir en caso de que un paciente se niegue a recibir una transfusión de sangre. Los médicos deben asegurarse de que la decisión del enfermo es "libre, autónoma y debidamente informada" y de que quede certificada mediante un documento de voluntades anticipadas o mediante un consentimiento informado. El hospital considera que debe "respetar" la libertad del paciente adulto y capaz que se niega a recibir un tratamiento, "aunque de su decisión se deriven consecuencias graves, y, incluso, irreversibles". Aún así, la guía recuerda que el equipo médico tiene derecho a la objeción de conciencia y a trasladar la intervención a otro equipo o a otro centro.

Una sentencia de una juez de Oklahoma niega la objeción de conciencia de los médicos

OKLAHOMA CITY, lunes, 24 de agosto de 2009 (ZENIT.org) - Una sentencia judicial de Oklahoma, en los Estados Unidos, niega al personal sanitario la posibilidad de la objeción de conciencia ante el aborto. La juez Vicki Robertson dictaminó el martes pasado que la norma vigente es "inconstitucional" ya que viola "la vida privada" y la "dignidad de las mujeres", informó este domingo Radio Vaticano. Ese día, la juez estableció que ya no será obligatorio efectuar los análisis de ultrasonidos, para verificar las condiciones reales de salud del feto, 24 horas antes de proceder a realizar un aborto. La juez considera que ver las imágenes del propio hijo y escuchar al médico describir los detalles físicos visibles pueden en efecto "influir" en la decisión de la mujer. Además, Vicki Robertson ha privado a los médicos del ejercicio de la objeción de conciencia: el personal de los hospitales no podrá negarse a practicar un aborto por "razones morales o religiosas". Según la ley derogada por esta última sentencia, no se podía juzgar a los médicos que desaconsejaban el aborto a los padres de niños discapacitados.

"Asomando la patita": objeción de conciencia y desobediencia civil (José Miguel Serrano)

José Miguel Serrano Éstos son moderados bajo palabra de honor. Aparecen sustituyendo al de la cacería, que era excesivo en sus gestos y se le veía venir, y todos los optimistas comienzan a ponderar el cambio. Los escamados, sin embargo, observando precedencias y vinculaciones, preveíamos lo que ha sucedido. Como el ministro de Justicia es progresista tiene una peculiar forma de interpretar la objeción de conciencia. El ministro parece entender que la objeción admisible es la de la conciencia ministerial. Fuera de ella sólo hay sabotaje, que dirían Vichinski o Ejov, ilustres precedentes de esa peculiar visión. No se nos explica cómo es que un derecho constitucional y una práctica habitual en los países civilizados se hace imposible una vez que los progresistas dominan el legislativo. En efecto, no cabe objeción que perturbe los planes de progreso del Gobierno, a eso se le denomina desobediencia civil, que ha pasado de un tópico de la mitología progresista a convertirse al parecer, en algo diabólico o, peor aún, reaccionario. La objeción de conciencia es un derecho de reconocimiento constitucional, no sometido al desarrollo legislativo, que se admite cuando una norma obligaría a alguien a realizar un acto que repugna a su conciencia. En los países donde hay libertad religiosa, y no sólo conciencia ministerial, existe una cierta vinculación entre este derecho y la objeción de conciencia, aunque no se confunden, pues, evidentemente, la objeción protege a la conciencia no religiosa o no agrupada en una Iglesia. De todas formas, parece claro que en una nación con una minoría religiosa relevante, las normas que pueden obligar a hacer una determinada cosa deben considerar la objeción, salvo que se trate precisamente de provocar a ese grupo social en un paso más hacia su efectiva muerte civil. Impedir de facto que un católico consciente pueda ejercer la ginecología o la enfermería en España parece muy alejado de una sociedad integradora. El problema se hace más grave cuando el acto que se quiere imponer a todo posible médico sólo es interpretado como posible derecho por una minoría que no consigue ni el apoyo del Consejo Fiscal, ni un juicio favorable del Consejo General del Poder Judicial, ni es coherente con la interpretación mas extendida del criterio del Tribunal Constitucional, se opone a la opinión de un amplísimo número de científicos, agrede a la traición hipocrática e incluso tiene el voto en contra del partido de la oposición. Es aquí cuando conviene detenerse en la desobediencia civil a la que el Gobierno ZP se refiere con una frecuencia excesiva cuando sectores de la población no cumplen en todo, y con servilismo propio de un Comité Federal, sus instrucciones. La desobediencia civil puede ser una forma provocadora de agredir a una norma. El desobediente no se conforma con objetar sino que con su acción quiere producir una reacción gubernamental sancionadora. No parece que esa sea la intención de médicos y otro personal sanitario, por lo menos de una mayoría de ellos. Pero la desobediencia civil puede ser la única forma de resistencia cuando el Gobierno no reconoce la objeción de conciencia y pretende imponer la realización de actos gravemente inmorales. En este caso la desobediencia prueba la falta de respeto a los derechos fundamentales en un sistema jurídico determinado. El ministro tiene y no tiene razón, la objeción de conciencia no es desobediencia civil, pero ésta es la única forma de salvar la conciencia frente al tirano. José Miguel Serrano es profesor titular de Filosofía del Derecho.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) cree que la objeción de conciencia es un derecho que debe potenciarse, más que restringirlo

García se pronunció así ante las declaraciones del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que en una entrevista con Europa Press rechazó la creación de un registro de médicos y sanitarios que quieran objetar a la futura Ley del Aborto por motivos éticos o morales subrayando que "no cabe la objeción de conciencia" en relación con este asunto porque conllevaría un acto de "desobediencia civil". Justicia precisó después que la Ley de Aborto no hablará de la objeción de conciencia, que no se prevé cambiar. Según el dirigente de la APM, no deja de causar "cierta perplejidad" que Francisco Caamaño, "que se supone que es de izquierdas, que presume de progresista y que forma parte de un Gobierno que ha hecho una apuesta decidida y convencida por la extensión de derechos" ponga "en tela de juicio" la posibilidad de que un médico ejerza la objeción de conciencia ante un caso de aborto. En declaraciones a Punto Radio recogidas por Europa Press, García explicó que en su opinión "la posibilidad de objetar no deja de ser más que una faceta del derecho a la libertad ideológica y de opinión, que está explícitamente recogida en la Constitución". En este sentido, añadió que "lo razonable es potenciar y no restringir". El portavoz de la APM instó a diferenciar entre las "objeciones arbitrarias" y las "objeciones fundadas, en las que se pide a alguien que actúe contra su conciencia". Además, declaró que no se trata de "un debate de pro abortistas y contra abortistas, de médicos a favor y de médicos en contra" sino que se trata "lisa y llanamente" de un tema de respeto a las conciencias que todos han de asumir. "En una democracia la libertad de pensamiento, la libertad ideológica y la libertad de conciencia tiene que tener un valor, y por lo menos yo quiero dárselo", concluyó.

Organización Médica Colegial: “Objeción de conciencia por las buenas o por las malas”

Los médicos arremeten contra la pulsión totalitaria de un Gobierno empeñado en imponer su proyecto abortista. * Gádor Joya: "La inmensa mayoría de los médicos no practicamos abortos ni lo haremos" * Caamaño: "No cabe objeción de conciencia médica al aborto porque sería desobediencia civil" * BLOGS HO: Caamaño desafía al TC, por José Carlos Muñoz REDACCION HO.- Las reaccionarias declaraciones del Ministro de Justicia, que esta mañana anunciaba el fin del derecho a la objeción de conciencia en nuestro ordenamiento jurídico, siguen provocando reacciones contundentes de condena y rechazo. La portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, ha advertido hoy a Caamaño que el personal sanitario "no practicamos abortos ni lo haremos". Pocos minutos después, la Organización Médica Colegial informaba al ministro que la objeción de conciencia de los médicos seguirá en vigor, guste o no guste al Gobierno: "El derecho que tienen los médicos en España a la objeción de conciencia se va a respetar, se quiera o no se quiera, y es mejor hacerlo por las buenas que por las malas." El presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, ha respondido de esta manera a las declaraciones realizadas por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en las que rechazaba la creación de un registro de médicos y sanitarios que quieran objetar a la futura Ley del Aborto y anunciaba que tal práctica debe desaparecer: "La objeción de conciencia es un criterio universal de la profesión médica, que al igual que el criterio de no matar, no abortar, no intervenir en torturas, ni delatar a los pacientes, forman parte de la medicina desde hace más de 40 siglos. Cuestionar en este momento algo que forma parte de la libertad ideológica de los médicos en lugar de facilitar las cosas no es el buen camino." Para la OMC, "a cualquier ciudadano normal no le debe extrañar que los médicos no quieran abortar, le extrañará probablemente lo contrario": "Porque no es un problema ideológico, sencillamente es una cuestión de libertad. Por este motivo, vamos a defender la objeción de conciencia de los médicos. Curiosamente en otros países igual o más desarrollados que el nuestro se ha incluido en la regulación del aborto la objeción de conciencia para sus médicos, mientras nosotros, sin éxito, hemos pedido por activa y por pasiva esta regulación para evitar enfrentamientos. Porque a nadie le debe de extrañar, insistimos, que los médicos decidan objetar". Según el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, "hay que tener mucho cuidado y no jugar con las cosas de comer": "Porque estamos hablando de cuestiones que forman parte de la esencia de los individuos, y la única manera de superarlas es establecer mecanismos de respeto mutuo al otro, aunque ambas partes piensen absolutamente lo contrario. Lo que ha dicho hoy el ministro es la antesala de la necesidad de establecer una regulación de la objeción de conciencia para respetar tanto los derechos de los ciudadanos que quieran acogerse a los servicios que preste una nueva ley, como los derechos que tienen los médicos a preservar sus valores morales, suponiendo que vaya en contra de lo que siempre han creído. Ambas cosas deben ser necesariamente compatibles, el que no lo entienda así, mal asunto."

Andalucía: más de 25.000 enfermeros podrán indicar fármacos mediante una orden enfermera a partir de septiembre

Más de 25.000 enfermeros podrán indicar productos sanitarios y medicamentos no sujetos a prescripción médica en Andalucía a partir del próximo mes de septiembre, una media que se llevará a cabo mediante lo que se conocerá como 'orden enfermera' y con la que se pretende dar una respuesta "más ágil" a la asistencia, según destacó hoy la consejera de Salud, María Jesús Montero. En rueda de prensa, la titular del ramo valoró así la aprobación ayer en el Consejo de Gobierno de la Junta del Decreto andaluz de prescripción enfermera y que tiene como uno de sus principales objetivos dotar a estos profesionales de un marco competencial más amplio y seguro. En concreto, las enfermeras participarán en la realización de la cirugía menor ambulatoria que se realiza en los centros de salud, se encargará el seguimiento de los pacientes frágiles que viven en residencias y contribuirán a mejorar los circuitos del área de Urgencias, en tanto estarán capacitados para derivar pacientes al especialista e indicar pruebas diagnósticas. Además, enfatizó que el nuevo perfil de la enfermería diseñado en Andalucía se completará con el desarrollo de los nuevos planes de estudio, de manera que la calificación de 'grado' será una oportunidad para dotar a los futuros profesionales de las competencias, la especialización y los conocimientos que hagan posible el marco competencial ideado para esta profesión en un futuro inmediato. Así, el próximo curso 2009-2010, todas las Escuelas de Enfermería de Andalucía (excepto Granada) iniciarán la formación del 'grado' que conlleva pasar de tres a cuatro años de formación y la incorporación en su curriculum docente de las nuevas competencias de este colectivo, entre ellas, los conocimientos necesarios para el desarrollo de esta nueva actividad laboral, a parte de posibilitar el desarrollo académico de estos profesionales pudiendo optar, en el marco de su disciplina, a programas de Master y Doctorados. PACIENTES CRÓNICOS E INMOVILIZADOS Además, la nueva actividad de enfermería en el ámbito de la prestación farmacéutica permitirá ofrecer una respuesta más ágil y cómoda a aquellos usuario que requieren cuidados a domicilio o tienen mayor relación clínica con las enfermeras, como enfermos crónicos. De hecho, se prevé que cerca de un millón de pacientes crónicos e inmovilizados podrán beneficiarse de la indicación de fármacos por parte de las enfermeras. La normativa aprobada establece que los profesionales de enfermería podrán indicar a los pacientes sobre el uso de 96 medicamentos --comercializados en 400 presentaciones diferentes--. Entre estos medicamentos se encuentran: antiácidos, laxantes, medicamentos para el dolor y la fiebre, antiinflamatorios, vitaminas o antihistamínicos. Igualmente, podrán indicar también productos sanitarios como los utilizados para el cuidado de las heridas (vendas, gasas, apósitos estériles) o para la incontinencia urinaria. La indicación de estos productos por parte de las enfermeras supondrá importantes ventajas fundamentalmente para los pacientes que se encuentran inmovilizados en sus domicilios y sus cuidadores, puesto que les evitará desplazamientos a su centro de salud para que estos productos les sean prescritos. Igualmente, los profesionales de enfermería colaborarán con médicos y odontólogos en el seguimiento, a través de protocolos de actuación, de los pacientes que cuenten ya con determinados tratamientos farmacológicos. La nueva actividad de estos profesionales favorece, por tanto, la labor en equipo y la asistencia multidisciplinar a los usuarios. ORDEN ENFERMERA La indicación de medicamentos y productos sanitarios se realizará a partir de un documento denominado 'orden enfermera', que ya está disponible en los centros de salud y que podrá ser tanto en formato papel como digital. En este documento, cada enfermera se identificará con su nombre y apellidos y su código numérico personal. Además, y siempre que sea posible, los medicamentos se indicarán en la orden enfermera por su principio activo y los productos sanitarios por su denominación genérica. En la historia clínica del paciente, se registrará el contenido de la orden enfermera. Existen tres modelos distintos de orden enfermera que se utilizarán en función de las circunstancias de indicación. Así, uno de los modelos se utilizará para la dispensación en oficinas de farmacia, un segundo para entrega directa a los pacientes en los propios centros de productos sanitarios y el tercer modelo de uso interno de medicamentos para utilización en pacientes ingresados. PLAN DE FORMACIÓN Montero explicó que su departamento también ha diseñado un plan de formación para los profesionales de enfermería que, en una primera fase, incluirá conocimientos básicos sobre la normativa legal vigente, así como un taller sobre uso adecuado de determinados productos sanitarios y práctica segura en el uso de medicamentos. Este taller formativo se desarrollará a partir de septiembre. Tras la realización de estos cursos, recibirán los talonarios de orden enfermera, de los que se han distribuido ya a los centros 67.000, y podrán comenzar a desarrollar la nueva actividad en el ámbito de la prestación farmacéutica. Además, dispondrán de un amplio dossier informativo digital sobre esta nueva prestación. RECETA ELECTRÓNICA Y COSTES ECONÓMICOS En una segunda fase, las enfermeras podrán realizar, a través de receta electrónica, el seguimiento de los tratamientos farmacológicos prescritos por su médico de familia a pacientes crónicos, diabéticos, con dolor crónico, con úlceras por presión o con tratamiento de anticoagulación, entre otros, a través de protocolos previamente establecidos. En 2008, un tres por ciento de las prescripciones realizadas en el sistema público fue de productos sanitarios, lo que supuso un 5,7 por ciento de la factura farmacéutica total. En concreto, se realizaron 5,1 millones de recetas, con un coste económico de 127,9 millones de euros. Por su parte, el coste económico alcanzado en 2008 por los medicamentos que pueden ser indicados por los profesionales de enfermería fue de 70,5 millones de euros, correspondientes a 18,7 millones de recetas, lo que supuso el 11,2 por ciento de las prescripciones realizadas y un 3,2 por ciento de la factura farmacéutica total.

Cataluña: los farmacéuticos realizarán una entrevista personal antes de vender la píldora del día después

La Conselleria de Salud de la Generalitat y el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Catalunya han acordado un protocolo de actuación para dispensar la píldora postcoital en las farmacias catalanas, informó la Conselleria en un comunicado. El procedimiento incluirá información a la usuaria y una entrevista por parte del farmacéutico, que deberá darse en condiciones de privacidad, con el objetivo de valorar que no haya contraindicaciones que desaconsejen el uso del fármaco. El protocolo se activará con el inicio de la dispensación sin receta de la píldora -Levonorgestrel 1.500 miligramos- a partir de septiembre, y la Conselleria explicará durante agosto el contenido del mismo a los farmacéuticos. El documento, consensuado entre Generalitat y farmacéuticos, reconoce el "derecho constitucional" a la objeción de conciencia de los profesionales, si bien su ejercicio deberá ir acompañado obligatoriamente de la indicación a la usuaria del lugar más próximo donde puedan dispensarle la píldora. Además, los profesionales deberán realizar una "buena acogida de la demanda del fármaco" independientemente de su hipotética objeción de conciencia, y hacer que la solicitante en ningún caso se sienta rechazada o juzgada negativamente. La entrevista a la solicitante deberá asegurar que, por ejemplo, no hayan pasado 72 horas desde el momento de la relación de riesgo, que no sufra disfunciones hepáticas o problemas gastrointestinales, o que no esté tomando otras medicinas que reduzcan la efectividad de la píldora. Igualmente, cada dispensación deberá ir acompañada de una serie de recomendaciones que refuercen los aspectos educativos y preventivos, incluidas en un tríptico informativo, y la entrega de un preservativo con las consiguientes instrucciones para su uso.

La píldora del día después se venderá sin receta médica a partir de septiembre

LA PÍLDORA Nombre: Norlevo y Postinor. Funcionamiento: Su principio activo (levonorgestrel) actúa según el momento de administración. Si la ovulación no se ha producido, la inhibe y bloquea la liberación del óvulo, que no puede ser fecundado. Si la mujer ha ovulado, impide que el óvulo fecundado se asiente en el útero e inicie la gestación. Si ya hay embarazo, aunque sea incipiente, la píldora no interfiere ni provoca un aborto. Tomas: Envases de dos comprimidos que deben tomarse preferiblemente, dentro de las primeras doce horas y no más tarde de las primeras 72 horas. Coste: Unos 20 euros. La Agencia Española del Medicamento modifica la información contenida en los envases y elabora un protocolo para aquellas usuarias que adquieran el fármaco La píldora del día después se venderá en las farmacias sin receta a partir del próximo mes de septiembre. Ya no hará falta prescripción médica, sólo unos 20 euros, que es lo que cuesta el medicamento postcoital que se comercializa en España desde 2001. Se calcula que el año pasado se dispensaron cerca de medio millón de unidades, cifra que da fe de que se trata de un fármaco conocido y usado. En principio, la dispensación en farmacias de este anticonceptivo de emergencia estaba previsto para este mes pero el trámite que lleva a cabo la Agencia Española del Medicamento de adaptar la información contenida en los envases y los prospectos «ha demorado la puesta en marcha de la medida», señaló el Ministerio de Sanidad ayer a Efe. Además, el ministerio trabaja con el Consejo General de Farmacia y sociedades científicas en la elaboración de un protocolo dirigido a las usuarias de la píldora que determine la información que deberán recibir en el momento de acceder al fármaco. La píldora del día después no es un método anticonceptivo. Para la anticoncepción se puede recurrir, entre otros, a la píldora normal o al método de barrera por excelencia: el preservativo. Las píldoras anticonceptivas normales llevan estrógenos y progesterona y los que causan los efectos secundarios son los estrógenos. La píldora del día después, que debe tomarse como tarde 72 horas después del coito desprotegido, es simplemente una dosis de progesterona, no lleva estrógenos. Consejo de Farmacia Sanidad está analizando las aportaciones del Consejo General de Farmacia y de la Agencia Española del Medicamento para que, en el momento en el que la píldora llegue a las farmacias, los farmacéuticos sepan cual es la información que deben facilitar a las mujeres que las compran. La elaboración de ese protocolo fue solicitada por el PSOE en una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados el pasado mes de junio. El PP y CiU trataron de enmendar el texto de los socialistas para que la píldora sólo se dispensara con receta médica. En el País Vasco ya se dispensaba de forma gratuita en los centros de salud y era posible comprarla con receta en las farmacias. Fue una de las últimas comunidades autónomas que decidió financiar esta píldora con fondos públicos. Lo hizo el año pasado, sumándose así al grupo mayoritario que financia con dinero público este fármaco, y en el que están Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla León, Cataluña, Extremadura, Galicia y Navarra. Según datos del Ministerio de Sanidad, la tasa de abortos por cada mil mujeres vascas de entre 15 y 44 años, lleva camino de triplicarse en la última década. Se ha pasado de las 1.283 interrupciones registradas en 1993 a las 2.955 de 2007, último año con datos disponibles. De éstos, 1.099 corresponden a Gipuzkoa.

El Papa pide a los farmacéuticos que no vendan la píldora del día después

El Papa Benedicto XVI ha declarado la guerra a la píldora del día después. Asegura que los farmacéuticos deben tener la opción de negarse a entregar medicamentos que puedan causar aborto o eutanasia, apelando a los profesionales de la salud a que sean "objetores de conciencia" contra dichas prácticas. Benedicto XVI ha recordado en una convención de farmacéuticos católicos que la Iglesia descarta cualquier interrupción deliberada del embarazo. "No es posible anestesiar las conciencias, por ejemplo sobre los efectos de las moléculas que tienen por objeto evitar la implantación del embrión o abreviar la vida de una persona”, aseguró durante el congreso de farmacéuticos. “El farmacéutico –prosiguió– debe llamar a la sensibilización para que todo ser sea protegido desde su concepción hasta su muerte natural y para que los medicamentos cumplan verdaderamente su papel terapéutico”. El Papa ha apelado a la objeción de conciencia de esos profesionales: si no están de acuerdo, no tienen que estar obligados a vender la píldora."Invito a su federación a considerar la objeción de conciencia que es un derecho que debe ser reconocido para su profesión, para que puedan evitar colaborar, directa o indirectamente, en el suministro de productos que tienen objetivos claramente inmorales, por ejemplo el aborto o la eutanasia", concluyó el Papa. La llamada píldora del día después, que está disponible en muchos países de la Unión Europea, no está autorizada en Italia. El Vaticano ha criticado las medidas de algunos políticos italianos que están a favor de la píldora, que bloquea la acción de la hormona progesterona, necesaria para sostener un embarazo.

El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia lleva a la OSCE la cuestión de la objeción a EpC

REDACCIÓN HO.- Según informa Análisis Digital, una de las decisiones adoptadas durante las sesiones del encuentro sobre "Libertad Religiosa y de Pensamiento" de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), que se clausuró ayer en el Palacio Hofburg de Viena, es la elaboración de un documento de recomendaciones a los 57 países miembros referente al derecho fundamental a la objeción de conciencia. El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) aportó en este encuentro la experiencia española a la hora de elaborar por consenso dichas recomendaciones. El portavoz del OLRC para los organismos internacionales, Pablo Rodríguez, tomó la palabra ante el plenario dedicado a la Sociedad Civil y expuso el caso de España en relación a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC). Pablo Rodríguez señaló que en España no se ha llegado a un consenso en lo relativo al concepto de "tolerancia" y que el actual diseño curricular de las cuatro materias de EpC, que se imparten obligatoriamente a alumnos de entre 10 y 17 años, ha provocado ya más de 52 mil objeciones. La preocupación manifestada por el OLRC responde a la posibilidad de que en España determinados derechos que parecían consolidados se están viendo conculcados en leyes recientes o puestos en riesgo en borradores y proyectos de ley que actualmente se debaten y tramitan. El portavoz del Observatorio puso de manifiesto que las amenazas contra la libertad de conciencia afectan al ejercicio de derechos tan fundamentales como el que asiste a los padres "para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones" (art. 27.3 de la Constitución); la objeción de conciencia de los médicos, del resto del personal sanitario y de los farmacéuticos en cuestiones relativas al aborto y la bioética, o las trabas para la presencia de la religión -incluyendo sus manifestaciones externas- en la actividad social y en la vida pública. Durante el encuentro, el OLRC mantuvo reuniones con diversas organizaciones no gubernamentales de ámbito internacional implicadas en la defensa de la libertad religiosa y de pensamiento que estuvieron presentes en el evento. Con ellas, ha elaborado un texto de consenso en el que se establecen una serie de pautas, que, presentadas en la OSCE, se transformarán en recomendaciones concretas de este organismo a los países miembros.

Obama rectifica: promete respetar la objeción de conciencia sanitaria ante el aborto

El repentino anuncio, realizado en un encuentro con un selecto grupo de periodistas católicos, se interpreta como un gesto ante la próxima audiencia que mantendrá con Benedicto XVI. * Benedicto XVI recibirá a Obama en audiencia privada el 10 de julio * Obama pretende eliminar la libertad de conciencia de los sanitarios REDACCIÓN HO.- En un gesto sin precedentes, el presidente de EE.UU., Barack Obama, quiso reunirse ayer con un selecto grupo de periodistas católicos para preparar su encuentro con el Papa del próximo 10 de julio en el Vaticano. Según el National Catholic Register, cuyo editor Father Owen Kearns estuvo entre los ocho convocados por la Casa Blanca, Obama admitió la "influencia de la Iglesia católica en Estados Unidos y el resto del mundo" y quiso dejar claro que mantendrá la posibilidad de que los profesionales sanitarios puedan plantear la objeción de conciencia ante el aborto. La anunciada eliminación de la 'cláusula de conciencia' había sido fuertemente criticada por los obispos norteamericanos. Como ya informara HO, el Cardenal Francis George, Arzobispo de Chicago y Presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, reaccionó de manera contundente tras conocerse la intención de la Casa Blanca de eliminar la cláusula de protección de la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios."Estamos profundamente convencidos que una acción así por parte del Gobierno sería el primer paso para desplazar a nuestro país de la democracia y la libertad religiosa, al despotismo, dijo George. Necesitamos leyes que protejan la libertad de conciencia y de religión, incluso libertad para que las instituciones sanitarias religiosas puedan ser fieles a sí mismas". Según informa Religionconfidencial.com, Barack Obama afirmó a los periodistas congregados en la Casa Blanca su percepción sobre la "influencia de la Iglesia Católica en EE.UU. y en el resto del mundo", y que "será un gran honor" encontrarse con el Papa, con el que le gustaría hablar de "Oriente Medio, el cambio climático e inmigración". El presidente de EEUU visitará a Benedicto XVI en el Vaticano en su sexto viaje internacional, y después de poco más de 5 meses en la Casa Blanca. Al igual que el presidente norteamericano, el primer ministro japonés, Taro Aso, también visitará al Papa en el Vaticabo con motivo del encuentro que los países del G8 celebrarán en la ciudad italiana de L'Aquila. Desde su llegada a la presidencia, Obama ha aprobado importantes partidas presupuestarias para la investigación con células madre embrionarias y ha subvencionado a numerosas asociaciones abortistas, dos cuestiones sobre las que la Iglesia católica ha expresado su firme oposición, y por las que ha recibido numerosas críticas desde la prensa católica de EE.UU y diversos sectores sociales no confesionales. Además, su administración ha dado recientemente muestras de su interés por extender el aborto más allá de sus fronteras, especialmente a través de las intervenciones de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, conocida por sus tesis a favor del aborto.

La OMC celebra el informe fiscal que apunta a la inconstitucionalidad de la reforma abortista

Aludiendo al síndrome postaborto, ve "ridículo" que las menores puedan abortar sin permiso paterno, y propone regular la objeción de conciencia sanitaria. * Un Consejo Fiscal dividido cuestiona la constitucionalidad del proyecto abortista de Zapatero * Los médicos responden al Gobierno: "abortar no es tomarse un caramelo" * Los médicos piden a Aído a que les consulte ante la reforma sobre el aborto REDACCIÓN HO.- La Organización Médica Colegial (OMC) ha calificado hoy de "ridículo" que las menores a partir de 16 años puedan abortar sin permiso paterno, como pretende imponer el Ejecutivo con su reforma legal. Aludiendo a los problemas de salud derivados del síndrome postaborto, el colectivo médico ha celebrado por ello el informe del Consejo Fiscal conocido ayer, que recomienda que la nueva ley recoja la obligación de informar a los padres de la menor. "No entendemos por qué la familia, ese padre o esa madre, a los que hay que devolver a esa niña una vez que haya terminado el aborto, no tienen que estar informados. Es compatible con el principio de autonomía que se quiere preservar y que se puede respetar". Así se expresó en un encuentro con los medios de comunicación el presidente de los colegios de médicos, Juan José Rodríguez Sendín, quien ha reiterado que abortar "no es como sacarse una muela, que desaparece y se acaba a su vez con el problema". Por el contrario, Rodríguez Sendín insistió en que las secuelas psicológicas y la respuesta adaptativa de la mujer tras el aborto "pueden durar mucho tiempo". Por este motivo, señaló, no le sorprendió el pronunciamiento del Consejo Fiscal, que entiende que la decisión de abortar es "suscetible de dejar graves secuelas psicológicas". Para el presidente de los colegios de facultativos, "la familia, la enfermería y los médicos (de cabecera) son los tres pilares sobre los que se desahogan las tensiones de la sociedad", por lo que "prescindir de ellos sin que nadie lo pida es un poco ridículo, por razones de salud". Objeción de conciencia y PDD Asimismo, con el objetivo de preservar los derechos del paciente y del facultativo en cuestiones de conciencia, Rodríguez Sendín ha propuesto regular la objeción y crear un fichero de médicos objetores. Por otra parte, Rodríguez Sendín se refirió también al asunto de la venta en las farmacias sin prescripción médica de la píldora postcoital y apostó en este sentido porque no se saque del escenario de la asistencia sanitaria, por el riesgo que esto conlleva, especialmente para los jóvenes.

La Organización Médico Colegial propone crear un registro de médicos

El nuevo presidente de la Organización Médica Colegial, Rodríguez Sendín, propone regular la objeción y crear un fichero de médicos objetores. En declaraciones a COPE, Sendín ha rechazado asimismo algunos puntos del anteproyecto del Ley del Aborto, contra aborto a partir 16 años sin precisar conocimiento de los padres. En cuanto, a la píldora del día después, el presidente de la OMC considera que al fin y al cabo es un “medicamento que no debe sacarse del escenario asistencial”, por el riesgo que eso conlleva, especialmente en los jóvenes. La OMC se ha mostrado satisfecha con el informe del Consejo Fiscal que considera "inconstitucionales" algunos aspectos del anteproyecto de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) propuesto por el Gobierno y asegura que es "ridículo" que esta norma permita prescindir del apoyo de la familia y los médicos a la hora en un momento "tan traumático" como el aborto.

Autonomías y profesionales quieren un control eficaz sobre la dispensación de la pdd. ANDOC propone comunicar inquietud profesionales a los Colegios.

Las autonomías más decididas a elaborar, con sociedades profesionales y científicas y colegios, un protocolo para la dispensación de la pdd sin receta esperarán a que Sanidad fije el marco general antes de ultimar sus propuestas, pero reconocen que es necesario buscar un control que vaya más alla del mero consejo del profesional sanitario. Así lo han declarado a CF fuentes cercanas a los trabajos que se llevan a cabo en Cataluña entre la Consejería de Salud y los profesionales farmacéuticos y médicos. Manuel Arenas, presidente del Consejo Andaluz de Colegios (Cacof), dice a CF que no se han producido reuniones entre el Consejo y la Consejería de Salud para hablar de la pdd "porque antes hay que saber qué plantea oficialmente el Ministerio de Sanidad". Jordi de Dalmases, presidente del Consejo catalán de COF, reconoce, por su parte, las dificultades de plasmar en un protocolo la dispensación de la pdd pero defiende que es hora de que "los farmacéuticos asuman un papel que pueden ejercer correctamente". Liderazgo de Sanidad Pero es el Ministerio de Sanidad el que tiene que tomar la decisión de clasificar la píldora del día después entre los fármacos fuera de prescripción y elaborar un protocolo de dispensación del mismo. Las sociedades médicas trabajan ya, a la vez que las sociedades farmacéuticas y el Consejo General de COF, con el Ministerio en elaborar un protocolo de dispensación de la pdd para cuando, dentro de dos meses, tal como anunció el Ministerio, ya no se requiera receta para este medicamento. Pero las aguas siguen bajando agitadas en torno a la medida anunciada por los ministerios de Sanidad e Igualdad. Grupos de farmacéuticos están recogiendo firmas de apoyo a un manifiesto contra la venta libre de la pdd."Consideramos la necesidad de la receta médica para este fármaco, como en todos los demás que la requieren, en todos sus usos y edades. Podemos constatar que entre las parejas jóvenes existe un descenso del uso del preservativo que, es de prever, se acentuará con esta iniciativa, contribuyendo con ello al incremento de las enfermedades de trasmisión sexual entre esta población", afirma en uno de sus puntos el citado manifiesto defendido por la plataforma Farmacéuticos Responsables (ver Opinión). Al mismo tiempo, la Asociación para la Defensa de la Objeción de Conciencia (Andoc) ha hecho público un modelo de carta para que los farmacéuticos puedan solicitar a su colegio respectivo que se respete lo que consideran el derecho a desarrollar el trabajo profesional con responsabilidad y, por lo tanto, en relación con la pdd "no participar en su dispensación cuando haya una justificación sanitaria (minoría de edad, falta de conocimiento de los antecedentes médicos del paciente, constancia de contraindicaciones, etc.), legal (problemas de responsabilidad civil); deontológica o de conciencia, seria y grave". María Jesús Rodríguez, presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, dice que, en este caso, el farmacéutico no debe despachar sin más, "sino preguntar, e informar de las eventuales consecuencias y desaconsejar el uso si llega el caso".

Los farmacéuticos reclaman la objeción de conciencia.

La Asociación Nacional para la Defensa de la Objeción de Conciencia (Andoc) ha decidido emprender acciones ante la próxima dispensación libre de la llamada píldora del día después. Esta entidad, que agrupa a médicos, farmacéuticos y otros profesionales que, por motivos de conciencia, se niegan a llevar a cabo determinadas prácticas, desde el aborto al diagnóstico prenatal, enviará cartas a todos los presidentes de los colegios provinciales de farmacéuticos para que garanticen su derecho a no dispensar el fármaco. El modelo de carta podrá ser enviada por cualquier boticario a su presidente colegial. En el texto reclaman «que sea respetado el derecho a desarrollar nuestro trabajo con plena responsabilidad, permitiéndonos no participar en su dispensación cuando haya una justificación sanitaria (minoría de edad, falta de conocimiento de los antecedentes médicos del paciente...». Ante la próxima orden ministerial de Sanidad para dispensar sin receta esta píldora, que entrará en vigor en agosto o septiembre próximos, los farmacéuticos objetores reclaman al Consejo General de Colegios «que desarrolle la fórmula jurídica prevista en nuestros estatutos, con el fin de aunar la obligación de dispensar ese fármaco con la libertad de ejercicio profesional». El medicamento, cuyo principio activo es el levonorgestrel y que fue aprobado en España en 2001, está indicado para evitar embarazos, para lo que es efectivo si se toma en las horas posteriores a una relación sexual sin protección. Sin embargo, los farmacéuticos objetores consideran que tiene efectos abortivos. Además, es el único contraceptivo hormonal que se dispensará sin necesidad de receta médica.

El Consejo Andaluz de Médicos teme que el proyecto de ley de "muerte digna" encorsete la objeción de conciencia.

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos mostró hoy su temor de que el proyecto de Ley de Muerte Digna, texto que el Gobierno autonómico aprobó el pasado martes remitirlo al Parlamento andaluz para su debate y aprobación definitiva, "encorsete" la objeción de conciencia de los profesionales de la medicina. El pleno de presidentes de este órgano colegial, que se ha reunido en sesión extraordinaria, sostiene que dicha norma "corre el riesgo de poder encorsetar al profesional de la medicina" a la hora de tomar decisiones, "que calificamos como trascendentales". Por ello, la citada entidad considera "imprescindible" la incorporación de fórmulas que "resuelvan las dudas de conciencia" y como medio de "asegurar la independencia del médico en su ejercicio y el propio valor de sus actos". Este derecho, aclara el pleno de presidentes del Consejo Andaluz de Médicos, se ejercería "sin menoscabo de las garantías del paciente". NORMA QUE NACERÍA "ROTA" SIN CONSENSO "Una norma que protocolice procesos, actuando en el terreno de las convicciones personales, nacería necesariamente rota en uno de sus pilares si se impidiera la resolución de conflictos éticos, que facilitarían la gestión diaria de la aplicación de la Ley", prosiguen en su escrito. De igual modo, consideran necesario una presencia "más explícita" de la corporación profesional médica en los comités de ética hospitalarios, hecho que a juicio de este colectivo representa una "garantía deontológica ineludible que debe ser atendida, como medio de sumar credibilidad al sistema y en un marco de trabajo en equipo". En cualquier caso, valoran el "esfuerzo" de la Administración en el campo de los Cuidados Paliativos como medio de proporcionar "la mayor dignidad y alivio a los enfermos y familiares" en ese trance de la vida. POSTURA DEL GOBIERNO ANDALUZ Precisamente ayer, la consejera de Salud, María Jesús Montero, explicó hoy que el proyecto de Ley de Muerte Digna de Andalucía "no contempla la objeción de conciencia" que un profesional sanitario pueda mostrar a la hora de limitar el esfuerzo terapéutico a un paciente en situación terminal que así lo pidiese, ya que, según aclaró, desde el Gobierno andaluz "entendemos que tiene que ser un ámbito estatal el que regule este apartado de forma general". En una entrevista concedida a Punto Radio y recogida por Europa Press, Montero opinó que "probáblemente éste es el ámbito en el que la objeción de conciencia tiene que tener una regulación más clara, al igual que ocurre con las técnicas del aborto". "Tengamos en cuenta que las prácticas que se regulan en esta ley son consideradas buenas prácticas clínicas, incluida la sedación paliativa terminal que, aunque acorte la vida del individuo, lo que persigue es disminuir el dolor y por tanto aliviar sus síntomas", argumentó. Por ello, Montero dijo entender que "sería muy excepcional que cupiera la objeción de conciencia". Sea como fuere, consideró que "por estas razones se tendría que regular en ese nivel más general". Con todo, quiso dejar claro que el proyecto de ley "si recoge la garantía de que, ocurra lo que ocurra y ante cualquier imprevisto en la relación profesional médico-paciente, el centro donde se encuentre tiene que ser garante de que el paciente recibirá el tratamiento que ha expresado". Recordó que esta ley lo que recoge es la "garantía" de hacer valer la voluntad del paciente en el tramo final de la vida, toda vez que aprovechó para defender que este proyecto de ley "también otorga una seguridad jurídica a los profesionales que están desarrollando estas técnicas a diario en los centros sanitarios". Al hilo de ello, argumentó que la ley evitará "que no ocurran situaciones como la que pasó en el Hospital de Leganés" --en el Severo Ochoa--, ya que el procedimiento "estará perfectamente recogido en la historia clínica del paciente".

Los médicos de AP discrepan sobre cómo dispensar la 'pdd' sin receta

Paloma Casado, de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), afirma que "en realidad la Administración se ha quitado un problema de encima para dejarlo en manos de los farmacéuticos sin tener en cuenta que la farmacia no es el lugar idóneo para atender este tipo de casos". Casado afirma que entiende perfectamente a un farmacéutico que no quiera dispensar la pdd sin receta a menores de 16 años "porque es un asunto delicado". "Sería conveniente establecer protocolos, operar desde los centros de salud y garantizar una dispensación adecuada", asegura. Atender primero No es de la misma la opinión de Lorenzo Arribas, médico del equipo de Atención a la Mujer de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc). "Creo que entre algunos farmacéuticos hay exceso de miedo y algo de desconocimiento sobre la pdd. Cuando llega una mujer con un posible embarazo consecuencia de un accidente hay que resolver el problema, y si es menor, con más razón. Hay que darle la píldora primero, entre otras cosas porque es un medicamento inocuo, con pocos efectos secundarios y que puede evitar un embarazo que es una tragedia". La Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (Camfic) estima que no se trata de dispensar la pdd libremente sino de hacerlo sin receta, que no es lo mismo. "En realidad, en Cataluña éste no es un problema ya que se dispensa en centros sanitarios donde las pacientes son atendidas por profesionales que la someten a un control y una información suficiente". Así lo explica a CF Josep Espinasa, vocal de Comunicación de Camfic. "La dispensación de la pdd ha de ser siempre con consejo médico, sea cual sea la circunstancia, y espero que nunca se hará libremente sino sometida a un control farmacéutico reglado y efectivo." Problemas juríidicos Pero los farmacéuticos contrarios a dispensar la píldora del día después sin receta a menores de 16 años no aluden solamente a motivos de salud sino también a las posibles consecuencias penales. Lorenzo Arribas, de Semfyc, afirma que "los farmacéuticos tienen que aprender de la experiencia de los médicos, que ya vivieron ese debate hace unos años. Por una parte, no se ha dado ni un caso de consecuencias negativas por administrar ese fármaco a mujeres menores ni mayores, y, por otro, aunque eso lo deben decir los abogados y expertos, desde nuestro punto de vista la pdd se puede dispensar perfecta y legalmente por criterios sanitarios". Arribas dice que "el problema del profesional de la salud es el paciente y los problemas jurídicos son de los abogados". Este aspecto jurídico es controvertido y por eso la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (Sefac) pide que, si se mantiene la decisión de que se dispense la pdd sin receta y a menores de 16 años, se incluya una cláusula que desarrolle la dispensación de este medicamento para que el farmacéutico esté protegido. La sociedad científica cuenta con un informe jurídico en el que se afirma que el boticario estaría exento de responsabilidades en la medida en que la medida tendría origen en una decisión de la Administración, aunque no excluye completamente que haya litigios. Temor a la inseguridad y al descontrol El anuncio de las ministras de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, y de Igualdad, Bibiana Aído, sobre una próxima dispensación de la pdd sin receta llevó la preocupación el sector farmacéutico, que teme que se produzca una situación de inseguridad para el paciente y el profesional así como una imposibilidad de protocolizar la dispensación. Protocolos: Sanidad sigue esperando ideas de los colegios y las sociedades científicas El Ministerio de Sanidad y Política Social elude pronunciarse sobre la opinión farmacéutica de que no se debe dispensar la pdd a menores de 16 años por motivos sanitarios y legales y dice que se siguen esperando sugerencias para poner en marcha una dispensación segura y eficaz. Mientras tanto, en el Consejo General de COF se sigue elaborando un protocolo, con asesoramiento de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, y que se inspirará en el protocolo británico sobre la pdd que será entregado al Ministerio. Sanidad ha solicitado también a las sociedades médicas ideas para elaborar esas pautas que den seguridad a las pacientes y a los profesionales en la dispensación de la pdd sin receta, pero desde Semergen se asegura que esa consulta se ha limitado a la propuesta de elaborar un folleto de información, un díptico, que contendrá la información básica y una serie de consejos, "lo que tal vez no sea suficiente", afirma a CF Paloma Casado, miembro de esa sociedad. Obstáculos importantes Como ha venido diciendo este periódico, colegios y profesionales de la farmacia ven obstáculos importantes en la elaboración de un protocolo que garantice una dispensación segura de la pdd. La ley impide un seguimiento de los pacientes por parte de los boticarios y las pacientes no están obligadas a aceptar el consejo farmacéutico. Además hay problemas prácticos, dice Casado, ya que en la farmacia se requeriría un espacio de intimidad en el que una mujer explique lo que le pasa y qué necesita sin que lo oiga más que el farmacéutico, "y eso no es posible en todas las boticas". Todas esas dificultades, legales y técnicas, acumulan incovenientes a la hora de regular la dispensación sin receta y a la vez con control farmacéutico y de elaborar los protocolos.

NOTA DE PRENSA DE ANDOC SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE MUERTE DIGNA DE ANDALUCÍA

Un proyecto legal que no necesita regular la objeción de conciencia para violentarla. El Consejo de Gobierno andaluz acaba de aprobar el proyecto de ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte, más conocido como “ley de muerte digna”.. Esta propuesta legal tiene poco de novedoso: la mayoría de los derechos y garantías que establece para la digna atención del paciente están ya contempladas en otras leyes generales anteriores: la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente y la ley General de Sanidad de 1986; respecto a los profesionales, las “malas prácticas” que trata de evitar ya aparecen sancionadas, además de en las normas mencionadas, en los Códigos Deontológicos sanitarios. No es de extrañar que otras Comunidades Autónomas, con previsiones estatutarias similares, hayan optado por seguir la ley vigente, sin aventurarse con proyectos, a todas luces, innecesarios. Si bien es cierto que el proyecto andaluz no regula la objeción de conciencia, deja muy mal parada la libertad profesional y de conciencia de los médicos al indicar en su artículo 17 que los profesionales sanitarios “implicados en la atención del paciente tienen la obligación de respetar los valores y preferencias del paciente en la toma de decisiones clínicas, debiendo abstenerse de imponer sus opiniones personales morales, religiosas, filosóficas o de cualquier naturaleza”. De respetar las convicciones de los pacientes sin imponer las propias, a reducir al médico al silencio ante “preferencias del paciente”, obligándole incluso a abstenerse de manifestar sus opiniones de “cualquier naturaleza”, hay una diferencia abismal. ¿Creen que con profesionales “mudos” pueden curarse o aliviarse enfermedades o contribuir al avance de la medicina? ¿Tiene algo que ver una disposición de este género con la realidad cotidiana de la asistencia sanitaria? Para prestar una atención integral y de calidad a los pacientes graves o terminales, se hace necesario desarrollar mucho más los cuidados paliativos, formar a los profesionales en esta materia, dotar de medios específicos suficientes a los centros sanitarios, no cargar contra los profesionales, ni obligarles a actuar contra sus conocimientos y conciencia. Cualquier ley de “muerte digna” que no cuente con los profesionales sanitarios, no aportará dignidad ni a los médicos, ni a los pacientes, ni al propio sistema sanitario. Jaén, 12 de junio de 2009

Una asociación de ginecólogos advierte al Ministro de Justicia que no regulará sus conciencias.

La plataforma Ginecólogos por el Derecho a Vivir ha replicado hoy al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que la nueva Ley del Aborto no conseguirá regular sus "conciencias", porque, dice, vulnera el derecho a objetar ante una práctica que "acaba con la vida" y "lesiona la salud de las madres". Este grupo está integrado por un centenar de ginecólogos entre los que se encuentran profesionales como José Zamarriego, ex presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, y los doctores Luis Chiva, Luis Granados y Esteban Rodríguez Martín. Los expertos censuran que, en el proyecto legislativo que prepara el Gobierno, un médico puede objetar frente al aborto "sólo si el hospital en el que trabaja hace posible que la interrupción voluntaria del embarazo se pueda realizar". El anteproyecto prevé, además, la exclusión de los especialistas que defiendan el derecho a vivir de los comités de bioética de los hospitales públicos. "No nos hemos hecho ginecólogos para acabar con la vida de nuestros pacientes y lesionar la salud de las madres y no vamos a consentir que se nos trate como esclavos con leyes totalitarias que violan nuestros derechos individuales, tratando de regular nuestras conciencias", advierte el grupo en un comunicado. La objeción al aborto es claramente mayoritaria entre los ginecólogos, según este colectivo, que agrega que "sólo una minoría lo practica, principalmente en centros privados". Los médicos exigen que se les permita actuar conforme a sus "obligaciones deontológicas" y señalan tres artículos del Código de Ética y Deontología Médica de 1999, para que el Gobierno comprenda la posición de este colectivo profesional. El primer artículo indica que "el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste". Otra norma, recogida en el Código, establece que "al ser humano embriofetal enfermo se le debe tratar de acuerdo con las mismas directrices éticas, incluido el consentimiento informado de los progenitores, que se aplican a los demás pacientes". Finalmente, señala, en el texto se reconoce que "el médico tiene el derecho a negarse por razones de conciencia a interrumpir un embarazo". Ginecólogos por el Derecho a Vivir anuncia que "muchos" se seguirán negando a interrumpir embarazos "aunque no haya ningún médico en el hospital que sea capaz de perpetrar la terminación feticida de la gestación, aún a riesgo de sanción penal que nos convertiría en víctimas inocentes de una ley injusta". También critica la exclusión de los médicos objetores de los comités de bioética de los hospitales públicos que deben informar sobre casos de aborto, porque esto "supone una discriminación ideológica totalitaria de los facultativos". "No sólo vulnera el artículo 16 de la Constitución, sino que deja indefenso al nascituro, al carecer, en dichas comisiones, de una representación que defienda sus intereses", sostienen los ginecólogos. En su opinión, la medida priva a la mujer de conocer toda la información acerca de las consecuencias del aborto para su salud sexual, reproductiva y psíquica, lo que le impedirán tomar una decisión informada.

La OMC teme una posible banalización del consumo

Tras el anuncio del Ministerio de Sanidad y Política Social de la dispensación en farmacias de la píldora del día después sin necesidad de receta médica, la Organización Médica Colegial (OMC) emitió un comunicado advirtiendo del peligro de la banalización de su consumo, "especialmente entre la población joven, que podría hacer uso de esta oportunidad de planificación sin una valoración médica y un seguimiento de su seguridad tanto a corto como a largo plazo, detectando a tiempo cualquier problema médico que pudiera presentarse con su empleo en determinados pacientes". El Consejo General de Colegios de Médicos denomina este medicamento como una píldora anticonceptiva de emergencia (PAE), aunque en su portal electrónico la menciona como píldora abortiva. Y es que dependiendo del momento de su administración producirá efectos anticonceptivos o abortivos. La institución colegial, presidida por Juan José Rodríguez Sendín, aclara que la PAE es un medicamento y como tal "no está exento de riesgos, por lo que antes de su administración debe ser el médico quien haga una valoración del beneficio/riesgo que la prescripción supondrá para cada paciente en particular". Además, solicita que no se utilice como "método habitual de anticoncepción, sino sólo como última medida cuando exista riesgo de embarazo no deseado" cuando no se hayan empleado otros métodos anticonceptivos. Término engañoso En cuanto a su denominación, la OMC matiza que el uso del término "píldora del día después es engañoso", ya que puede inducir a su empleo al día siguiente, "cuando es un método cuya eficacia depende en gran medida de la inmediatez con que se tome, estando su mayor eficacia dentro de las veinticuatro horas siguientes" al acto sexual. En los casos en los que ya hay embarazo, la entidad colegial aclara también que el consumo de la PAE "no lo interrumpe ni perjudica al embrión ni al feto". Y que, a diferencia de otros métodos anticonceptivos de barrera, "no protege contra las infecciones de transmisión sexual como el sida, la sífilis, etcétera". Por último, la organización colegial aconseja que la dispensación sea "gratuita y en los centros de salud". Con esta medida se facilitaría el acceso y la posibilidad del médico de "informar de manera individualizada a cada paciente, detectar cualquier desviación que en el uso de este medicamento pudiera producirse y, en su caso, hacer -especialmente a los jóvenes- la planificación y recomendación de otros métodos anticonceptivos".

Los médicos dicen que los padres deben saber que su hija ha abortado

La Organización Médica Colegial (OMC) señala que un aborto es una intervención traumática a nivel físico y mental, por lo que destaca como "error" y "poco afortunado" fijar en los 16 años la edad legal para abortar sin consentimiento paterno ya que puede crear "graves problemas". Madrid.- El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, afirmó hoy que el aborto "no es como tomarse un caramelo", sino que se trata de una intervención quirúrgica "traumática" en la que la autonomía de la paciente "debe hacerse compatible con el derecho de los padres a estar informados". En un encuentro con los medios, Rodríguez Sendín se mostró contundente tras la aprobación del anteproyecto de Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo en el último Consejo de Ministros y calificó de "error" y "poco afortunado" fijar en los 16 años la edad legal para abortar sin consentimiento paterno o del tutor ya que puede crear "graves problemas" en los entornos familiares, a su juicio, "más de los que ya de por si puede haber". Aunque la Ley de Autonomía del Paciente fije en los 16 años la edad a partir de la que se puede dar el consentimiento informado a cualquier otra prestación sanitaria, insistió en que es necesario "darle la oportunidad al padre o la madre de que sepan los problemas de su hija para ayudarla o consolarla", insistiendo en que "no es como tomarse un caramelo o ir al botellón, es una intervención quirúrgica traumática en los aspectos personales y ningún plato de gusto". Además, Rodríguez Sendín se mostró disconforme con el Gobierno por haber tratado el tema desde el Ministerio de Igualdad y no desde Sanidad, que es "el que sabe", y criticó que no se haya tenido en cuenta la "opinión de los autores" en un tema "tan controvertido" como el aborto. De hecho, advirtió de que con la nueva norma se pueden dar situaciones de "confrontación de valores" entre las ciudadanas que quieran ejercer un derecho y el profesional que no quiera llevarlo a cabo, por lo que pidió "regular la objeción de conciencia de los médicos". Desde la OMC, consideran que la mejor forma para hacerlo es creando un registro de profesionales en cada colegio de médicos en el que quede patente la postura de cada facultativo ante estas prácticas y, al mismo tiempo, "poder demostrar que son coherentes con sus actuaciones" en la práctica clínica. Consentimiento informado entendible Igualmente, pidió a los profesionales ser "responsables" con el consentimiento informado que firman las pacientes que quieran abortar y advierte de que los médicos "deben asegurarse de que la mujer entiende lo que firma y explicar el contenido que no se entienda". En estos casos, aseguró el presidente de la OMC, "debe cuidarse la salud mental" de estas pacientes por lo que el consentimiento "no se ciñe a un papel" ya que las mujeres pueden precisar información complementaria que hay que facilitar.

La Sociedad Española de Médicos de Familia (SEMG)aprecia "efectos adversos" socio-sanitarios en dispensar sin receta la píldora postcoital

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) estima que la decisión del Ministerio de Sanidad y Política Social acerca de la libre dispensación en farmacias de la píldora anticonceptiva de emergencia puede llevar implícitos 'efectos adversos' socio-sanitarios. La entidad señaló en un comunicado que, si el objetivo, tal como ha declarado el Ministerio, es "facilitar el acceso de todas las mujeres a la píldora", no se entiende que, en vez de mejorar un sistema que funciona globalmente, como por ejemplo extendiendo la gratuidad a toda España, se opte por otro que puede tener consecuencias perjudiciales. Según destacaron, la píldora anticonceptiva de emergencia es, como su propio nombre indica, un método anticonceptivo que no debe ser contemplado como el habitual y que, pese a contar con demostrada eficacia --mayor cuanto antes se aplique--, no deja de ser un tratamiento que, por sus características, ha de contar con prescripción y asesoramiento médico. Por ello, teniendo en cuenta que su uso implica el fallo u omisión de la aplicación de otros métodos anticonceptivos, considera que el consejo médico adquiere, si cabe, mayor importancia. "Desde esta sociedad científica se considera que es el Centro de Salud el lugar indicado para todo ello, junto a los puntos de atención continuada, tal como se está haciendo", señaló. Además, la SEMG advirtió que un método anticonceptivo de emergencia puede ser efectivo para intentar reducir el número de embarazos no deseados que se producen --especialmente en adolescentes--, pero su uso generalizado puede conllevar que el centrar la atención en evitar los embarazos produzca relajación en cuanto a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, ante las cuales sigue siendo el preservativo el método más fiable y la educación una herramienta imprescindible.

Madrid: 19 médicos municipales objetan para no prescribir la píldora poscoital

l Ayuntamiento de Madrid fue pionero al dispensar gratis la píldora poscoital en su centro de salud joven. También se ha convertido en una rareza en la región, donde conseguir la pastilla, especialmente en fin de semana, es poco menos que una odisea. El consistorio cuenta con 16 Centros Madrid Salud (CMS) en los que trabajan médicos de familia, ginecólogos, psiquiatras y psicólogos. En todos se receta la píldora en días laborables y en dos, el del centro para jóvenes (Navas de Tolosa, 12) y el de Puente de Vallecas (Concordia, 15), también en fin de semana. Pero 19 de sus profesionales se niegan a prescribirla, según un documento del Instituto de Salud Pública municipal fechado en enero. Alegan su derecho a la objeción de conciencia. Los objetores son 15 médicos de familia y cuatro ginecólogos. De media, uno por centro, pero en algún caso suponen más de la mitad de los facultativos. Su negativa a recetar la anticoncepción de emergencia ha obligado a reorganizar los turnos de trabajo para que siempre haya un médico que pueda prestar el servicio. Los centros con más objetores son el de Villa de Vallecas (cuatro médicos de familia y un ginecólogo) y el de Arganzuela (tres y uno). La plantilla de los CMS está compuesta, entre otras especialidades, por tres médicos de familia y un ginecólogo por turno (mañana y tarde), que son los que recetan la píldora. En total, y asumiendo que las plantillas están completas, sin bajas no cubiertas, en los 16 centros habría entre 120 y 130 facultativos. La objeción, por tanto, sería del 15%. "El Ayuntamiento no puede consentirlo. Este medicamento no es abortivo, así que no cabe la objeción de conciencia", asegura Óscar Iglesias, concejal socialista. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la píldora del día después un medicamento "esencial", que no es abortivo, sino una "anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo no deseado". Iglesias criticó las declaraciones que hizo el jueves Alberto Ruiz-Gallardón. El alcalde aseguró que seguirá dispensando gratis la píldora -a las menores y las mujeres sin recursos- aunque bajo prescripción médica. El anuncio no tiene mayor recorrido que el de constituir una crítica al ministerio, ya que, en realidad, no cambia nada. Las mujeres que antes pasaban por los CMS para pedir una receta e ir a la farmacia, a partir del verano se saltarán ese paso. Las que podían solicitarla gratis seguirán acudiendo y serán atendidas por un médico, como hasta ahora. El Ayuntamiento no quiere entrar en el debate de la objeción, aseguró ayer una portavoz. "Regularla no entra en nuestras competencias". Lo importante no es cuántos médicos objetan, sino que "siempre haya uno que dispense la píldora poscoital". Para ello, "se adapta la estructura de la plantilla para que se pueda dar el servicio". Aunque no siempre es así. Para empezar, hay dos centros, en Latina y Retiro, que no ofrecen el servicio por la tarde. Además, las bajas de los profesionales a veces dejan un turno sin cubrir. Este periódico lo comprobó en abril pasado, en Villa de Vallecas. "La doctora no ha venido y el otro que está hoy es objetor", explicó un empleado. "Nos repartimos el trabajo entre los demás", explica una ginecóloga, que pide anonimato. "Pero en vacaciones a veces hay algún turno en el que no hay quien recete la píldora".

La Sociedad Española de Médicos de Familia (SEMG)aprecia "efectos adversos" socio-sanitarios en dispensar sin receta la píldora postcoital

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) estima que la decisión del Ministerio de Sanidad y Política Social acerca de la libre dispensación en farmacias de la píldora anticonceptiva de emergencia puede llevar implícitos 'efectos adversos' socio-sanitarios. La entidad señaló en un comunicado que, si el objetivo, tal como ha declarado el Ministerio, es "facilitar el acceso de todas las mujeres a la píldora", no se entiende que, en vez de mejorar un sistema que funciona globalmente, como por ejemplo extendiendo la gratuidad a toda España, se opte por otro que puede tener consecuencias perjudiciales. Según destacaron, la píldora anticonceptiva de emergencia es, como su propio nombre indica, un método anticonceptivo que no debe ser contemplado como el habitual y que, pese a contar con demostrada eficacia --mayor cuanto antes se aplique--, no deja de ser un tratamiento que, por sus características, ha de contar con prescripción y asesoramiento médico. Por ello, teniendo en cuenta que su uso implica el fallo u omisión de la aplicación de otros métodos anticonceptivos, considera que el consejo médico adquiere, si cabe, mayor importancia. "Desde esta sociedad científica se considera que es el Centro de Salud el lugar indicado para todo ello, junto a los puntos de atención continuada, tal como se está haciendo", señaló. Además, la SEMG advirtió que un método anticonceptivo de emergencia puede ser efectivo para intentar reducir el número de embarazos no deseados que se producen --especialmente en adolescentes--, pero su uso generalizado puede conllevar que el centrar la atención en evitar los embarazos produzca relajación en cuanto a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, ante las cuales sigue siendo el preservativo el método más fiable y la educación una herramienta imprescindible.

Encuentro del presidente del episcopado estadounidense con Obama; entre otros temas, abordaron el de la objeción de conciencia al aborto

WASHINGTON, miércoles, 18 marzo 2009 (ZENIT.org).- El cardenal Francis George, OMI, arzobispo de Chicago y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, mantuvo un encuentro este martes en la tarde con el presidente Barack Obama en el Salón Oval de la Casa Blanca. En el encuentro privado, que duró unos 30 minutos, "el presidente y el cardenal George hablaron de una amplia gama de cuestiones, incluidas importantes oportunidades para el gobierno y la Iglesia católica de seguir su larga relación para afrontar algunos de los desafíos más urgentes de la nación", ha informado una declaración de la Casa Blanca. "El presidente agradeció al cardenal George su liderazgo y la contribución de la Iglesia católica en América y el mundo", añade la nota. Una declaración de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos explica que, al final del encuentro, el purpurado "expresó su gratitud por el encuentro y su esperanza de que promueva un fecundo diálogo a favor del bien común". En un reciente vídeo-mensaje (cfr. http://www.usccb.org/conscienceprotection), el cardenal George afrontó dos temas particularmente importantes para la vida del país: la libertad religiosa y la libertad de conciencia. El 27 de febrero, recordó, la administración Obama ha publicado, en una página web federal, la noticia, según la cual, pretende eliminar la regla de la objeción de conciencia en el Departamento para la Salud y los Servicios Humanos. Esta norma, explica el cardenal, "forma parte de la amplia gama de protecciones legales para quien trabaja en el sector sanitario" y "tiene problemas de conciencia al quedar involucrado en abortos u otros procedimientos de homicidio que son contrarios a su fe". El purpurado confiesa que está "profundamente preocupado ante el hecho de que una acción así por parte del gobierno pueda ser el primer paso para llevar a nuestro pías de la democracia al despotismo". "Ningún gobierno debería entrometerse entre el individuo y Dios", declara. "¿Por qué motivo nuestro gobierno y nuestro sistema legal no deberían permitir la objeción de conciencia en el caso de una acción moralmente negativa, el homicidio de un niño en el seno materno?", pregunta el purpurado. Según George, "la gente entiende lo que sucede realmente en un aborto": "se mata a un miembro de la familia humana". Por este motivo, aclara, "nadie debería verse obligado por el gobierno a actuar como si fuera ciego ante esta realidad". Por este motivo, el cardenal pide a todos los ciudadanos que manifiesten al gobierno su deber de defensa de la objeción de conciencia a través de la página web: http://www.usccb.org/conscienceprotection/

Adolescente que recibió tratamiento con células fetales desarrolla tumores

en 2001, un tratamiento regenerativo y en varias ocasiones se inyectó en su cerebro y en los fluidos que lo rodean un trasplante de células madre germinales neurales. La revista científica "PLoS Medicine" informó en su última edición que un adolescente que padece una rara enfermedad genética, desarrolló tumores en el cerebro y en la médula espinal a consecuencia de una terapia con células madre fetales, lo que ha generado dudas entre los científicos de qué tan seguro es un tratamiento de este tipo. Según informó la prensa, científicos de Sheba Medical Center (Israel) explicaron en la revista que dicho joven, que padece de una enfermedad llamada Ataxia Telangiectasia, recibió a los nueve años, en 2001, un tratamiento regenerativo y en varias ocasiones se inyectó en su cerebro y en los fluidos que lo rodean un trasplante de células madre germinales neurales. Sin embargo, en el año 2005 comenzó a sufrir dolores de cabeza. Una resonancia magnética reveló crecimientos celulares anormales en el cerebro y la médula espinal. Al año siguiente, los médicos le extirparon la masa de la médula que, al ser analizada, reveló que el origen había sido la terapia con células madre fetales.

El Comité de Bioética urge a regular la objeción del médico

El Comité de Bioética de España ha incluido en su plan de trabajo para 2009 la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios al considerar que es un tema que debe regularse "de forma urgente" ante los problemas que ocasiona en la práctica clínica y, en concreto, en casos de aborto y eutanasia, según lo anunció hoy la presidenta de este organismo, Victoria Camps, tras su primera reunión mantenida hoy en Madrid. A este respecto, Camps aseguró que "la objeción de conciencia está creando problemas, sobre todo a propósito de la interrupción voluntaria del embarazo en los centros públicos" de ahí que sea necesario llegar un consenso y regular esta práctica en el ámbito sanitario. Actualmente, falta una legislación homogénea sobre objeción de conciencia y sólo existen "reacciones a casos concretos dependientes del ordenamiento jurídico", afirmó el magistrado emérito del Tribunal Supremo, Antonio Martín Pallín, ya que la Constitución sólo la contempla en casos relacionados con el servicio militar y en el ámbito de los medios de comunicación. No obstante, los miembros del Comité precisaron que la objeción de conciencia afecta a otros aspectos de la profesión médica y no debe vincularse sólo a estos dos temas, precisó Pablo Simón, ya que también está generando problemas en temas vincluados a la anticoncepción postcoital --donde muchos médicos se acojen a la objeción de conciencia para no administrarla, explicó-- o el cumplimiento de los testamentos vitales. Este organismo, constituido formalmente en noviembre de 2008, se ha propuesto ocho líneas de trabajo entre los que, sin embargo, no se incluyen explícitamente el debate de la eutanasia como tal, al no considerarse "un tema primordial" para el comité y después de que no les haya llegado ninguna petición concreta para que se debata en el seno de este organismo. En este sentido, Camps distinguió entre los casos relacionados con los cuidados paliativos y el tratamiento de los enfermos terminales, considerada como "eutanasia pasiva", y el suicidio asistido, que "en ningún momento salió como tema a debatir" por este comité. "Si ahora tratáramos este tema, probablemente lo estropeáramos", añadió Camps a título personal, advirtiendo de que la "sociedad no está en condiciones de abordar la eutanasia como suicidio asistido". En esto coincidió con otro de los miembros de este organismo y presidente de la Sociedad Internacional de Bioética, Marcelo Palacios, quien por contra si abogó por que "la sociedad aborde este tema pronto". En cuanto al tema del aborto, la presidenta del Comité de Bioética lamentó que, al haber "tardado tanto en constituirse", el tema del aborto estaba ya debatiéndose en el Congreso de los Diputados, mientras que el Ministerio de Igualdad decidió crear otro órgano consultivo paralelo al trabajo que podría haber llevado a cabo éste. SIN PROPUESTAS DEL GOBIERNO Y EL PARLAMENTO Entre los temas a tratar, Camps afirmó que no han recibido ninguna propuesta por parte de los ministerios de Sanidad y Ciencia e Innovación, a pesar de que la semana pasada se reunieron con los titulares de ambos departamentos. Del mismo modo, tampoco han recibido propuestas de estudio por parte del Parlamento alegando que tan sólo llevan cinco meses en funcionamiento y "todavía es pronto para que surjan temas". De este modo, y a iniciativa propia, se estudiará la utilidad de los códigos de buenas prácticas clínicas y de investigación; la biometría y la protección de datos; los beneficios de los pacientes derivados de la investigación clínica y la patentabilidad; los placebos; la investigación en práctica quirúrgica y consentimiento informado; las quimeras e híbridos biológicos en la investigación; y los bancos de cordón umbilical. Para debatir todas estas cuestiones se irán reuniendo periódicamente y no siempre en Madrid --la próxima, en el mes de junio, será en Gijón-- y de los temas que haya consenso se pretende dar la mayor difusión posible para que la sociedad conozca y participe de estas opiniones. Asimismo, en temas concretos, como el reciente caso de Eluana, tienen previsto responder rápidamente a través de una nota informativa especificando su postura, a pesar de que su papel "no es el de resolver conflictos", reconoció su vicepresidente, Carlos Alonso. "CONCILIACIÓN" CON EL FUTURO COMITÉ DE ÉTICA Por último, Camps también advirtió de que está en conversaciones con el Ministerio de Ciencia e Innovación para conocer cómo quedará constituido el Comité de Ética de la Investigación que aparece en el borrador de la Ley de Ciencia a fin de "llegar a un acuerdo sobre la conciliación" de ambos organismos. "Se trata tan sólo de un borrador de expertos", precisó la presidenta del Comité de Bioética, por lo que están a la espera de cómo va a funcionar este nuevo organismo y las funciones que desempeñará. "Estamos hablando para llegar a un acuerdo para que, si tienen que subsistir, que lo hagan de una forma pacífica", advirtió, recordando en cualquier caso que el que ella preside "abarca un ámbito más amplio".

La objeción de conciencia médica a debate: reportaje de Diario Médico 11-02-09 sobre la objeción al aborto.

Objeción: derecho del médico frente al aborto Libertad de conciencia. La objeción de conciencia es un derecho que cada vez está más ligado a la profesión sanitaria. La posibilidad de que España cuente con una ley que permita el aborto libre está cada vez más cerca y planteará sin duda alguna muchas dudas éticas al profesional Marta Esteban 11/02/2009 Los expertos consultados por diario médico coinciden en que el Estado no puede imponer una prestación que sea contraria a la integridad moral de un médico, dudan de la necesidad de una regulación específica en esta materia y se muestran recelosos ante la creación de un registro de objetores. La reforma de la ley del aborto que el Gobierno tiene previsto aprobar en el segundo semestre de este año vuelve a dar protagonismo absoluto a la objeción de conciencia en el ámbito sanitario. Este derecho ya ha sido alegado por los médicos y otros profesionales en cuestiones como la prescripción y dispensación de la píldora del día después, la investigación con embriones sobrantes de la fecundación in vitro, el diagnóstico preimplantacional e incluso en el uso de algunas técnicas de detección de malformación fetales, como la ecografía a las veinte semanas de gestación. Los avances médicos que chocan con la conciencia de los profesionales han llegado incluso a los tribunales de justicia. El propio Tribunal Constitucional reconoció este derecho en la sentencia de 1985 sobre la constitucionalidad de los tres supuestos que a día de hoy están permitidos en la interrupción voluntaria del embarazo. La forma en la que la nueva ley sobre el aborto recogerá este derecho, para algunos constitucional, es todavía una incógnita. Pero son muchas las dudas sobre el alcance de la objeción de conciencia cuando se enfrenta al derecho de los ciudadanos a una prestación reconocida por el Estado. Preguntas y respuestas 1- ¿Puede el Estado imponer a sus funcionarios que faciliten una prestación que forma parte del catálogo? 2- ¿Qué límites tiene el derecho a la objeción de conciencia? 3- ¿Sería necesaria una ley específica para regular este derecho? ¿Es posible su regulación? 4- ¿Está a favor de la creación de un registro de objetores? "Un registro exigiría regular su acceso" (José López Guzmán, Universidad de Navarra ): 1- La actitud de un Estado puede oscilar entre admitir que aquéllos que vean agredida su integridad moral puedan recurrir a la objeción -omitiendo una acción- y la de sojuzgar la conciencia de sus ciudadanos, negando su libertad de conciencia. El Gobierno está efectuando un verdadero acoso a quien discrepa de sus medidas. No sólo por coartar y negar el respeto a la libertad, sino por hostigar y ridiculizar a quien no comparte su opinión. 2- Una de las cuestiones que debe tenerse en cuenta es que la omisión no ponga en peligro la vida de ningún sujeto. En el caso del aborto, si un médico se opone, la mujer es perjudicada por tener que ir a otro facultativo, pero se protege la conciencia del médico y la vida del nuevo ser. 3- Es muy difícil. La vía ordinaria de regulación son los jueces, pero si los altos tribunales son del color del Gobierno ofrecen escasas garantías y los profesionales están desorientados. 4- Soy bastante reacio, pero en algunos casos puede ser necesario. Esa información debería ir acompañada de una regulación sobre su acceso. "Su regulación deberá evitar la discriminación" (Rafael Navarro Valls, Academia de Jurisprudencia): 1- Cuando una prestación contrasta con las convicciones éticas, deontológicas o morales de un médico, el Estado no puede imponerla con medidas coactivas. La obligación de organizar un servicio recae sobre los entes hospitalarios, no sobre los objetores. Si hay discrepancia entre el derecho de la madre y el del objetor, prevalece el último al ser derecho fundamental. 2- Insistir demasiado en las limitaciones de este derecho es hacer elucubraciones que desconocen la realidad de la vida sanitaria. Por ejemplo, limitarlo sólo al supuesto de que haya otros médicos que lo realicen es un falso dilema. Imponer la obligación de elaborar un catálogo de personal objetor o no objetor es un atentado contra la privacidad. Establecer gravámenes a modo de prestaciones sanitarias sustitutorias sería algo irreal y desenfocado. 3- La objeción de conciencia a prácticas abortivas no está regulada. El Constitucional ha establecido que para ser tutelada no es necesaria una ley. La regulación que pueda hacerse de este derecho debe poner especial cuidado en evitar toda discriminación injusta contra el personal médico. Por ejemplo, negarse a contratar a quienes no quieren practicar abortos, obligarles a declarar sobres sus razones, etc. "Estoy a favor de un registro de no objetores" (Justo Aznar, Director del Instituto de Ciencias de la Vida): 1- El Estado ofrece unas prestaciones, pero cuando chocan con la conciencia lo lógico es que se respete el derecho a no facilitar esa prestación. 2- La objeción tiene los límites de los derechos superiores a ella. 3- Tampoco sería malo que hubiera una ley. Sin embargo, puede ser una ley tan limitativa que reduzca mucho el derecho. 4- Estoy a favor de un registro, pero de los no objetores. Un listado de los profesionales que objetan puede ser usado para otros fines. "La objeción al aborto, derecho fundamental" (Antonio Galbis, Pte. de la Deontológica del Consejo Andaluz): 1- En el aborto se ha reconocido expresamente la objeción de conciencia como derecho fundamental por el Tribunal Constitucional en 1985, por lo que no se puede impedir su ejercicio. 2- La objeción tiene cuatro características. La colisión entre una norma legal que impone un deber y una moral que tiene el sujeto. En segundo lugar, la motivación, esto es, la razón moral por la que el sujeto objeta. La tercera característica sería la finalidad, es decir, el objetor quiere que esa norma legal no se le aplique. Y, por último, el casuismo, pues la objeción no cabe en cualquier materia. La finalidad y el casuismo son los límites. 3- No es fácil, pero eso no quiere decir que no sea posible. Dada la situación existente, sería factible incluyendo un artículo dentro de la ley. En los demás casos no hay más remedio que acudir a los tribunales. 4- Para el caso del aborto sería muy conveniente, siempre que se cumplieran las normas sobre intimidad para evitar lo que dice el Código Deontológico: "El médico no debe estar condicionado por acciones u omisiones ajenas a su propia libertad de declararse objetor de conciencia". (En las respuestas ha colaborado David Guillem-Tatay, del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia). "El 'nasciturus' es bien jurídico protegido" (Natalia López Moratalla, Presidenta de la AEBI): 1- La objeción es un derecho fundamental. Hemos pasado de la despenalización en tres casos a un intento ilegítimo e ilegal de declarar un supuesto derecho a abortar. El Estado no puede imponer esa prestación porque el nasciturus es un bien constitucionalmente protegido. 2- El límite es que haya un derecho legal a una prestación y que sea un bien común que haya que prestar. Si el objetor alega razones para no cumplir el servicio, debe conmutársele esa obligación. 3- No es precisa una regulación porque es un derecho que existe y se puede ejercer. 4- De ninguna forma. El colegio profesional es el que debe conocer el dato a fin de realizar una distribución, unos horarios, etc. que permitan atender la demanda. "Lo contrario a la moral no cabe imponerlo" (Mª Dolores Vila-Coro, Bioética de la UNESCO): 1- No se puede imponer una prestación que vaya en contra de la integridad moral. 2- La propia conciencia moral y la lex artis propia de la profesión sanitaria. 3- La objeción está contenida en el artículo 16 de la Constitución. En el caso del aborto ya no es una cuestión ideológica, sino que supondría obligar a un profesional a privar a un ser humano de un derecho tan fundamental como es la vida. No veo inconveniente para que se dicte una ley específica. 4- Debería ser una relación de médicos que estuvieran dispuestos a practicarlos. "Habría que fijar un proceso de validación" (José Antonio Díez, Asociación para la Defensa de la Objeción de Conciencia): Si el legislador ve que una norma puede producir una colisión debería incluir una cláusula de protección de la objeción de conciencia. 2- Es un derecho que debe fundamentarse en motivos serios y coherentes. En el caso de la objeción sanitaria debe arbitrarse una alternativa para no perjudicar los derechos del paciente. 3- Una regulación sería perturbadora. Regular suele ser sinónimo de limitar. Creo que bastaría con arbitrar un proceso de validación por parte de los colegios. 4- Podría vulnerar la Constitución y plantear colisiones con la Ley Orgánica de Protección de Datos. "Una norma supondría forzar las conciencias" (Nicolás Jouve, Catedrático de Biología): 1- Las nuevas prestaciones no se pueden imponer. 2- El derecho a la vida humana en todas sus etapas. 3- No debe hacerse, pues supondría forzar las conciencias y un retraso en las libertades. 4- En absoluto; sería estigmatizar a las personas.

Preservativo: el Ministerio de Sanidad engaña.

En España, El Foro de la Familia denuncia que Soria insiste en engañar a los adolescentes con la falsa fiabilidad del preservativo. ¿Se hará responsable? Un estudio de la clínica Dator presentado en el Parlamento revela que el 46% de los abortos practicados correspondían a mujeres que siempre usaban el preservativo. El preservativo constituye un medio de eficacia limitada con un porcentaje de fallos en su labor preventiva de entre un 15 y un 20%. ¿Cómo puede un ministro ocultar este tipo de detalles en campañas de comunicación de preservativos como las que está proponiendo? Madrid, 16 de enero de 2009.- Las nuevas acciones de marketing para la promoción del preservativo del Ministerio de Sanidad dirigida en este caso a los jóvenes oculta información muy relevante como, por ejemplo, que el 46% de los abortos practicados en la clínica Dator de Madrid correspondían a mujeres que usaban siempre el preservativo en sus relaciones sexuales; según un estudio aportado al Parlamento por la propia clínica Dator. ¿Cómo puede un ministro ocultar este tipo de detalles en campañas de comunicación de preservativos como las que está proponiendo? El Foro de la Familia le recuerda a Soria lo mismo que le dijo a Pajín: "este tipo de campañas que ocultan información relevante; y en consecuencia engañan son en gran parte los responsables de embarazos imprevistos y del incremento del número de abortos". El presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco señaló que "el preservativo constituye un medio de eficacia limitada con un porcentaje de fallos en su labor preventiva de entre un 15 y un 20% según la literatura científica homologada. Por qué el Ministerio no aporta estos datos a los jóvenes para que puedan tener toda la información necesaria a la hora de decidir su conducta. Además, Benigno Blanco recordó, una vez más, que "las campañas que ocultan este dato ofreciendo la imagen de un sexo seguro inexistente son en parte las responsables del crecimiento de los embarazos imprevistos y de los abortos en parte". El crecimiento del número de embarazos de adolescentes, el mantenimiento de la expansión del sida, el que no acabe de controlarse las enfermedades de transmisión sexual, el incremento del número de abortos, la debilitación de las convicciones familiares y tantos otros fenómenos preocupantes de nuestros días son el fruto inevitable de la banalización y trivialización de las relaciones sexuales que forma parte de la cultura de nuestros días. Cultura que favorece el ministro de Sanidad con sus campañas y acuerdos con empresas y farmacéuticos para aumentar sus ventas y no para preocuparse por fomentar una formación en la responsabilidad sexual. Benigno Blanco señaló que "mientras no vayamos volviendo a una cultura de la responsabilidad sexual, los citados fenómenos negativos no desaparecerán ni se reducirá su número. Por eso, las campañas sanitarias públicas que pretenden hacer frente a esos fenómenos no deseados, dando por supuesto e incentivando la banalización de las conductas sexuales, en vez de ayudar a resolver el problema, lo agravan. Así sucede con las acciones que pretende Sanidad con el preservativo". Aconsejar sin más el preservativo es como aconsejar el cinturón de seguridad en el coche, pero aconsejando a la vez no respetar los límites con filtro pero sin de velocidad; así no se reducirán los accidentes. Aconsejar sin más el preservativo es como aconsejar fumar cigarrillos desincentivar el hábito de fumar. Así no se reducirán los daños para la salud derivados del tabaco. Llevamos ya 30 años de campañas insistentes y muy costosas de presunta educación sexual dando por supuesto la promiscuidad sexual. Insistir sin más en el preservativo, en la realidad nos demuestra que estas campañas no consiguen su objetivo. Va siendo hora de que los gobiernos superen sus prejuicios ideológicos comprometidos con la ideología de la revolución sexual y ayuden a afrontar este problema en su raíz: sólo con una educación en una visión de la sexualidad transida de responsabilidad se podrá dar la vuelta a la cadena preocupante de consecuencias negativas que la sexualidad trivializada está trayendo a nuestra sociedad.

La Ley del Aborto elude cambiar la objeción de conciencia del médico

de modificarla ante las protestas de los facultativos La Ley del Aborto elude cambiar la objeción de conciencia del médico La futura norma eliminará el supuesto de violación para la interrupción del embarazo. 1 Febrero 09 - Rosa Serrano Madrid- Abortar será un derecho en España. Así constará en la ley que preparan los ministerios de Igualdad, Sanidad y Justicia. La norma será de plazos, esto es, cualquier mujer podrá abortar en las primeras 14 semanas de gestación, sin necesidad de justificación. Sin embargo, la norma no interferirá en otro derecho mucho más antiguo: el de la objeción de conciencia de los médicos. Así lo confirmó a este periódico una fuente del Ministerio de Sanidad. En todo caso, la regulación de este ejercicio sería objeto «de otra ley». El «globo sonda» lanzado hace unos meses por el ministro Bernat Soria, que aseguró que se elaboraría un listado de profesionales objetores porque «hay médicos que objetan por la mañana y hacen abortos por la tarde», desató una oleada de protestas de facultativos. La Organización Médica Colegial (OMC) recordó que sólo los colegios profesionales pueden tener las listas voluntarias de objetores, no las administraciones públicas. «Un derecho constitucional» Por su parte, la Asociación Nacional para la Defensa al Derecho a la Objeción de Conciencia (Andoc), señaló que «objetar es un derecho constitucional. Nadie tiene por qué comunicarlo para poder ejercerlo». Por ello, fuentes de Sanidad aseguran que «la objeción se ha quedado fuera, no se puede meter en esta ley». A su juicio, «en España hay suficientes médicos para practicar abortos». Los expertos nombrados por Aído se reunieron el pasado viernes para ultimar un borrador de la ley, en el que no entra, por tanto, la objeción. No se lo entregarán al Gobierno, no obstante, hasta que la Subcomisión del Congreso para la reforma de la ley haga lo propio con sus conclusiones. Sin embargo, ya han trascendido parte de las novedades que incluirá el texto legal. La futura normativa elimina el supuesto de violación para abortar. Fuentes de Sanidad aseguran que «una mujer que sufre una violación debe denunciarlo, pero no tiene por qué aducirlo para justificar un aborto: eso pertenece a su intimidad». Por ello, las víctimas de violaciones podrían acogerse al plazo de 14 semanas de aborto libre. Además, se mantiene el plazo de 22 semanas para abortar en caso de malformación del feto. Se trata del momento en que es posible la «viabilidad fetal». Sin embargo, «el plazo se ampliará en caso de malformaciones incompatibles con la vida». Riesgo psiquiátrico El supuesto de grave riesgo para la salud de la mujer también se mantiene después de las 14 semanas. Los expertos que elaboran la ley, sin embargo, no se han puesto aún de acuerdo en si aquí entra o no el riesgo psiquiátrico. En todo caso, la ley establecerá un protocolo de evaluación para que estos casos sean «una minoría». Respecto a la posibilidad de que las menores de 14 años aborten sin permiso de sus padres, la misma fuente lo explica: «Si la ley permite tener relaciones sexuales a los 13 años, también debe permitir abortar a los 14». Por último, como ya adelantó LA RAZÓN, los expertos propondrán al Gobierno unas recomendaciones sobre salud sexual. Entre ellas, la de facilitar el acceso a la «píldora del día después». Para ello, aconsejan la libre dispensación del fármaco. Esto supondría que la píldora postcoital podría dispensarse en farmacias, sin necesidad de receta médica, como ocurre en países como Estados Unidos. Fuente: La Razón, 1 de febrero de 2009

EE.UU. protege la objeción de conciencia en temas de salud reproductiva

Tras meses de espera y a pocos días de la toma de posesión de Obama como presidente, el Gobierno estadounidense ha aprobado las nuevas normas que reconocen la objeción de conciencia para los sanitarios, incluida la posibilidad de negarse a administrar la abortiva píldora del día después. NOTICIAS GLOBALES.- Tras varios meses de espera, el 18 de diciembre pasado, el gobierno estadounidense dio a conocer las nuevas normas para la protección del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud y de las instituciones proveedoras de servicios de médicos, en temas relativos al aborto quirúrgico, servicios de salud reproductiva, anticoncepción de emergencia, etcétera, incluso en aquellos casos de mujeres que aducen haber sido violadas. La regulación reglamenta tres leyes federales, de 1973, 1996 y 2004, que reconocen la objeción de conciencia para los centros de salud y el personal médico, e incluye la posibilidad de negarse a administrar la droga abortiva mifepristona (RU 486) y la píldora del día después. Las normas comprenden a todas las instituciones y programas que reciben fondos federales, contemplan sanciones para quienes las incumplan y obligan a los proveedores de salud a comprometerse por escrito a cumplirlas. Se trata de, entre otras cosas, evitar toda discriminación injusta contra el personal de salud, por ejemplo: negarse a contratar o despedir a aquellos que se nieguen a atentar de cualquier forma contra la vida humana, promover o provocar la pérdida de su certificación profesional, o exigirles que para obtenerla cometan actos contra la vida humana. "Estamos tratando de proteger el derecho de los profesionales a practicar la medicina de acuerdo a sus convicciones morales", ha declarado Michael Leavitt, Secretario de Salud. La reglamentación entrará en vigor dos días antes de que Barack Obama se haga cargo de la presidencia de EE.UU. Largo proceso El 15 de julio pasado, The New York Times, vocero del lobby pro abortista, dio a conocer en exclusiva y con gran alarma el borrador del Departamento de Salud (DHHS) del gobierno de George Bush sobre la nuevas normas para preservar el derecho humano básico a la objeción de conciencia. Inmediatamente, el 18 de julio, el Cardenal Justin Rigali, presidente del Comité de Actividades Pro-Vida de la Conferencia Episcopal de EE.UU., escribió a todos los miembros del Congreso en defensa "los esfuerzos para reafirmar y aplicar las leyes sobre la protección de la conciencia". Si los pro-choice"(pro-elección, abortistas) son sinceros, no tendrán inconveniente en que cada profesional pueda actuar según sus propias elecciones personales; por su parte, también las mujeres que respetan la vida de sus hijos no-nacidos, tienen derecho a ser atendidas por médicos que compartan sus convicciones, decía Rigali en la carta. No faltaron las críticas al gobierno y al Cardenal Rigali, por ejemplo por parte de Hillary Clinton, futura Secretaria de Estado del gobierno entrante del abortista, Barack Obama y Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes del Congreso. Los argumentos de éstos y otros abortistas fueron que las nuevas medidas "atentaban contra el derecho a la salud de las mujeres". Hacia fines julio, el actual presidente electo Barack Obama, senador en ese momento, se dirigió con otros miembros de la Cámara al Secretario de Salud instándolo a abandonar el proyecto. Oposición de procuradores generales El 27 de diciembre, al Procurador General de Connecticut, Richard Blumenthal, haciéndose eco de los argumentos de los principales grupos pro-aborto (Planned Parenthood, NARAL), anunció que encabezaba la oposición a las nuevas reglas y que había formado una coalición con los procuradores generales de 13 estados con el fin de acudir a la Corte para anularlas. Componen el grupo Connecticut, Arizona, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Montana, Nueva Jersey, Oregon, Rhode Island, Utah y Vermont. Según The New York Times (25-12-08), el mismo día de su asunción presidencial, Obama debería derogarlas con una orden ejecutiva. Para la presidente de Planned Parenthood (PP), Cecile Richards, haría falta una intervención urgente del Congreso para espantar definitivamente el fantasma de la objeción de conciencia que “limita” el derecho de las mujeres “a elegir”. Lo que en realidad teme PP, es que se le pueda acusar de discriminación por no contratar “personal pro-vida” en sus clínicas, (Life News, 19-12-08; Planned Parenthood, Paternidad Planificada, PP, filial norteamericana de la IPPF, la multinacional del aborto y la corrupción de menores). Victoria legal en Illinois El 18 de diciembre, la Corte Suprema de Illinois sentenció que los farmacéuticos y propietarios de farmacias tienen derecho a no vender el producto abortivo llamado Plan B para "anticoncepción de emergencia". (Sentencia Morr-Fitz vs. Blagojevich). La Dra. Charmaine Yoest, Presidenta de Americanos Unidos por la Vida (AUL), declaró: "Esta es una gran victoria para la libertad de conciencia de todos los proveedores de servicios de salud. Los farmacéuticos tienen ahora un buen recurso contra la ley discriminatoria que los obligaba a renunciar a sus derechos", (vid. Life News, 19-12-08). Fundamentalismo abortista El gobernador Rod Blagojevich, actualmente acusado de corrupción por la “venta” de la banca que dejó libre Obama en el Senado, obligó en 2005 a las farmacias y a los farmacéuticos a vender ese compuesto químico abortivo y declaró que “los farmacéuticos deben dispensar el Plan B o dejar su profesión”. Tras dos sentencias contrarias, el caso llegó a la Corte del estado que reconoció el derecho a objetar. En 2006, el gobernador Blagojevich expresó su decisión de vetar cualquier ley que reconociera el derecho a la objeción de conciencia a médicos y farmacéuticos. Y se jactó de su fundamentalismo abortista diciendo: "Piensen en lo que hemos sido capaces de hacer desde que soy gobernador. La libertad reproductiva de las mujeres está más protegida en Illinois que en cualquier estado de los Estados Unidos, en contra de los avances y los ataques (pro-vida) procedentes de la administración Bush. Con mi liderazgo hemos aprobado una ley para que las compañías de seguros puedan distribuir sin límite anticonceptivos”. Nuevas normas: ¿por qué ahora? ¿Qué pretende la administración saliente de George Bush con las nuevas normas sobre objeción de conciencia? Pensamos que es ante todo una medida de claro compromiso con la defensa de la libertad religiosa, argumento final en el que se basa la nueva reglamentación. Se podrá discrepar sobre la oportunidad de acudir a ese fundamento, pero debemos convenir que es un punto muy sensible de la cultura tradicional de los Estados Unidos. Para derogarlas, Barack Obama deberá actuar contra la libertad religiosa, y eso es particularmente comprometedor para el presidente electo. No deja de llamar la atención la actitud de Obama de nombrar católicos apóstatas (*) en su gabinete. Es particularmente importante respecto de este tema el nombramiento de Tom Daschle en el Departamento de Salud (DHHS). Daschle, -que se autocalifica de católico disidente-, es un tenaz defensor del “derecho irrestricto a abortar” y estará a cargo de la oficina de la que emanó la nueva reglamentación para la objeción de conciencia, (Life News y Life Site, 06-01-09). Es decir, Obama podría pretender que sean católicos renegados los que colaboren con él en el avasallamiento de la libertad religiosa, y sean sus cómplices en la pretensión de obligar a convertirse en criminales a los católicos fieles y a otras personas de buena voluntad y en tratar de transformar en mataderos a las instituciones de salud confesionales.

«Las especies protegidas reciben más recursos que algunos seres humanos en su vida prenatal»

El presidente de la Comisión de Deontología del Consejo General de Colegios de Médicos de España, Rogelio Altisent, ha respondido a las preguntas de los lectores de ABC.es en uno de los vídeo chats de la web. Altisent ha participado desde el pasado miércoles hasta hoy en el Congreso de Comisiones de Deontología que se ha celebrado en la sede del Colegio de Médicos de Madrid y que ha profundizado en la normativa ética y deontológica que debe regular el comportamiento del profesional de la medicina. Altisent defiende la colegiación obligatoria frente a los gobiernos autonómicos que se oponen a ella. «No para defender a los médicos, sino para defender a los pacientes y a la sociedad», ha asegurado. Y recuerda que «una de las primeras medidas que adoptó la dictadura de Pinochet fue eliminar la colegiación obligatoria». Intervención en la subcomisión del aborto Altisent intervino en representación de la Organización Médica Colegial (OMC) en la Subcomisión del Congreso de los Diputados para la reforma de la Ley del Aborto, donde reclamó la necesidad de dar apoyo a las madres que tenían dificultades para seguir adelante con su embarazo. «Las mujeres embarazadas, con serios problemas, que se plantean terminar con su embarazo no están recibiendo ningún tipo de ayuda pública; algunas especies animales protegidas reciben más recursos que algunos seres humanos en su vida prenatal», ha dicho Altisent. Tanto el PSOE como el PP acordaron introducir en la nueva ley las tres propuestas que expuso la OMC en la Subcomisión. «Sería frustrante que no fuera así; esto indicaría que la Subcomisión fue una farsa», ha dicho Altisent. En los últimos diez años el número de abortos se ha disparado, y las campañas que promueven entre los jóvenes españoles el uso del condón no logran frenar la sangría. En opinión de Rogelio Altisent el Ministerio de Sanidad debe hacer una de estas dos cosas: «o cambiar de agencia de publicidad o cambiar la filosofía de sus campañas». También ha hablado de la «ley de plazos» que defienden en el Congreso algunos partidos políticos. «Los neonatólogos han insistido en que a partir de las 22 semanas la medicina es capaz de mantener la vida del feto fuera de la madre; lo significa que a partir de este momento se podría obviar el conflicto entre el deseo de la madre a no mantener su embarazo y el derecho del hijo a seguir con vida», ha recordado Altisent. Pre embriones, embriones y objeción de conciencia El concepto de «pre embrión» se acuñó en el Reino Unido hace ya bastantes años para definir un momento en el que se aceptaba la investigación en esta fase. «No existe una base científica clara para diferenciar pre embrión y embrión. Muchos opinan que es una diferenciación de despacho», ha dicho Altisent. Los lectores de ABC.es han preguntado a Rogelio Altisent cuál es la postura de la OMC con respecto a la objeción de conciencia. «Queremos que se respete el derecho a la objeción de conciencia que tiene un claro fundamento constitucional», ha respondido Altisent. «Desde la OMC estamos propugnando un sistema de validación para los casos de objeción de conciencia que garantice la coherencia y consistencia de estos casos», ha añadido. Las tres propuestas de la OMC para la reforma de la Ley del Aborto 1. Desarrollo de un protocolo de consentimiento informado que garantice la información suficiente a las mujeres que se plantean la interrupción voluntaria del embarazo. 2. Sistema de vigilancia eficaz en el cumplimiento de la ley (tras los casos de las clínicas abortistas que firmaban certificados en blanco o falsos). 3. Sistema de validación de la objeción de conciencia que garantice este derecho constitucional y que minimice los problemas asistenciales.

El Departamento de Salud de los Estados Unidos emite reglamentos sobre el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario

Hoy, el Departamento de EE.UU. de Servicios de Salud y Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) publicó reglamentos emitidos por el gobierno de Bush con el fin de ampliar aun más los derechos de los trabajadores de la salud a rehusar proporcionar tratamiento y servicios que encuentren moralmente inaceptables. De acuerdo con estos reglamentos, se exige que todo hospital, gobierno estatal o local, farmacia, consultorio médico o clínica emplee y apoye plenamente el derecho de los empleados a la “objeción de conciencia”. Todo trabajador de la salud "...con una conexión razonable a un procedimiento, servicio de salud o programa de servicios de salud..." podría invocar su “derecho a la objeción de conciencia” para negarse a proporcionar servicios de aborto o de esterilización. La vaga definición podría abarcar a empleados desde la recepcionista hasta más arriba, y servicios que podrían incluir administrar anticonceptivos de emergencia y otras formas de anticoncepción. Aunque el presidente electo Barack Obama ha dicho que él revocará esta regla, es posible que se les niegue servicios de salud a miles de mujeres antes que él logre hacerlo. HHS recibió más de 200,000 comentarios de personas que se oponen al reglamento durante un período obligatorio de comentarios. Ipas y varios otros argumentaron que los reglamentos son una violación de los derechos de las mujeres a recibir servicios de salud exactos y adecuados, y representan a un gobierno presidencial que valoraba una ideología socialmente conservadora más que la prestación de los mejores servicios posibles de atención a la salud de las mujeres. A menos que sean revocadas, estas reglas impedirán que muchas mujeres reciban buenos servicios de salud reproductiva, tanto al limitar directamente el acceso como al estigmatizar aun más esta área d e servicios de salud. 18-12-2008 Fuente: www.ipas.org (IPAS: organización internacional para promover los derechos reproductivos de las mujeres)

Paliativos y voluntad previa, suficientes ante la muerte digna. Andalucía se queda sola entre las CC.AA. con su anteproyecto

Las comunidades autónomas no se plantean seguir los pasos de Andalucía y regular por ley el derecho a la muerte digna. Las consejerías consultadas aclaran que las voluntades anticipadas, los registros y los cuidados paliativos ya garantizan los derechos de los pacientes. Marta Esteban/Marina Tocón Diario Médico 10/10/2008 Andalucía, por ahora, se queda sola. Es la primera comunidad autónoma que ha puesto en marcha la tramitación de una norma para regular la muerte digna y parece ser que va a ser la única. Las consejerías de sanidad consultadas por Diario Médico han asegurado que las normas autonómicas vigentes sobre las voluntades anticipadas y los correspondientes registros garantizan el derecho de los pacientes a una muerte digna. Manuel Cervera, consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana, ha declarado que las voluntades anticipadas en esta comunidad autónoma "están muy desarrolladas dentro de la Ley de Derechos de Información del Paciente y más de seis mil personas han hecho testamento vital. Todo lo que se circunscribe a esta materia está ya regulado". Esta opinión es compartida por Ana Sánchez, viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, que ha manifestado que "ya hay bastantes artículos y leyes que dan a las personas capacidad para elegir y decidir cómo quieren ser tratadas en su vida y en los momentos próximos a su fallecimiento". Es más, "hay una Ley de Autonomía del Paciente que en su artículo sobre voluntades anticipadas deja claro que el enfermo es absolutamente libre para decidir en un momento final si quiere ser o no reanimado". Respaldo social Marina Geli, consejera de Salud de la Generalitat de Cataluña, ha confirmado que desde su comunidad "no se han planteado una modificación legislativa porque hicimos el documento de voluntades anticipadas y ha funcionado bien. Somos la autonomía con mayor número de personas que accede a este documento". Es más, "tenemos una larga tradición en el desarrollo de los cuidados paliativos y dispositivos para que los pacientes puedan morir en casa y estar acompañados". Geli ha valorado el proyecto andaluz y las sanciones que la norma prevé para los profesionales en caso de exceso terapéutico. "Es un debate que está abierto, pero en Cataluña no es necesario plantearlo porque nuestro sistema se basa en la confianza". Fuentes de la Consejería de Sanidad de Murcia han confirmado también que "no hay un proyecto para una ley de muerte digna en esta comunidad, y aunque el anteproyecto andaluz es una posible vía creemos que las leyes vigentes en materia de voluntades anticipadas y cuidados paliativos son suficientes". Lo que hay que hacer es "potenciar estos cuidados paliativos y las instrucciones previas". Apuesta de Galicia La apuesta por los cuidados paliativos y por el registro de voluntades es también la postura que mantiene la Consejería de Sanidad de Galicia, que ha confirmado que los cuidados paliativos en la comunidad "están desarrollados tanto en los complejos grandes como en los comarcales". La Rioja y Navarra tampoco tienen previsto una regulación de la muerte digna, y desde la Consejería de Cantabria también apuestan por las instrucciones previas y el registro, medidas que recientemente han entrado en funcionamiento, por lo que "por ahora no nos planteamos ninguna actuación más en este ámbito". Respaldo legal suficiente Parece ser que la profesión no es la única que considera que el anteproyecto de ley de muerte digna de Andalucía puede ser innecesario (ver DM de ayer). Según ha declarado el ministro de Sanidad, Bernat Soria, las normas existentes ya garantizan este derecho. Las declaraciones de Soria hacen un flaco favor a la iniciativa de María Jesús Montero, consejera de Sanidad de Andalucía. Para el ministro, la prioridad es que la ley se aplique y que los derechos de los pacientes a vivir sin dolor y a tener una muerte digna sean una realidad en todo el territorio nacional. El Ministerio se marca un objetivo: la extensión de los cuidados paliativos a toda España.

El Gobierno norteamericano quiere proteger a los objetores de profesiones sanitarias

Tampoco podrían obligar a un empleado objetor a intervenir en servicios o programas de investigación financiados por el Departamento de Sanidad si tiene reparos morales. Estas salvaguardas se aplicarían a hospitales, clínicas, consultas médicas y farmacias. La proyectada norma ha recibido críticas por parte de tres miembros de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, que la consideran innecesaria y probable fuente de confusiones. Alegan que la objeción de conciencia ya está amparada en la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación contra empleados por motivos religiosos o éticos. Según esto, el empleador está obligado a tomar medidas razonables para que sus asalariados puedan trabajar sin ofensa a sus deberes religiosos. Solo quedará exento si demuestra que no es posible encontrar un acomodo que no suponga un estorbo excesivo en el ejercicio del negocio. En opinión de los críticos, esa protección es suficiente, mientras que la orden en preparación iría demasiado lejos. Por ejemplo, según una organización patronal de cadenas de farmacias, sus empleados tendrían derecho a no dispensar anticonceptivos a una persona cubierta por el seguro federal Medicaid, aunque presentara receta médica. Por su parte, los fiscales generales de 13 estados se oponen a la orden porque, dicen, interferiría con las leyes estatales que exigen a los seguros médicos incluir la contracepción en su cobertura, y a los hospitales a facilitar anticonceptivos de emergencia a las mujeres violadas. También Barack Obama se ha manifestado en contra. Ha dicho que la orden dificultaría el acceso al aborto o a los anticonceptivos a las mujeres que desean recurrir a ellos. Según algunos asesores del presidente electo, si la norma se aprueba, él procurará anularla cuando se haya instalado en la Casa Blanca. En cambio, el secretario de Sanidad, Michael Leavitt, principal promotor del proyecto, niega que la orden vaya a tener las consecuencias que le atribuyen los críticos en la dispensación de anticonceptivos. El efecto será, ha dicho, reforzar el cumplimiento de las leyes vigentes para proteger a los profesionales de la salud. Además, el objetivo no es la contracepción. De hecho, la Asociación Sanitaria Católica, que apoya la orden, sostiene que es necesaria, y no por razón de los anticonceptivos. Carol Keehan, presidenta de la Asociación, alega que en los últimos años “hemos visto diversos intentos de forzar a las centros de salud católicos y de otros tipos a realizar abortos o esterilizaciones, o a remitir a quienes los piden a lugares donde los hacen”. En un artículo publicado en The New Atlantis (otoño 2008), James Capretta, del Ethics and Public Policy Center, sostiene, sin embargo que esta medida, aunque positiva, no sería suficiente para asegurar el respeto a las convicciones de los que rehúsan participar en abortos o esterilizaciones. Los hospitales, por ejemplo, dependen de financiación privada y de acuerdos suscritos con compañías de seguros. También en esos casos haría falta asegurar el respeto a la objeción de conciencia en caso de que una aseguradora cubra tales intervenciones.

Médico y farmacéutico, igual ante la objeción de conciencia

Al intervenir la pasada semana en Murcia en una mesa de debate sobre la objeción de conciencia organizada por Hefame, Soler se centró en el ejercicio de la atención farmacéutica para enhebrar los principales argumentos, teniendo en cuenta los factores de la relación clínica, la jurisprudencia, los códigos de ética farmacéutica y también el abordaje de la objeción que hacen algunas leyes autonómicas de ordenación farmacéutica, recogidas en La Rioja, Castilla-La Mancha y Galicia. También tiene en cuenta la objeción de ciencia, término acuñado por el experto de la Universidad de Granada José López Guzmán que hace referencia a los argumentos científicos que podrían permitir al farmacéutico no dispensar-. Bases establecidas En su opinión, las sentencias recientes -como la del TSJ de Andalucía sobre la píldora del día después (pdd)- han dejado establecidas las bases para el ejercicio de la objeción de conciencia de los farmacéuticos, superando el debate que cuestiona que, por temas morales o éticos, un farmacéutico pueda negarse a dispensar, "porque al entender que prevalece siempre el derecho a la protección de la salud, el farmacéutico objetor quedaría suficientemente protegido en el libre ejercicio de su profesión". Por ello, señaló que si un boticario objeta dispensar la pdd a menores de 16 años puede hacerlo desde la objeción de ciencia, en vez de apelar a la conciencia, ya que en el propio prospecto se advierte de que no es segura. En el debate, moderado por el presidente de la Academia de Medicina de Murcia, Máximo Poza, intervinieron además el magistrado Juan Ángel de Domingo, que subrayó la necesidad de que la objeción de conciencia se regule a nivel nacional, especialmente en hospitales, y Rafael Pacheco, especialista en Medicina Legal. Todos ellos coincidieron en la necesidad de aunar la libertad de conciencia de los profesionales con los derechos de los pacientes, y en que el ejercicio de la objeción no signifique hacer prevalecer las condiciones religiosas o morales.

Presidenta Academia de Medicina Andalucía Oriental: la objeción de conciencia es el paradigma del ejercicio de la libertad y, como tal, hay que ejercerla con responsablidad

Berbés Asociados 05-11-08 // 17:45h La objeción de conciencia es el paradigma del ejercicio de la libertad y, como tal, hay que ejercerla con responsabilidad. La Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental y la Fundación AstraZeneca organizan el Curso sobre Derecho Sanitario, al que se han inscrito más de 100 profesionales Lo ideal es que el derecho sanitario y la ética vayan de la mano, de tal manera que el legislador impregne las leyes de sentido ético y que se deje libertad de conciencia para actuar cuando el consenso universal no sea posible, preservando los derechos de terceras personas Granada, 5 de noviembre de 2008. “Hay que propiciar más encuentros entre estudiantes de Medicina, de Derecho y de Sociología”, ha apuntado la doctora María del Carmen Maroto, presidenta de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Granada, en el acto de inauguración del Curso sobre Derecho Sanitario, organizado por la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental y la Fundación AstraZeneca, y al que se han inscrito más de 100 profesionales. Durante este encuentro, celebrado hoy en el Salón de Actos de la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental, la experta ha apuntado que “lo ideal es que el derecho sanitario y la ética vayan de la mano, de tal manera que el legislador impregne las leyes de sentido ético y que se deje libertad de conciencia para actuar cuando el consenso universal no sea posible, preservando los derechos de terceras personas” La doctora Maroto ha dicho de la objeción de conciencia que “es el paradigma del ejercicio de la libertad y, como tal, hay que ejercerla con responsabilidad”. También ha agradecido a la Fundación AstraZeneca que “nos haya permitido reflexionar sobre temas de actualidad (el consentimiento informado, la responsabilidad penal del médico, las agresiones a los sanitarios, el intrusismo intramédico y los cuidados paliativos) y escuchar a destacadas personalidades del mundo de la ética, del derecho y de la medicina”. En relación con la reforma de la Ley del Aborto, encargada a una subcomisión del Ministerio de Igualdad, la presidenta cree que “hay que esperar a ver cómo se desarrolla la misma, aunque el beneficio que puede reportar a las mujeres y la seguridad jurídica de los médicos es posible que sea cuestionable”. A este respecto, “aunque existe un código deontológico obligatorio que resuelve cualquier duda que un médico en ejercicio pueda tener, hay comunidades en las que no se les exige la colegiación”, añade. Por último, con respecto a la futura Ley de Muerte Digna, “la nueva normativa debe propiciar la creación de unidades de Cuidados Paliativos, favoreciéndose que el moribundo pueda permanecer con sus familiares y allegados en un ambiente de privacidad, y no en una habitación compartida y totalmente entubado”, señala la presidenta de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Granada.

El estado australiano de Victoria niega el derecho de objeción de conciencia a médicos y enfermeras

La pena no se especifica, pero no hay duda de qué pasará. Los objetores no irán a la cárcel, pero serán privados de la licencia para ejercer. Los disidentes serán expulsados del sistema sanitario de Victoria como en una versión laboral de la limpieza étnica. Lo peor de esta ley es que legaliza la eliminación de vidas humanas indefensas e inocentes. Desde ahora, una mujer puede abortar a discreción dentro de las primeras 24 semanas de embarazo, y más tarde si obtiene el refrendo de dos médicos. En Victoria ya mueren unos 20.000 no nacidos al año por causa de una laguna de la ley anterior. Pero corromper la profesión médica forzando a cooperar en ello es una clara violación del derecho humano, universalmente reconocido, a la libertad de conciencia. No hay otro lugar del mundo donde exista una ley tan draconiana. La Comisión para las Reformas Legales de Victoria, en su dictamen favorable al proyecto, no dedicó más que siete escuetos párrafos a la objeción de conciencia. No señaló que casi todos los estados norteamericanos reconocen a algunos profesionales de la salud el derecho a rehusar intervenir en abortos, y aun a rehusar remitir a otros colegas. En los estados sin reconocimiento explícito de este derecho, los médicos están amparados por las leyes contra la discriminación por motivo de religión. Según la organización canadiense Protection of Conscience, solo Eslovenia exige a los médicos que remitan a la mujer a un colega dispuesto a practicar el aborto. Pero incluso allí existe otra opción. El médico objetor puede advertir al hospital de su postura, y entonces la obligación de remitir a otro médico pasa al hospital. Los parlamentarios de Victoria que se pelearían por ser fotografiados firmando un manifiesto a favor de la libertad de conciencia de budistas tibetanos la han aplastado en su propio país. Hace solo dos años aprobaron una Carta de Derechos y Responsabilidades Humanas que garantiza la libertad de pensamiento, conciencia, religión, creencia y expresión sobre cualquier tema… excepto, asombrosamente, el aborto. Hasta la organización Liberty Victoria se opone con vehemencia a que se dé libertad de conciencia a los profesionales de la salud. Este autonombrado custodio de los derechos civiles dijo a la Comisión sobre Reformas Legales que “las objeciones morales o éticas subjetivas no merecen protección legal explícita”. Su lema es “El precio de la libertad es la eterna vigilancia”, pero sus perros guardianes se durmieron durante el debate sobre el aborto. Solo una cosa buena tiene esta vergonzosa ley: ha mostrado al mundo que la postura pro-choice es una ideología rígida, profundamente antidemocrática y totalitaria. Para los abortistas, el contenido de la elección es completamente indiferente: la elección no necesita justificación moral ni médica. El debate, el diálogo, la negociación, el compromiso no les importan. Y como no están abiertos a la discusión racional, usan la fuerza política bruta para salirse con la suya.

Siguero (Presidente OMC) defiende la objeción de conciencia del facultativo.

El presidente de la OMC, Isacio Siguero, ha defendido la objeción de conciencia del facultativo como un derecho fundamental. A su juicio, hay cuestiones como la vida, la muerte, la dependencia o la capacidad mental que no se pueden legislar sin contar con la profesión médica. "La Medicina y el Derecho tienen como punto de encuentro la ética". Redacción Diario Médico 20/10/2008 El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Isacio Siguero, ha defendido la objeción de conciencia del médico en el XV Congreso Nacional de Derecho Sanitario celebrado en Madrid. Ha recordado que "el médico es un ciudadano y que también para él la objeción de conciencia es un derecho fundamental". Además, ha señalado que "ante los nuevos retos que la sociedad y la ciencia están planteando, la Medicina y el Derecho tienen como punto de encuentro la ética". A su juicio, asuntos como la vida, la muerte, la capacidad mental o la dependencia forman parte de la práctica médica diaria y no deben legislarse "sin contar con los profesionales de la Medicina". Trabajo conjunto Cuando se crean en los pacientes unas expectativas médicas o de asistencia sanitaria injustificadas o difícilmente alcanzables, la insatisfacción del usuario será la consecuencia más inmediata y esto conducirá a una mayor judicialización de la Medicina. "Una sociedad no puede funcionar mientras la inseguridad y la desconfianza estén presentes en la práctica médica y en la administración de justicia". Según el presidente de la OMC, facultativos y juristas están obligados a trabajar conjuntamente para mostrar a la sociedad un camino de convivencia dentro de un marco correcto del ejercicio profesional. En toda actuación que realiza un médico siempre está presente la ética, "algo completamente lógico si tenemos en cuenta que estamos hablando de una ciencia destinada a aliviar el dolor, curar la enfermedad, reincorporar al individuo a su entorno social y promover la salud". Según Siguero, "la complejidad del acto médico y el estado actual de conocimiento (...) aconsejan desde un punto vista ético analizar caso por caso, sin caer nunca en generalizaciones".

ANDOC abre un blog alojado en la página web de la COPE

Recientemente, hemos abierto un blog dentro de www.cope.es. Les animamos a visitarlo y a hacer sus comentariosblog SINLASTRES

El Colegio de Médicos de Cádiz apoya al ginecólogo que planteó objeción de conciencia a pruebas de diagnóstico pre natal

La Comisión de Ética y Deontología del Colegio de Médicos de Cádiz, que se reunió ayer, ha apoyado la petición de un ginecólogo gaditano de no realizar pruebas de diagnóstico prenatal con fines eugenésicos por motivos de conciencia (ver DM del 5-VI-2008). Como se recordará, este médico recibió desde elprimer momento el apoyo de ANDOC. N.S. 12/06/2008 El facultativo estuvo varios años sin hacer estas pruebas, pero posteriormente el Servicio Andaluz de Salud le obligó a practicarlas. El ginecólogo acudió entonces a los tribunales y a su colegio profesional. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Algeciras dictó un auto en el que de forma cautelar eximía al afectado de hacer dichas pruebas al considerar que "los perjuicios que finalmente se le pueden causar serían de difícil reparación o indemnización, no sólo por afectar a un derecho fundamental, sino también porque puede repercutir en su salud mental y estabilidad emocional". El conflicto se le planteaba al ginecólogo en relación con el diagnóstico prenatal entre la semana 20 y 22 con la intención de la interrupción voluntaria del embarazo si se encontraban taras en el feto. Según ha explicado a Diario Médico al término de la reunión Jaime Aparicio Santos, presidente de la Comisión de Deontológica del Colegio de Médicos de Cádiz, "la objeción de conciencia es un derecho que se tiene que respetar, lo que no significa que se prive de recibir asistencia sanitaria a ningún usuario de la Seguridad Social, que será prestada por otro profesional. Si el ginecólogo cree en conciencia que con la realización de estas pruebas está contribuyendo al aborto está en su derecho de objetar". La decisión de la comisión se comunicará al servicio de ginecología y a la dirección gerencia del hospital en el que trabaja el facultativo, a los que se dirigirá un escrito para que liberen al médico de realizar las pruebas.

“Después de los continuos fallos, el supuesto "sexo seguro" necesita ser desmantelado en favor de políticas sanitarias públicas creíbles.”

Los partidarios del sexo seguro son acusados de corromper a los jóvenes con valores faltos de moral y a los que se oponen se les considera fanáticos despreocupados del hecho científico y que imponen su ortodoxia a la sociedad. Necesitamos mirar más allá de los intereses personales para centrarnos en la ciencia clínica y en las evidencias de salud pública. Un principio fundamental de la medicina es la adherencia al hecho científico y a la prueba experimental para desarrollar tratamientos y programas que aumenten y sostengan la salud pública. La evidencia muestra que el control efectivo de las ETS no vinculadas al VIH entre la ciudadanía debe ir más allá de las aproximaciones centradas en el uso del preservativo. Alcance de la protección En primer lugar, los preservativos no pueden ser una respuesta definitiva a las ETS porque no proporcionan suficiente protección contra la transmisión de muchas enfermedades comunes. Las infecciones por contacto dérmico, como el virus del papiloma humano, el virus del herpes simple, la sífilis, el linfogranuloma venéreo o el chancroide, se trasmiten frecuentemente a pesar de la barrera de protección. Aunque los preservativos previenen el contacto entre la piel del pene y la mucosa vaginal, las relaciones sexuales generalmente conllevan contacto en el área genital externa, y los preservativos proporcionan una limitada protección contra los patógenos que se encuentran en la parte externa de los genitales. Las lesiones clínicas y subclínicas en el monte de Venus, en la vulva de la mujer o en el escroto del hombre, por ejemplo, no están cubiertas y se pueden transmitir fácilmente a pesar del uso del preservativo. Los patógenos más comunes trasmitidos sexualmente (el virus del papiloma humano y el virus del herpes simple) se dispersan con frecuencia en los genitales infectados y se transmiten a través del contacto físico. Las secuelas de estas infecciones comunes incluyen varios tipos de cáncer, disfunción crónica sexual o posibilidad de convertirse en fuente de transmisión vertical de estos organismos infecciosos. Pero el principal problema de los preservativos es que la mayoría de la gente, sobre todo los jóvenes, no los usan siempre, a pesar del conocimiento o la educación. Las investigaciones epidemiológicas muestran continuamente que la familiaridad que se toma con los preservativos y la concienciación de los riesgos no están funcionando en la vida real. Según un reciente estudio, menos del 8 por ciento de las parejas discordantes para el herpes utilizaban el preservativo en cada acto sexual. Incluso entre las parejas adultas ya consolidadas, que eran discordantes al VIH y que habían recibido un extensivo y constante asesoramiento sobre el riesgo de contraer el virus, el uso del preservativo sólo alcanzaba el 48,4 por ciento de forma habitual. El implacable aumento de las ETS no tiene precedentes a pesar de los esfuerzos educativos y de la promoción de los preservativos, algo que está ratificado por la falta de éxito de estas políticas. En numerosos estudios se demuestra que los esfuerzos coordinados para promover el uso del preservativo fallan constantemente como control de las ETS (incluso en países con programas avanzados de educación sexual, como Canadá, Suecia y Suiza; en la provincia de Alberta, en Canadá, los índices de clamidia y gonorrea se han triplicado desde 1998 a pesar de la omnipresente educación en "sexo seguro"). Los informes con menores índices de ETS como resultado de la generalización del uso del preservativo vienen de países como Tailandia o Camboya, que se están centrando en los preservativos como estrategia primordial. Sin embargo, el cuidadoso escrutinio de los datos sugiere que los cambios en el comportamiento sexual (menos compañeros, menos sexo casual y un menor abuso de trabajadoras sexuales) están siendo fundamentales para la reducción de los índices de infección. La Organización Mundial de la Salud estima que dos tercios de las ETS se propagan entre adolescentes y adultos jóvenes. Las investigaciones muestran que la arriesgada actividad sexual detectada entre la gente más joven puede deberse no a una verdadera necesidad sexual, sino a problemas socioculturales. La promoción de los preservativos como respuesta no permite encontrar una solución para dichas necesidades sociales y emocionales que resultan esenciales en los jóvenes. Con frecuencia caen en comportamientos sexuales de alto riesgo como consecuencia de diferentes circunstancias difíciles de sus vidas. Después de los continuos fallos, el supuesto "sexo seguro" necesita ser desmantelado en favor de políticas sanitarias públicas creíbles. Fuente: bOLETÍN SINSIDA 11/04/08. GENUIS, S. Are condoms the answer to rising rates of non-HIV sexually transmitted infections? Yes. BMJ 2008;336:184 (26 January), doi:10.1136/bmj.39402.488727.AD http://www.bmj.com/cgi/content/short/336/7637/184

La objeción de conciencia es un derecho de todos los ciudadanos y, por tanto, también de los médicos. Nota de la OMC

5 de marzo de 2008. Tras las declaraciones de Bernat Soria, ministro de Sanidad, sobre la objeción de conciencia, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ha querido salir al paso para aclarar que la objeción de conciencia es un derecho constitucional, al igual que es un derecho del ciudadano que se respeten sus deseos o exigir o no una determinada prestación sanitaria legalmente establecida. Nadie puede actuar como si objetara, pero sin hacerlo, ni hacer objeción de conciencia cuando está actuando mal o existen soluciones que respetan los derechos del paciente y del médico. Instrumentalizar la objeción de conciencia por objetivos económicos es una conducta reprobable que atenta contra los principios deontológicos de la profesión médica. Alarma innecesaria en la población Sin embargo, declaraciones como las que en el día de ayer realizó el ministro de Sanidad en relación a que algunos médicos alegan objeción de conciencia por la mañana (en la sanidad pública) y realizan abortos por la tarde (en la sanidad privada), deberían estar fundadas en hechos reales y no en supuestos, porque de conocerse, éstos deben ponerse obligatoriamente en conocimiento inmediato del Colegio Oficial de Médicos correspondiente y, en su caso, de la autoridad competente, ya que, además de ser un desprestigio para la profesión médica, crean una alarma innecesaria en la población general. La objeción de un profesional a practicar una técnica determinada no debe considerarse, en principio, incompatible con el ejercicio de su especialidad, incluso en el ámbito de la sanidad pública. No todo especialista realiza todos los actos clínicos propios de su especialidad. Dentro de un servicio clínico hay distintas funciones, y la objeción suele resultar compatible con el trabajo de los objetores dentro de equipos bien estructurados. De ahí la necesidad de que las objeciones, cuando el profesional sabe con antelación que se van a producir, deban hacerse públicas, comunicarse a los superiores y convertirse en un elemento a tener en cuenta a la hora de la organización de los servicios y la distribución de las tareas. Registro de médicos objetores Con relación a un posible registro de médicos que aleguen objeción de conciencia, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos deja bien claro que dichos registros deben estar en manos de las organizaciones profesionales, que son las que velan por la autorregulación, el código ético y el buen ejercicio profesional, ya que ningún profesional debe ser discriminado a causa de sus principios. Por ello, se considera recomendable que las personas que saben que van a objetar a ciertas prácticas lo comuniquen con antelación a su Colegio profesional y a la dirección del servicio, a fin de que se tomen las medidas organizativas necesarias para que los pacientes no resulten desasistidos ni sufran menoscabo en su asistencia. :: Más información: - Gabinete de prensa de la OMC. Tlf: 91 431 77 80 - prensa@cgcom.es.

I Jornada sobre Ética Sanitaria en Sevilla: una tarde inolvidable de compromiso y participación

En el Colegio de Médicos de Sevilla se celebró jueves, día 3, la I Jornada sobre Ética Sanitaria, organizada por la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (ANDOC) y en la intervinieron, además de la Presidenta de ANDOC, María Dolores Gómez Armenteros, el Dr. José Mª Galán González-Serna, de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos; José Miguel Castillo Calvín, abogado, y el Dr. Justo Aznar, Director del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia. Al acto asistieron alrededor de 200 personas, y el animadísimo coloquio posterior se prolongó hasta horas, ya un poco avanzadas. La intervención del Dr. Galán se centró en precisar lo que se entiende por eutanasia: “aquella acción que, por su naturaleza o en la intención causa la muerte de una persona con una enfermedad irremisiblemente fatal, con el fin de eliminar su sufrimiento”. “Cuando un enfermo u otra persona allegada piden que se les aplique la eutanasia –señaló- debemos preguntarnos ¿qué significado real suele poseer esta solicitud?”. El miedo al dolor, a un sufrimiento prolongado, al abandono empujan a la solicitud de una “buena muerte” es decir a la solicitud de ayuda para dejar de sufrir. Quizás no se esté pidiendo acabar con la fase final de una vida dolorosa sino lograr un alivio del sufrimiento”. Con independencia de los motivos de todo tipo que se puedan aducir para justificar o rechazar la eutanasia, “existe un dato difícilmente cuestionable y es el hecho de que hoy los pacientes no tienen por qué ser sometidos a un sufrimiento indeseado”, afirmó el ponente. “Hoy ya es médicamente posible controlar la situación de sufrimiento de un enfermo en situación terminal en prácticamente todos los casos gracias a la correcta aplicación de los Cuidados Paliativos”. Abogó finalmente por la conveniencia de que los profesionales de la sanidad asuman el compromiso ético esencial de los profesionales de la salud en el final de la vida de ayudar de verdad al enfermo terminal y a su familia a asumir con paz su propio proceso del morir, ofreciéndole una asistencia integral de calidad y atendiendo el conjunto de la situación desde un punto de vista psicobiosocial y espiritual mediante el desarrollo de equipos de trabajo multiprofesionales bien José Miguel Castillo habló sobre la “libertad de conciencia al servicio de la salud”, y, en concreto, sobre la objeción de conciencia, derecho que, en la actualidad, está reconocido por la jurisprudencia, y que no “puede quedar limitado a las modalidades amparadas y reguladas por Ley, sino que goza de una presunción de legitimidad constitucional”. Uno de los ámbitos donde se plantean con más frecuencia los conflictos de conciencia es el de la Sanidad, cuando se pone a los profesionales “en situaciones que, en principio, parecen contrarias al propio fundamento de la profesión -encaminada a la protección y promoción de la vida y de la salud-, y que obligan a actuaciones que acaban directamente con la vida (eutanasia, aborto)”. Se refirió después con detalle, a las propuestas actuales de regular por ley la objeción de conciencia de los médicos, sobre todo en los casos de aborto, y la de creación de registros de objetores. Respecto a la primera, señaló que “si no existe un derecho de la mujer embarazada al aborto, tampoco puede existir un deber del médico de practicarlo”; y en este sentido, quien se niega a la práctica del aborto, más que una objeción de conciencia, está planteando una objeción de legalidad, puesto que opta por la regla general que prohíbe el aborto”. Manifestó, por otro lado, que “el anuncio de introducir la «regulación de la objeción de conciencia en las prestaciones sanitarias y especialmente en las Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE)», supone una evidente advertencia a los médicos de que se limitará la objeción de conciencia en esos casos, del que “puedan derivarse consecuencias perjudiciales en la situación laboral de los profesionales sanitario”. Respecto a la eventual creación de un registro de médicos objetores de conciencia, entiende que es una iniciativa que “podría suponer un serio riesgo para la libertad de los profesionales de la sanidad”. En todo caso, “de crearse ese registro: la inscripción debe ser voluntario, con un respeto absoluto al artículo 16 de la Constitución: “Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”. Finalmente instó a que “desde las organizaciones y colegios profesionales, se intervenga desde posiciones deontológicas y estatutarias, -como ya ha anunciado la Organización Médica Colegial-, para hacer valer el derecho de todos los colegiados, sin distinción, a no ser limitados en su ejercicio profesional cuando éste discurre por un correcto cauce deontológico, articulando medidas que permitan oponerse legalmente a cualquier convocatoria para plazas, en instituciones públicas o privadas, en las que los médicos objetores sufran discriminación por el mismo hecho de objetar”. La última ponencia sobre la problemática socio-sanitaria de la píldora del día después corrió a cargo del Dr. Justo Aznar. La valoración ética y sanitaria de ese fármaco “depende fundamentalmente de que su mecanismo de acción sea anovulatorio o a que actúe después de la fecundación”. Destacó que la bibliografía científica publicada en inglés desde 1966 a noviembre de 2001 evidencia que el levonorgestrel (componente esencial de la píldora), tiene un efecto post-fertilización, que los autores definen como “moderadamente fuerte”. “Desde 2001 a 2006 se han publicado en revistas acreditadas solamente 5 trabajos de adecuada calidad técnica sobre el mecanismo de acción del levonorgestrel”. Se puede afirmar, concluyó, que en el 50-70% de las veces el levonorgestrel puede actuar por un mecanismo post-fertilización. Hizo una crítica documentada sobre la eficacia de la píldora en la prevención de embarazos de adolescentes. “Hasta la fecha ningún estudio ha mostrado que el incremento del uso de la contracepción de emergencia reduzca el número de embarazos no intencionados o abortos”. En consecuencia, a su juicio, los programas de sexo seguro y la dispensación indiscriminada de la píldora, no se han mostrado como un camino acertado, por lo que se debería optar por programas integrales de educación en la afectividad. En este sentido, citó la recomendación de la Academia Americana de Pediatría que apunta como primera recomendación para los pediatras la de “animar a la abstinencia sexual, como una parte de la educación de la sexualidad y ofrecer estos servicios a sus pacientes adolescentes”. (Foto: aspecto de la mesa redonda) Fuente: ANDOC

I Jornada sobre Ética Sanitaria en Sevilla: una tarde inolvidable de compromiso y participación

En el Colegio de Médicos de Sevilla se celebró jueves, día 3, la I Jornada sobre Ética Sanitaria, organizada por la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (ANDOC) y en la intervinieron, además de la Presidenta de ANDOC, María Dolores Gómez Armenteros, el Dr. José Mª Galán González-Serna, de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos; José Miguel Castillo Calvín, abogado, y el Dr. Justo Aznar, Director del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia. Al acto asistieron alrededor de 200 personas, y el animadísimo coloquio posterior se prolongó hasta horas, ya un poco avanzadas. La intervención del Dr. Galán se centró en precisar lo que se entiende por eutanasia: “aquella acción que, por su naturaleza o en la intención causa la muerte de una persona con una enfermedad irremisiblemente fatal, con el fin de eliminar su sufrimiento”. “Cuando un enfermo u otra persona allegada piden que se les aplique la eutanasia –señaló- debemos preguntarnos ¿qué significado real suele poseer esta solicitud?”. El miedo al dolor, a un sufrimiento prolongado, al abandono empujan a la solicitud de una “buena muerte” es decir a la solicitud de ayuda para dejar de sufrir. Quizás no se esté pidiendo acabar con la fase final una vida dolorosa sino lograr un alivio del sufrimiento”. Con independencia de los motivos de todo tipo que se puedan aducir para justificar o rechazar la eutanasia, “existe un dato difícilmente cuestionable y es el hecho de que hoy los pacientes no tienen por qué ser sometidos a un sufrimiento indeseado”, afirmó el ponente. “Hoy ya es médicamente posible controlar la situación de sufrimiento de un enfermo en situación terminal en prácticamente todos los casos gracias a la correcta aplicación de los Cuidados Paliativos”. Abogó finalmente por la conveniencia de que los profesionales de la sanidad asuman el compromiso ético esencial de los profesionales de la salud en el final de la vida debe incorporar el propósito firme de ayudar de verdad al enfermo terminal y a su familia a asumir con paz su propio proceso del morir, ofreciéndole una asistencia integral de calidad y atendiendo el conjunto de la situación desde un punto de vista psicobiosocial y espiritual mediante el desarrollo de equipos de trabajo multiprofesionales bien José Miguel Castillo habló sobre la “libertad de conciencia al servicio de la salud”, y, en concreto, sobre la objeción de conciencia, derecho que, en la actualidad, está reconocido por la jurisprudencia, y que no “puede quedar limitado a las modalidades amparadas y reguladas por Ley, sino que goza de una presunción de legitimidad constitucional”. Uno de los ámbitos donde se plantean con más frecuencia los conflictos de conciencia es el de la Sanidad, cuando se pone a los profesionales “en situaciones que, en principio, parecen contrarias al propio fundamento de la profesión -encaminada a la protección y promoción de la vida y de la salud-, y que obligan a actuaciones que acaban directamente con la vida (eutanasia, aborto)”. Se refirió después con detalle, a las propuestas actuales de regular por ley la objeción de conciencia de los médicos, sobre todo en los casos de aborto, y la de creación de registros de objetores. Respecto a la primera, señaló que “si no existe un derecho de la mujer embarazada al aborto, tampoco puede existir un deber del médico de practicarlo”; y en este sentido, quien se niega a la práctica del aborto, más que una objeción de conciencia, está planteando una objeción de legalidad, puesto que opta por la regla general que prohíbe el aborto”. Manifestó, por otro lado, que “el anuncio de introducir la «regulación de la objeción de conciencia en las prestaciones sanitarias y especialmente en las Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE)», supone una evidente advertencia a los médicos de que se limitará la objeción de conciencia en esos casos, del que “puedan derivarse consecuencias perjudiciales en la situación laboral de los profesionales sanitario”. Respecto a la eventual creación de un registro de médicos objetores de conciencia, entiende que es una iniciativa que “podría suponer un serio riesgo para la libertad de los profesionales de la sanidad”. En todo caso, “de crearse ese registro: la inscripción debe ser voluntario, con un respeto absoluto al artículo 16 de la Constitución: “Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”. Finalmente instó a que “desde las organizaciones y colegios profesionales, se intervenga desde posiciones deontológicas y estatutarias, -como ya ha anunciado la Organización Médica Colegial-, para hacer valer el derecho de todos los colegiados, sin distinción, a no ser limitados en su ejercicio profesional cuando éste discurre por un correcto cauce deontológico, articulando medidas que permitan oponerse legalmente a cualquier convocatoria para plazas, en instituciones públicas o privadas, en las que los médicos objetores sufran discriminación por el mismo hecho de objetar”. La última ponencia sobre la problemática socio-sanitaria de la píldora del día después corrió a cargo del Dr. Justo Aznar. La valoración ética y sanitaria de ese fármaco “depende fundamentalmente de que su mecanismo de acción sea anovulatorio o a que actúe después de la fecundación”. Destacó que la bibliografía científica publicada en inglés desde 1966 a noviembre de 2001 evidencia que el levonorgestrel (componente esencial de la píldora), tiene un efecto post-fertilización, que los autores definen como “moderadamente fuerte”. “Desde 2001 a 2006 se han publicado en revistas acreditadas solamente 5 trabajos de adecuada calidad técnica sobre el mecanismo de acción del levonorgestrel”. Se puede afirmar, concluyó, que en el 50-70% de las veces el levonorgestrel puede actuar por un mecanismo post-fertilización. Hizo una crítica documentada sobre la eficacia de la píldora en la prevención de embarazos de adolescentes. “Hasta la fecha ningún estudio ha mostrado que el incremento del uso de la contracepción de emergencia reduzca el número de embarazos no intencionados o abortos”. En consecuencia, a su juicio, los programas de sexo seguro y la dispensación indiscriminada de la píldora, no se han mostrado como un camino acertado, por lo que se debería optar por programas integrales de educación en la afectividad. En este sentido, citó la recomendación de la Academia Americana de Pediatría que apunta como primera recomendación para los pediatras la de “animar a la abstinencia sexual, como una parte de la educación de la sexualidad y ofrecer estos servicios a sus pacientes adolescentes”. (Foto: aspecto de la mesa redonda) Fuente: ANDOC, 4 de abril de 2008

Informe Sociedad Española de Médicos Atención Primaria (SEMERGEN):la principal causa de muerte entre las mujeres españolas de 30 a 34 años es el suicidio

El suicidio es la primera causa de muerte entre las mujeres La principal causa de muerte entre las mujeres españolas de 30 a 34 años es el suicidio, según una encuesta elaborada por la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen). EFE, Madrid | Actualizado 13.03.2008 - 13:33 El suicidio es la principal causa de muerte entre las mujeres de 30 a 34 años, una edad en la que se acentúan los trastornos depresivos dada la mayor exigencia laboral y familiar que sufren ellas con respecto a los hombres, y en la que el "reloj biológico" de la maternidad se niega a esperar más. Así lo indicó hoy Julio Zarco, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), que ha realizado una encuesta entre 1.300 pacientes femeninas y que el doctor comparó con los datos de un sondeo similar llevado a cabo hace unos diez años. La estadística de 2006 revela que una de cada tres mujeres pide ayuda al médico por ser víctima de violencia doméstica, tanto física como psicológica, un factor que en 1999 ni siquiera aparecía entre sus inquietudes de salud. La conclusión más destacada del estudio es que la salud de las féminas españolas "ha empeorado", al incorporar ellas todos los hábitos masculinos sin que "se haya hecho nada más que mucha demagogia" por la conciliación laboral y familiar, apuntó Zarco. El doctor confesó que, en el caso de ellas, se podría hablar de "la crisis de los 30", un momento en que la mujer se encuentra "dividida" entre las exigencias profesionales y el momento de decidir una posible maternidad, por lo que sufre ansiedad, estrés y depresión, problemas que antes afloraban en edades más adultas. Aunque tienen una expectativa de vida más amplia -82 años-, ellas padecen "más soledad, pobreza y dependencia", por las desigualdades en las pensiones, laborales y salariales que padecen. Las mujeres españolas tampoco se interesaban entonces -en 1999- por la anticoncepción postcoital ni por las disfunciones sexuales, asuntos ambos que aparecen actualmente entre sus seis principales consultas por encima de otros problemas de salud. Zarco recordó que hace una década pedían revisiones ginecológicas, presentaban alteraciones de dismenorrea o tumoraciones de mama, acudían al médico durante el embarazo y demandaban información sobre anticoncepción oral. El doctor Santiago Palacios, presidente de la Fundación Europea Mujer y Salud (FEMS), achacó esta nueva "fotografía de la mujer" a los cambios demográficos y a la evolución cultural. La adicción al tabaco, alcohol y otras drogas también han irrumpido en las consultas de las mujeres, incorporando hábitos poco saludables que, tradicionalmente, se vinculaban con los varones. Los doctores coinciden en que la "liberalización" de las relaciones sexuales ha hecho que afloren nuevos temas y, así, en los últimos cinco años se han incrementado un 25 por ciento la solicitudes de la denominada píldora del día después. Zarco dijo que hay un "incremento importante" de las enfermedades de trasmisión sexual -un 17 por ciento- porque "sigue sin utilizarse el preservativo", al tiempo que aumentó un 10 por ciento el número de abortos en la última década. La encuesta revela otro asunto novedoso, "el culto a la imagen", que genera inquietud en las mujeres en edades cada vez más tempranas, por lo que exigen cirugía estética y sufren graves trastornos en la alimentación, tales como la anorexia o la bulimia. La frecuencia con la que acuden al doctor ha disminuido con respecto al hombre -del 69 al 55 por ciento- y también la edad en la que lo hacen, de 55 a 32 años. El experto destacó que ahora acuden a Atención Primaria mujeres con un "nivel sociocultural inferior", porque en 1999 el 21 por ciento tenían estudios superiores y ahora tan sólo un 10 por ciento. El presidente de Semergen apuntó que el porcentaje de inmigrantes que demandan esta asistencia se ha incrementado un 20 por ciento en siete años, de un 12 por ciento al 32 actual. Una de cada cuatro mujeres tiene limitada su vida por patologías crónicas, aunque el 62 por ciento piensa que goza de buena salud; una de cada tres ha visitado al médico en las dos últimas semanas y el 10 por ciento ha sido hospitalizada en el último año. El doctor lamentó que, a pesar de que el 45 por ciento de las mujeres fallece por patologías cardiovasculares, el 25 por ciento fuma, una de cada cinco tiene sobrepeso, se ha incrementado el consumo de alcohol y sólo el 44 por ciento de las mayores de 65 se somete a un chequeo cardiovascular.

Jornada de Ética Sanitaria en Sevilla, organizada por ANDOC (3 de abril de 2008, Colegio de Médicos de Sevilla)

PROGRAMA DE LA JORNADA: Presentación: María Dolores Gómez Armenteros. - Dr. José María Galán González-Serna. Medicina Interna Hospital S. Juan de Dios (Sevilla)."Cuidados paliativos y dignidad del enfermo terminal". -Dr. Justo Aznar Lucea, Hospital La Fe de Valencia. "La píldora post-coital: problemática social y sanitaria". - D. José Miguel Castillo Calvín, abogado y asesor jurídico de ANDOC: "La libertad de conciencia al servicio de la salud". Colegio de Médicos de Sevilla (Avda. de la Borbolla, 47), 3 de abril, 20,15 h.

La Deontologia teme el uso político de una lista de objetores

La posibilidad de hacer un registro de objetores de conciencia al aborto anunciado por Soria es vista con recelo por la Comisión Deontológica de la OMC, que cree que es legalmente discutible y que sería dejar ese listado en manos políticas. Los profesionales también están en contra. M.E./G.S.S. 05/03/2008 (Diario Médico) Rogelio Altisent, presidente de la Comisión Deontológica de la Organización Médica Colegial (OMC), se ha referido a la creación de un registro de objetores de conciencia al aborto, mencionado por el ministro de Sanidad a un grupo de periodistas tras un desayuno convocado por Europa Press, como han recogido varios medios de comunicación. Bernat Soria precisó que el programa del PSOE recoge la regulación de la objeción de conciencia, "lo que no quiere decir que se limitará, sino que se establecerá cómo ejercer ese derecho". Durante el desayuno Soria no hizo alusión a la creación de un registro de objetores, pero luego se refirió a él ante un grupo de periodistas. Altisent se ha mostrado tajante en este punto: "Que quede claro que nuestra propuesta es que el colegio profesional sea el que realice la validación de la objeción de conciencia de sus colegiados". La idea del presidente de la Deontológica fue respaldada también por la OMC. En cualquier caso, Altisent añadió que "el médico objetor debe comunicarlo también a la institución sanitaria donde trabaja, pero no vemos claro que existan listas manejadas por el poder político, lo cual sería legalmente discutible". Según el presidente de la Deontológica, un listado de este tipo supondría un riesgo de discriminación para el médico que figure en él. "Si establecemos analogías podríamos hacer listados de todo tipo en asuntos en los que el profesional no esté de acuerdo con la empresa". El ministro de Sanidad afirmó además que no permitirá que los médicos se acojan a la objeción de conciencia para negarse a practicar abortos en el sistema público, en el caso de que sí los hagan en el privado, pero aclaró que no quiere decir que suceda. Práctica intolerable Altisent manifestó que si se demuestra que un médico apela a la objeción de conciencia en el sistema público para no practicar un aborto y luego lo hace en la sanidad privada, "constituiría una falta muy grave del colegiado". Al respecto, citó uno de los puntos de la Declaración de la Comisión Central de Deontología Sobre la Objeción de Conciencia del Médico, que establece que "sería éticamente intolerable esta práctica por parte del médico. Tal conducta sería signo de doblez moral que causaría grave descrédito a la profesión médica, pues revelaría que el móvil esencial de su comportamiento es el afán de lucro. La Comisión Central de Deontología es de la opinión de que en la legislación que en su día regule la objeción de conciencia profesional se penalice con la máxima dureza posible a quienes hicieran un uso espurio e indigno de la profesión". Ni negro ni blanco Los profesionales también recelan ante una posible creación de un registro de objetores por parte del Ministerio de Sanidad. Luis Cabero, presidente honorífico de la Sociedad Española de Ginecología, ha aclarado que "la objeción de conciencia no es algo blanco o negro, sino que puede haber matizaciones. Es posible que un médico no objete en casos de incompatibilidades con la vida, es decir, por ejemplo en supuestos de malformaciones muy graves del feto, y que sí lo haga ante otro tipo de tara". Además, es también posible que un médico "objete en público, pero no en privado, y no por eso debe estar en una lista de guapos y feos". Cabero considera que la creación de un registro de objetores "es inaceptable". Por su parte, Pedro Toranzos, vicepresidente de la Asociación Nacional para la Defensa de la Objeción de Conciencia del Personal Biosanitario, cree que "nadie está obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias (artículo 16.2 de la Constitución Española)" y la posible creación de un registro "supone un ataque más a la libertad de las conciencias de los profesionales. Para el magistrado del Consejo General del Poder Judicial, José Luis Requero, "el médico es personal estatutario adscrito a un servicio, por lo que el centro debería saber quién está dispuesto a realizar este tipo de intervenciones, es decir, con qué médicos cuenta y con quiénes no". Si con la creación de un listado se pretende saber qué facultativos objetan en la pública pero no en la privada, "estamos ante un tema de incompatibilidad y de obstaculización a la prestación de un servicio público". Requero ve inadmisible el uso del registro como una lista negra. En la foto: Pedro Toranzos.

Los médicos exigen que Soria demuestre sus acusaciones contra objetores

Bernat Soria ha faltado gravemente a los médicos. Así al menos lo entienden desde la Organización Médica Colegial (OMC), que ha hecho pública una nota en la que se señalaba que «declaraciones como las que realizó el ministro de Sanidad en relación a que algunos médicos alegan objeción de conciencia por la mañana (en la sanidad pública) y realizan abortos por la tarde (en la sanidad privada), deberían estar fundadas en hechos reales y no en supuestos, porque de conocerse, estos deben ponerse obligatoriamente en conocimiento inmediato del Colegio Oficial de Médicos correspondiente y en su caso de la autoridad competente, ya que además de ser un desprestigio para la profesión médica, crean una alarma innecesaria en la población general». Las acusaciones sin pruebas lanzadas por Soria han sido calificadas en círculos médicos de «tan graves como inexplicables en un ministro». Expuso su peregrina teoría durante un coloquio en el que intentaba justificar la regulación de la objeción de conciencia en la cuestión del aborto y la creación de un registro de objetores de esas prácticas. El peligro de la «lista negra» Para muchos profesionales, que de momento prefieren guardar el anonimato, la propuesta del registro «tiene muy mala pinta. Suena, sobre todo, a una lista negra que puede ser utilizada para controlar y discriminar a los que decidan objetar». En este sentido, la OMC aclara en su comunicado que «no se debe discriminar a ningún profesional a causa de sus principios. Al médico le asiste el derecho constitucional de objeción de conciencia. Es decir, el derecho a negarse por razones de conciencia a cumplir con un cometido profesional obligatorio o impuesto por la autoridad, y el deber de respetar los derechos y decisiones de sus pacientes. La objeción de conciencia es estrictamente moral, por lo que se deben respetar los valores en conflicto, o lesionarlos lo menos posible». «Con relación -prosigue el texto- a un posible registro de médicos que aleguen objeción de conciencia, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos deja bien claro que dichos registros deben estar en manos de las organizaciones profesionales».

Conferencia de José Antonio Díez en el Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza

El pasado lunes día 11 de febrero, José Antonio Díez, doctor en Derecho y Coordinador general de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (ANDOC), pronunció la segunda de las dos conferencias de las Jornadas sobre Deontología, organizadas por el Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza. El tema tratado fue “Alcance y límites del derecho a la objeción de conciencia”. A lo largo de su intervención, abordó la naturaleza del derecho a la objeción de conciencia en el ámbito sanitario, desde una triple perspectiva: ética, jurídica y sanitaria. Siguiendo ese hilo conductor, expuso las posturas filosóficas y los enfoques jurídicos que esgrimen tanto los partidarios como los detractores de la objeción de conciencia en la sanidad. Se detuvo especialmente en el análisis de la jurisprudencia española que, a partir de 1985, ha refrendado el carácter de derecho fundamental de la objeción de conciencia, vinculándola al derecho a la libertad ideológica y de conciencia consagrada por el artículo 16 de nuestra Constitución. Igualmente, señaló los límites que tiene el ejercicio de este derecho en la práctica sanitaria y, en concreto, en la dispensación farmacéutica. Hizo una mención especial a la denominada objeción de ciencia, es decir, la oposición a una determinada acción sanitaria amparada en motivos científicos y legales. En este sentido, detalló alguna de las razones de índole científica y legal por las que un farmacéutico, en uso de su libertad y responsabilidad profesional, puede negarse a dispensar, por ejemplo, la píldora post coital, basándose en la ausencia, en muchos casos, de receta, en la falta de estudios representativos en los que se demuestre que la utilización de la pdd en menores de 16 años sea segura y en la sospecha –cada vez más admitida por la literatura científica- de los efectos anti implantatorios debidos a la alta dosis de progestágenos que contiene el levonorgestrel, componente principal de la píldora del día después. Cerró su intervención, criticando aquellas políticas sanitarias de “sexo seguro”, que postulan la anticoncepción de emergencia como medida eficaz contra los embarazos no deseados y los abortos de adolescentes, que están produciendo en la práctica, efectos totalmente diversos a los perseguidos. La intervención fue seguido por un nutrido grupo de profesionales, entre los que se encontraban farmacéuticos, médicos, abogados, personal de enfermería, etc.

Comunicado de ANDOC sobre propuesta PSOE para regular objeción de conciencia médica y crear listas de objetores

La propuesta electoral del PSOE de que se elaboren listas de médicos objetores al aborto puede representar un serio riesgo contra la libertad de los profesionales de la sanidad

Matt Foreman, director ejecutivo saliente de la "National Gay and Lesbian Task Force" (NGLTF) de EE.UU. ha sorprendido a sus militantes con unas declaraciones.

WASHINGTON D.C., 15 Feb. 08 (ACI).-En una conferencia pública, Matt Foreman, director ejecutivo saliente de la "National Gay and Lesbian Task Force" (NGLTF), una de las organizaciones de presión homosexual más influyentes y agresivas de Estados Unidos, paralizó a sus seguidores y partidarios al confesar que la conducta homosexual es la principal causa de la transmisión del virus del SIDA. Al hablar sobre el tema del SIDA en su discurso de despedida, ante una audiencia compuesta por miembros y simpatizantes de la NGLTF, Foreman se refirió a las cifras oficiales de las autoridades de salud en Estados Unidos, que han dado la alarma sobre un incremento de la transmisión del SIDA. "Internamente, cuando se publican estos números, la comunidad homosexual establecida parece encogerse de hombros colectivamente, como si éste no fuera nuestro problema", dijo Foreman. "Señores: siendo homosexual o bisexual el 70 por ciento de las personas en este país que viven con el VIH, no podemos negar que el VIH es una enfermedad homosexual. Tenemos que aceptar y darle la cara a este hecho", agregó el activista, para el asombro de sus seguidores. Las declaraciones de Foreman, silenciadas mayoritariamente por la prensa secular, se suman a las que un año atrás realizó Lorri Jean, Directora Ejecutiva del "Centro Homosexual y Lésbico" de Los Angeles (California), también dirigiéndose a un grupo de militantes: "El VIH es una enfermedad homosexual. Acéptenlo. Pónganle punto final". Diversas organizaciones pro-vida y pro-familia invitaron recientemente a Foreman y otros activistas homosexuales a superar diferencias ideológicas y unirse en una campaña para ayudar a los homosexuales a aceptar lo que las estadísticas de salud evidencian en Estados Unidos: que el SIDA está transmitiéndose mayoritariamente a través de actos homosexuales. Las cifras de salud también han demostrado que la difusión de una nueva mutación del mortal estafilococo dorado, se está produciendo casi exclusivamente entre homosexuales. "La única medida eficaz para prevenir la difusión de ambas enfermedades es el cambio en el estilo de vida de los homosexuales", ha señalado Matt Barber, directivo de Concerned Women of America, una de las organizaciones pro-familia no denominacionales que han pedido a los militantes homosexuales del país iniciar una campaña para cambiar sus hábitos sexuales. "Espero que esta admisión lleve a un cambio en las agendas liberales que vienen impulsando la aceptación, en vez de la corrección, del estilo de vida de los homosexuales militantes", señaló Barber.

La industria farmacéutica ignora a las embarazadas

CRISTINA DE MARTOS El Mundo, 29/01/2008 09:17 MADRID.- En las últimas dos décadas sólo se ha registrado un fármaco indicado específicamente para el embarazo y apenas 17 están en desarrollo, un número ridículo si se compara con el de otros sectores de la industria, incluidas algunas enfermedades raras. Cada año, más de medio millón de mujeres y siete millones de niños mueren por causas relacionadas con el embarazo y el parto. Coste versus beneficio. Esta es la relación última que analiza una empresa. Las grandes inversiones en investigación y desarrollo de las farmacéuticas tienen una razón de ser: la expectativa de grandes ingresos por las ventas de sus productos. En un mercado que crece en torno al 6% cada año y que genera entre 20 y 25 medicamentos nuevos anualmente, el embarazo se ha convertido en un área de libre albedrío farmacológico con pocas garantías y menos opciones terapéuticas. Esta es la instantánea que dibuja un trabajo publicado en la revista 'PLoS Medicine'. Dos datos: el 75% de las embarazadas toma al menos un fármaco cuya seguridad no está probada para este periodo, algo que no es de extrañar ya que sólo existen 10 compuestos aprobados con indicaciones para la gestación. El tándem de autores, formado por Nicholas Fisk, profesor de medicina fetal de la Facultad de Medicina del Colegio Imperial de Londres, y Rifat Atun, profesor de medicina internacional en el mismo centro británico, realizó una búsqueda de 25 términos relacionados con la gestación en bases de datos de fármacos y ensayos clínicos con el objetivo de identificar cualquier producto destinado al tratamiento o prevención de complicaciones como la preeclampsia o la restricción del crecimiento fetal. El resultado fue desalentador. 67 medicamentos cumplían estos requisitos y 40 carecían de uso, habían sido suspendidos o estaban inactivos a finales de 2007. De los 17 que se encontraban en fase de desarrollo, sólo nueve eran fórmulas nuevas. Esta escasez refleja "un vacío en los fármacos para las mujeres", como recalcan Fisk y Atun. Este 'abandono' queda patente en su trabajo. Mientras que la industria está desarrollando 17 medicamentos para el embarazo, 660 con indicaciones cardiovasculares están en proceso y 34, el doble, para el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad rara que afecta a unas "20.000 personas en los siete principales mercados del mundo". 'Matando moscas a cañonazos' El problema, más que la escasez de fármacos, es el desconocimiento de cómo y por qué aparecen determinados problemas. Esa es, al menos, la postura defendida por Eduard Gratacós, jefe de Medicina Materno-Fetal del Hospital Clinic de Barcelona. Esta falta de información se traduce en terapias que solucionan los signos o síntomas de una patología, como la hipertensión típica de la preeclampsia, pero no la raíz del problema. Cada año se producen unos nueve millones de nacimientos en Estados Unidos y la Unión Europea. Un 2% será parto prematuro y un 20% provocado, el 3%-5% de las mujeres sufrirá preeclampsia (alteración hipertensiva) y un 0,5% hemorragia masiva tras dar a luz y alrededor del 3% de los fetos tendrá restricción del crecimiento. Pero el embarazo tiene una duración limitada y sus complicaciones desaparecen con él. A pesar de que hay un volumen considerable de investigaciones en marcha sobre las complicaciones del embarazo, de la mayor parte de ellos se sabe bastante poco. "Al no conocer la fisiopatología de estas enfermedades no podemos saber qué necesitamos exactamente [para tratarlas]", señala Gratacós a elmundo.es. "Usamos terapias muy primitivas, pero en algunos casos estamos bastante cerca de la solución", añade. Pero, cuando la ciencia llegue al origen de estos trastornos, ¿se podrán investigar los fármacos en las gestantes o existirán las mismas barreras?

El Colegio de Farmacéuticos de Málaga elabora un registro de objeción de conciencia

MÁLAGA El Colegio de Farmacéuticos elabora un registro de objeción de conciencia Ningún boticario malagueño ha comunicado de forma oficial su negativa a dispensar la píldora del día después 06.01.08 - 11:17 - ÁNGEL ESCALERA | DIARIO SUR MÁLAGA El Colegio de Farmacéuticos de Málaga ha elaborado un registro para que se inscriban en él los boticarios que tengan objeción de conciencia dispensar algún medicamento, especialmente la llamada píldora postcoital o del día después. El registro, que ya ha sido aprobado por la junta de gobierno del colegio, se pondrá en marcha a lo largo de este año, según informó a este periódico el presidente de los farmacéuticos malagueños, Javier Tudela. Esta medida tiene como objetivo prestar cobertura y apoyo legal a cualquier profesional de la farmacia que desee acogerse a la cláusula de conciencia para no vender determinados medicamentos. «No tenemos constancia de que haya farmacéuticos que se nieguen a vender la píldora del día después o, al menos, no nos lo han comunicado de forma oficial, pero puede haber alguno que no quiera tener ese medicamento en su establecimiento. Precisamente, creamos el registro de objeción de conciencia para regular ese asunto», indicó Tudela. Añadió que el fármaco que levanta más dudas entre algunos boticarios es la píldora del día después, ya que hay profesionales que pueden considerar que presenta un carácter abortivo. En cambio, ya están superadas por completo las reticencias a vender preservativos y píldoras anticonceptivas, apuntó Javier Tudela. Medicamento obligatorio La píldora del día después está considerada como un medicamento que obligatoriamente deben tener las farmacias. Al menos deben contar con tres cajas por botica. El vicepresidente de la Cooperativa Farmacéutica Cofaran, Leandro Martínez, explicó que ningún boticario de Málaga les ha comunicado que no les sirvan la píldora del día después, aunque no es necesario hacerlo, basta con no incluir ese producto en el listado de peticiones que se hacen. «El 90% de las unidades que de píldoras postcoitales que tienen las farmacias caducan y hay que devolverlas, ya que se venden muy pocas. «La gente joven, que es la que más recurre a este método, prefiere ir a las urgencias del Materno Infantil o a un centro de salud a solicitar ese medicamento, porque saben que se lo van a dar gratuitamente, mientras que en las farmacias deben pagarlo y presentar una receta médica», precisó Leandro Martínez.

II SIMPOSIO NACIONAL DE ANDOC SOBRE OBJECIÓN DE CONCIENCIA

El próximo 10 de octubre, se celebrará en el Ateneo de Madrid (C/ Prado, 21)el II Simposio Nacional sobre Objeción de conciencia, organizado por la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (ANDOC), con el título “Libertad y conciencia en las profesiones sanitarias”. El objetivo de esta jornada será el estudio y debate sobre el derecho a la objeción de conciencia desde una triple perspectiva: jurídica, ética y sanitaria. Con ese fin, tendrán lugar dos conferencias y dos mesas redondas, en que intervendrán algunos de los más reconocidos especialistas en la materia, entre los que se encuentran el Catedrático Rafael Navarro-Valls; la profesora López-Barahona, el profesor Vincenzo Turchi, el Dr. Altisent, Presidente de la Comisión Central de Deontología de la OMC, etc. El Simposio va dirigido tanto a profesionales de la Sanidad y del Derecho, como a universitarios y profesionales, que se desempeñen en otros ámbitos como el de la Educación, la función pública, las ONG’s y los movimientos sociales. La inscripción puede hacerse a través de la página web de ANDOC (www.andoc.es), o bien enviando por fax la correspondiente ficha, al número y dirección que aparece en el programa.

Mensajería y sanciones, principales pegas del Cacof a la ley andaluza

Celebrará una reunión con grupos parlamentarios en septiembre para mejorar el texto. El Consejo Andaluz de COF (Cacof) centrará su estrategia política en la tramitación de la Ley de Farmacia de Andalucía en limar cuestiones como "el capítulo de las sanciones, que se considera excesivo; la distribución de medicamentos por mensajería; las transmisiones onerosas de la propiedad, y la posibilidad de abrir una farmacia al lado de otra que no dispense determinados medicamentos en el ejercicio de su derecho a la objeción". J. M. L. A. jmlopeza@recoletos.es 23/07/2007 La estrategia, que se iniciará en septiembre, consistirá en "reanudar los contactos ya iniciados con las instancias políticas, profesionales, académicas e industriales", así como la concertación de encuentros con "la totalidad de los grupos parlamentarios andaluces". Así lo explica el Cacof en un comunicado difundido la semana pasada en Sevilla. La entidad que aglutina a los colegios andaluces celebrará en septiembre, antes de que se inicie el debate parlamentario sobre la ley, una "reunión conjunta" con los grupos parlamentarios de la autonomía y una "comparecencia" ante el Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía. En este contexto, explica el comunicado, el Cacof "tendrá una dedicación preferente a conseguir la sintonía con la Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia de Andalucía (Ceofa), con las entidades andaluzas de la distribución mayorista y con las distintas instancias de la industria farmacéutica". Según explica el Cacof, "el deseo de los colegios andaluces es que la norma sea aprobada con un amplio respaldo político y social, si fuera posible, por unanimidad, algo que le otorgaría una gran credibilidad y fortaleza al modelo asistencial de farmacia en un momento en que éste parece haber sido cuestionado por la Comisión Europea". Puntos de conflicto De esta forma, la posibilidad de que las farmacias puedan dispensar medicamentos a domicilio utilizando servicios de mensajería para enfermos crónicos ha sido calificado por varios juristas como inconstitucional y que puede chocar con la Ley de Garantías. En el caso de las transmisiones onerosas de la propiedad el proyecto introduce dos limitaciones: una que es no permitir el traspaso hasta que transcurran cinco años desde la apertura de establecimiento al público y otra es el sistema de concurso, por el que se decidirá el comprador, poco operativo para la agilidad del tráfico. La posibilidad de abrir una farmacia cerca de otra que no dispense la píldora del día después es otra de las medidas del proyecto que tratarán de eliminar los colegios, ya que impide el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia. Las sanciones es otro de los apartados en el que los colegios plantarán batalla durante la tramitación parlamentaria del proyecto, ya que se consideran "absolutamente desproporcionadas". El Consejo andaluz fijará su posición definitiva sobre el proyecto de ley esta semana, una vez que se reúna el Comité Ejecutivo. Hay que recordar que el Cacof lleva desde 2006 tratando de difundir a toda la región su interés en que la futura ley recoja con fidelidad lo que denomina un modelo de farmacia de proximidad. Para ello impulsó el Contrato Social por la Farmacia Andaluza, un documento en el que recoge medidas para todos los agentes de la cadena del medicamento. En relación con la farmacia, plantea la necesidad de que se extienda la receta electrónica.

La sífilis y la gonococia se incrementó un 500% en una década en España

La ministra de Sanidad de entonces, Matilde Fernández, aseguraba en 1990 que los condones frenarían las enfermedades de transmisión sexual. La prevalencia de la sífilis y de la gonococia en la población general ha experimentado un incremento cercano al 500% desde finales de los años 90. Así se puso de manifiesto durante la presentación de la XIII Reunión del Grupo Español para la Investigación de las Enfermedades de Transmisión Sexual (GEIETS), que se ha celebrado en el Colegio de Médicos de Valencia. El incremento en la incidencia de la sífilis y de la gonococia está ligado al aumento de la inmigración en España, aunque 'no hay que culpabilizar' a ese colectivo, que también sufre un mayor porcentaje de infecciones al llegar a este país, según remarcó el doctor Antonio Rodríguez Pichardo, del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. La culpa habría que buscarla en la población residente, que llama a trabajar a mujeres baratas inmigrantes. En este sentido, doctor Del Romero apostó por un acceso libre, anónimo y desburocratizado' a los centros sanitarios, de forma que la población inmigrante no tenga reparos a la hora de someterse a revisiones que contribuyan a mejorar el control de estas enfermedades'. La sífilis, que se daba por controlada hace cinco años, ha incrementado su incidencia especialmente entre los homosexuales masculinos y entre ciudadanos de países del Este, donde es considerada una pandemia, mientras que los nuevos casos de transmisión de VIH en España se producen sobre todo entre heterosexuales. Sin embargo, el sida 'está controlado' y se ha convertido en una enfermedad crónica gracias al tratamiento con antirretrovirales, de forma que muchas de las personas infectadas por el VIH, un 0,3% de la población en España (estimaciones), no llega a desarrollar la enfermedad, según Del Romero. El Ministerio de Sanidad sigue ocultando el número de casos encontrados de personas infectadas de VIH, y sólo comunica estimaciones a la baja. Para ellos, por su disco rayado, nadie se ha infectado en los últimos 15 años. Las tasas de prevalencia de este virus entre las personas que se han inyectado drogas se encuentra entre el 30 y el 40%, y, en el ámbito de la prostitución, del 14,2% entre los homosexuales, del 0,5% entre las mujeres extranjeras y del 0,9% entre las españolas. Incremento en el número de abortos Este aumento generalizado de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) tiene su reflejo en el incremento del número de abortos y del uso de la píldora del día siguiente, ya que estos datos indican que durante la relación sexual no se usa preservativo, a pesar de las campañas. En este sentido, los médicos reclaman la puesta en marcha de buenos programas de prevención, porque cada año 'miles de jóvenes se incorporan al mercado sexual' y estos adolescentes, consideran que 'el sida es una antigualla' y que ellos son inmunes a esas enfermedades, según Pichardo. Fuente: www.sinsida.org 3 de marzo de 2007

Representación de ANDOC en el Congreso Internacional de Roma "La conciencia cristiana en defensa de la vida".

¿Qué es la conciencia?. A esta pregunta ha respondido la XIII Asamblea General de la Academia Pontificia Para la Vida (PAV). La cumbre de teólogos, filósofos, juristas, científicos y bioéticos se celebró del 23 al 24 de febrero en Roma sobre el tema «La conciencia cristiana en apoyo del derecho a la vida». En esa reunión internacional, a la que acudieron más de 400 congresistas de los Cinco Continentes, estuvo nuestra Presidenta María Dolores Gómez Armenteros, Esta es una de las conclusiones de la declaración final de la Academia tras el congreso internacional celebrado en el Vaticano del 23 al 24 de febrero sobre el tema: "La conciencia cristiana en apoyo del derecho a la vida". En su declaración final, publicada ayer, la asamblea defiende la “movilización de todos aquellos que se preocupan por la vida humana, una movilización que se debe extender también al ámbito político, y una reclamación imprescindible de la justicia al respeto del principio de igualdad, que exige respetar y proteger los derechos de todos, especialmente de los sujetos más frágiles e indefensos". La asamblea declara entre otras cosas que la conciencia cristiana "encuentra su campo de prueba en la aplicación de la profesión sanitaria, cuando se encuentre frente al deber de proteger la vida humana y al riesgo de hallarse en situaciones de cooperación con el mal en la aplicación de sus deberes profesionales" y que en esa situación "adquiere un relieve mayor el ejercicio debido de "la decidida objeción de conciencia". En este sentido la declaración pone de relieve el contrasentido de que la objeción de conciencia tiene lugar en un contexto cultural de tolerancia ideológica que, muchas veces, no acepta el ejercicio de este derecho, porque lo considera un elemento desestabilizador de la tranquilidad de las conciencias. La Asamblea considera un deber subrayar cómo para las profesiones sanitarias es muy difícil ejercer el derecho a la objeción de conciencia, desde el momento que tal derecho se reconoce generalmente a los individuos y no a las estructuras hospitalarias o a las asociaciones. En cuanto a la contracepción de emergencia, la declaración recuerda la responsabilidad moral de quienes hacen posible su uso y la exigencia de recurrir a la objeción de conciencia en la medida en que sus efectos sean abortivos. En el mismo sentido se subraya el deber moral de facilitar al público una información completa sobre los verdaderos mecanismos de acción y efectos de tales descubrimientos. Además de la enorme trascendencia que el Congreso ha tenido en los medios profesionales y, en general, en la opinión pública mundial, para ANDOC ha constituido un claro “espaldarazo” internacional, pues tuvimos la ocasión, gracias a la Prof. Mónica López-Barahona, de informar en una de las sesiones sobre la naturaleza y actividades de nuestra Asociación. Al mismo tiempo, María Dolores pudo tener un amplio cambio de impresiones con el Presidente de la PAV, Mons. Elio Egreccia, quien se mostró muy interesado sobre la labor de ANDOC. Fuente: ANDOC, 25 de marzo de 2007

Un fallo del TSJA permite ejerce la objeción de conciencia como derecho individual

El Tribunal Superior de Andalucía valida la orden que obliga a dispensar la 'pdd' pero permite ejercer este derecho. Un fallo reconoce expresamente la objeción del farmacéutico como derecho individual. El farmacéutico puede negarse a realizar una dispensación cuando ésta vaya en contra de sus principios morales esgrimiendo el derecho a la objeción de conciencia reconocido en el artículo 16.1 de la Constitución Española. Así lo ha recogido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, para el que la objeción produce "efectos excepcionales y puntuales, personales e individuales en aquellos [profesionales] que la esgriman". De esta forma, el fallo andaluz es la primera sentencia que reconoce la objeción del farmacéutico, porque el Tribunal Supremo lo hizo simplemente de una forma genérica, lo que obligaba a examinar cada caso concreto. Ahora ya no. Con esta sentencia el farmacéutico que desee ejercer este derecho recibe un espaldarazo claro y contundente. La sentencia también es histórica porque resuelve una cuestión que lleva seis años a la espera de una respuesta, desde que la Junta de Andalucía amenazó con sancionar a los farmacéuticos que no dispensaran la píldora del día después (pdd) con apoyo en una orden que obligaba a las farmacias a tener la pdd y preservativos. Iniciativas Dos farmacéuticos, ambos no ejercientes, presentaron sendos recursos en los tribunales. Uno de ellos fue el que utilizó la vía de la protección de los derechos fundamentales y el que terminó en el Tribunal Supremo en 2005, pero el otro -con una tramitación más lenta- se presentó por los cauces ordinarios en 2001 y se ha resuelto ahora. Ha merecido la pena esperar, ya que la sentencia es mucho más clara que la del alto tribunal. En efecto, éste simplemente apuntó que según el artículo 16.1 de la Constitución, que recoge la objeción, existe "una acción en garantía de este derecho para aquellos profesionales sanitarios con competencias en materia de prescripción y dispensación de medicamentos". Sin embargo, la sentencia del tribunal andaluz ha dado un paso más allá porque ha concretado cómo se tiene que ejercer este derecho, su alcance (no supone la anulación de una norma de carácter general) y su fundamento deontológico. Tal y como recoge expresamente el fallo, "no se puede invocar como motivo de ilegalidad la objeción de conciencia, que forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa". En este sentido, prosigue, "la objeción, entendida como la negativa de un individuo a cumplir lo mandado por una concreta norma del ordenamiento jurídico, por entender que su icumplimiento es incompatible con el respeto debido a un determinado valor moral percibido por la propia conciencia, podría considerarse como un modo de excepción, por cuestiones éticas, a una conducta jurídicamente exigible". Fundamento Es precisamente este motivo el que sirve para fundamentar que la objeción "no legitima para impugnar una norma de carácter general". En cambio, sí "puede ser enarbolada cuando puedan derivarse sanciones por su incumplimiento". El farmacéutico, concreta el fallo, sólo está facultado para ejercerlo de forma individual, "como autoriza el propio Código de Etica Farmacéutica, al señalar que la responsabilidad y libertad personal del farmacéutico le faculta para ejercer su derecho a la objeción de conciencia respetando la libertad y el derecho a la vida y la salud del paciente". En igual sentido, prosigue, "el artículo 33 del Código compromete a la Organización Colegial la defensa de quienes hayan decidido declararse objetores". De esta forma, la sentencia (realmente con una connotación salomónica), que acepta los argumentos del abogado José Miguel Castillo-Calvín, ha venido a confirmar el criterio que ya expusieron en CF varios juristas, en el sentido de que la objeción no puede ser un obstáculo para evitar el cumplimiento de la ley, por lo que debe estar justificada. Además, reabre el debate de que son los propios colegios los que deberían facilitar asesoramiento al farmacéutico. Tal y como explicaba José Comas, abogado, "la objeción no es un derecho absoluto y debe apreciarse caso por caso, ya que, de lo contrario, existe el riesgo de relativizar las normas". Desde otro punto de vista, Rafael Ariño, abogado, apuntaba que "la objeción es un derecho fundamental, por lo que la libertad ideológica (y, con ella, la objeción) prevalece sobre el derecho a la salud. Una batalla histórica Historia de la pugna en los tribunales por conseguir un reconocimiento a la objeción. Mayo de 2001 La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios aprueba la píldora del día después (levonorgestrel). Junio de 2001 La Junta de Andalucía publica una orden de existencias mínimas en la que obliga a las farmacias a tener la pdd y preservativos. La Administración amenaza con sancionar a las farmacias que no dispensen la pdd. Un farmacéutico que no ejercía recurre. Febrero de 2002 Después de suspendida la orden un breve tiempo hay un nuevo recurso pidiendo la objeción. Agosto de 2002 El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Andalucía desestima el recurso del farmacéutico que no ejerce. El caso va al Supremo. Mayo de 2005 El Supremo da la razón a la Junta al rechazar el recurso del farmacéutico al no ejercer aunque reconoce de forma general que se pueda ejercer la objeción. Enero de 2007 El TSJ resuelve el fondo del asunto, contradiciendo su propio criterio, a pesar de que el farmacéutico no ejerce. Rechaza anular la orden de existencias mínimas pero reconoce expresamente la objeción de conciencia como derecho individual. José María López Agúndez. jmlopeza@recoletos.es Correo Farmacéutico 12/02/2007

Médicos del Gregorio Marañón transplantan células madre de grasa a corazón

MADRID (Reuters) -5 de febrero de 2007, 17h02 El equipo de cardiología del Hospital Gregorio Marañón ha realizado el primer implante de células madre procedentes de grasa en un corazón con el objetivo de regenerar los vasos sanguíneos del paciente y evitar una angina de pecho, informó el lunes el centro hospitalario en un comunicado. Es la primera vez en el mundo que se realiza este procedimiento cardíaco derivando células madre adultas de la grasa, agregó el hospital. La operación se prolongó cinco horas y el paciente, de 72 años, fue dado de alta en dos días. Los cardiólogos extrajeron, purificaron, seleccionaron e implantaron 28 millones de células para generar vasos sanguíneos nuevos en el paciente y así mejorar el bombeo de sangre en el corazón. Las células, que se introdujeron en el corazón a través de un catéter en la arteria femoral, procedían de la grasa del abdomen del paciente y se extrajeron mediante una liposucción que llevaron a cabo cirujanos plásticos. Los cirujanos utilizaron una máquina específica para separar la grasa de las células mesenquimales, unas células madre que pueden transformarse en diversos tejidos, purificarlas y limpiarlas para introducirlas en el corazón del paciente. Este procedimiento es más rápido que otras técnicas con células madre porque las derivadas de la grasa no tienen que ser cultivadas durante tres semanas. Esta intervención se engloba en un estudio internacional que se está desarrollando en Houston en el que colabora el Gregorio Marañón. En la operación participaron el jefe de cardiología del centro madrileño Francisco Fernández-Avilés y el cardiólogo estadounidense Emerson Perin.

Farmacéuticos de Andalucía elevan unas 50 alegaciones a la LOFA, entre ellas la anulación de las transmisiones onerosas

El Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos ha elevado a la Consejería de Salud de la Junta más de una cincuentena de alegaciones al anteproyecto de Ley de Ordenación Farmacéutica de Andalucía (LOFA), entre ellas la petición de que "se anule la intervención de la Administración en las transmisiones onerosas de las oficinas de farmacia". Fuentes del Consejo Andaluz de Farmacéuticos explicaron a Europa Press que el hecho de que el anteproyecto de Ley recoja la obligatoriedad de realizar un concurso público "puede provocar un retraso en el proceso de traspaso del establecimiento de entre 10 y 12 meses", un tiempo que, en opinión de la entidad colegial, "no aporta ningún beneficio y sí perjuicios al propietario, ya que si decide vender es porque le urge hacerlo". "No nos oponemos a la trasparencia ni muchísimo menos", precisaron las mismas fuentes en referencia a la declaraciones recientes de la consejera de Salud, María Jesús Montero, de que el concurso público "permitirá evitar movimientos especulativos". Con todo, y frente a estas tesis mantenida por la Administración, la entidad colegial consideró que la medida "no será ágil", toda vez que argumentó que los titulares de estas farmacias "no pueden especular con nada, ya que estamos hablando de su patrimonio". Al hilo de ello, confiaron en que la Consejería de Salud "termine por eliminar de la Ley este precepto, al igual que ya ha ocurrido en otras comunidades que han visto su inviabilidad como es el caso de Castilla la Mancha". En cuanto a los concursos públicos en los procesos de adjudicación de nuevas oficinas de farmacia, las mismas fuentes puntualizaron que este punto "es otra cosa bien distinta y en los que estamos totalmente de acuerdo". "Es un derecho que cada farmacéutico trasmita su oficina cuantas veces quiera --la LOFA exige un plazo mínimo de 10 años para poder transmitir--, pero también que las nuevas farmacias que salgan a concurso se adjudiquen a farmacéuticos en situación de desempleo, en peores ubicaciones o en zonas rurales", sintetizaron dichas fuentes. De otro lado, avanzaron que otra de sus alegaciones se centra en en los procesos de discriminación positiva para los que ejercen en la zonas rurales. Sobre esta medida, "en la que también estamos totalmente de acuerdo, lo que pedimos es que nos la aclaren un poco más". "POCA SOSTENIBILIDAD" DE LAS ELAS Respecto a la posibilidad de ubicar establecimientos de farmacia en las denominadas Entidades Locales Autónomas (Elas), un punto que la Consejería entronca con los procesos de discriminación positiva, el Consejo de Farmacéuticos indicó a Europa Press que en algunos casos estas Elas "pueden llegar a tener tan sólo 90 habitantes, por lo que es poco sostenible que se pueda mantener una farmacia". Frente a ello, las citadas fuentes abogaron por impulsar en estas ELAs los denominados botiquines de farmacia "y que estos dependan de la farmacia más próxima situada en el municipio de referencia". "SANCIONES DESPROPORCIONADAS" Otra de las alegaciones elevadas por el Consejo Andaluz de Farmacéuticos es la concerniente a las sanciones que puede imponer la Administración ante cualquier tipo de incumplimiento. En este punto, las mismas fuentes sostuvieron que "el texto actual de la futura Ley es desproporcionado, ya que las sanciones son cuantiosas, además de que no diferencian entre un mera farmacia situada en una ELA o un potente almacén de distribución o compañía farmacéutica". "No es lo mismo que un inspector imponga 30.000 euros a una oficina de farmacia situada en una ELA porque el titular de ese establecimiento no se encuentre en el momento preciso en que se hace la inspección, que imponer esa misma cantidad a una compañía farmacéutica", alegaron. Fuente: Europa Press, 6 de noviembre de 2006

Ante la nueva ley del medicamento, el farmacéutico ha de asumir sin temor nuevas responsabilidades

"Farmacia es una profesión de grandes conocimientos técnicos que con toda probabilidad pueden aprovecharse mejor. Aún no se han desarrollado todas las funciones que pueden desempeñar estos profesionales, y, por eso, aunque el farmacéutico goce de reconocimiento social, debe ser consciente de que para tener el futuro garantizado debe ofrecer servicios que añadan valor y que, como consecuencia de ello, le den una mayor entronización social y en el sistema". CF. correofarmaceutico@recoletos.es Así resume Javier Sánchez Caro, director de la Unidad de Bioética de la Consejería de Sanidad de Madrid, la principal motivación que subyace en la concepción del nuevo Curso on line de Responsabilidad y Atención Farmacéutica que CF y Derecho Sanitario Asesores iniciarán el 2 de octubre con patrocinio de la Fundación Abbott, cuya inscripción está abierta en www.correofarmaceutico.com. Y es que el que fuera durante dos décadas director de la Asesoría Jurídica del Insalud, coautor del curso junto al jurista Fernando Abellán, tiene claro que "el farmacéutico no debe tener miedo a asumir mayores responsabilidades con el paciente, porque eso le va a dar un nuevo rol". A lo que Abellán añade que, puesto que la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos (como ya lo hacían algunas normas autonómicas) obliga explícitamente a realizar labores de AF, "la asunción de esta responsabilidad ya no es una cuestión sólo filosófica o doctrinal, sino un precepto legal real al que el farmacéutico no puede ser ajeno". Así las cosas, lo que ambos expertos pretenden con el curso es, "desde un punto de vista totalmente práctico", orientar tanto al farmacéutico comunitario como al hospitalario y al de primaria para que conozcan y sepan cómo asumir los diferentes tipos de responsabilidad que pueden producirse por su relación clínica con el paciente. "No se pretende crear zozobra, sino reforzar a este profesional en su trabajo dotándole de herramientas para conocer las implicaciones éticas y jurídicas de cada servicio que ofrezca". Casos reales Para ello se apoyarán en "casos prácticos reales resueltos en tribunales" nacionales y extranjeros en los que se ilustrará al farmacéutico sobre la responsabilidad jurídica por el seguimiento farmacoterapéutico de los pacientes, la relevancia del consentimiento informado y el derecho a la intimidad en esta materia, el alcance legal del consejo o indicación farmacéutica (los límites para no colisionar con la labor del médico), el valor legal de los protocolos y guías clínicas, la regulación de la venta por correo e internet y la importancia y repercusiones jurídicas del trabajo en equipo, entre otros asuntos. Y, en lo referente a los farmacéuticos de hospital y de atención primaria, a los que se dedican varios temas íntegros, se profundizará sobre la repercusión legal de su integración en los equipos asistenciales (cuál es el momento de cada profesional), las obligaciones en materia de documentación clínica, la responsabilidad por los errores de medicación y la normativa de ensayos clínicos y la participación del farmacéutico en los mismos. Otro aspecto que se abordará en profundidad será el de la objeción de conciencia, siempre aplicada a situaciones a las que se enfrentan a diario boticarios y profesionales que ejercen en AP o en hospitales. En definitiva, el nuevo Curso on line de Responsabilidad y AF, de inscripción gratuita y para el que se ha solicitado acreditación a la Comisión de Formación Continuada del SNS, se ha ideado, según sus progenitores, como instrumento de apoyo al farmacéutico "para que dé un salto cualitativo en la concepción de la profesión". El curso, que se inicia el 2 de octubre, incluye casos prácticos útiles en farmacia comunitaria, hospitalaria y de AP 18/09/2006

Los Presidentes de Comisiones Deontológicas de Colegios de Médicos se reunen para establecer líneas de coordinación conjuntas

Nota de Prensa OMC. A iniciativa de los Presidentes del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM y de la Comisión Central de Deontología de este organismo, respectivamente El próximo 22 de septiembre tendrá lugar en el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos la primera reunión de presidentes de las Comisiones Centrales de Deontología de los Colegios de Médicos de toda España para establecer líneas de coordinación conjunta y de apoyo que fomenten la sinergia entre cuestiones de interés común para todos. La iniciativa ha corrido a cargo de los presidentes del Consejo General de Colegios de Médicos, Isacio Siguero, y de la Comisión Central del CGCOM, Rogelio Altisent, respectivamente. Esta reunión que servirá de toma de contacto entre todos, pretende poner en marcha Grupos de Trabajo sobre cuestiones claves de Etica y Deontología en los que participen expertos de todos los Colegios de Médicos en temas relativos a: cuestiones éticas en la aplicación de la informática a la asistencia; ética de la medicina preventiva; problemas éticos en torno a las medicinas complementarias y alternativas; criterio éticos de los incentivos y relación con la industria; publicidad médica; objeción de conciencia y discrepancias con la dirección; medicina paliativa; humanización de la asistencia, etc. La posibilidad de realizar un Plan de Formación Académico sobre Deontología que afecte tanto a los miembros de las Comisiones de Deontología de los Colegios como a los médicos colegiados y a los estudiantes de Medicina son otras de las propuestas que se presentarán en esta reunión de carácter informativo que dará comienzo a las 11:00 horas en la sede de la institución colegial. Información: Gabinete de Prensa de la OMC Telf. 91 431 77 80 prensa@cgcom.es

Conferencia de Toronto: el SIDA se ha convertido en industria millonaria para muchos, denuncia un activista anti-sida

Activistas de la lucha contra el SIDA denuncian que muchas organizaciones internacionales han convertido esta causa en una industria multimillonaria en la que los favorecidos son los productores de anticonceptivos y preservativos, las ONGs y muchos otros agentes involucrados, pero no quienes realmente lo necesitan que son los enfermos. Así lo advierten algunos activistas como Martin Sempa, para quienes, "la industria del SIDA" ha generado grandes reuniones como la reciente de Toronto en donde los asistentes estuvieron más preocupados en "manejar mejor la enfermedad" que en buscar una cura o detener su avance. Para Sempa, propulsor en Uganda del programa ABC (abstinencia, fidelidad y en última instancia preservativos) que ha tenido muy buenos resultados en la lucha contra el SIDA, "la mayoría de estas personas no están interesadas en detener el avance del HIV/SIDA sino en manejar la enfermedad, mantenerla como está para poder seguir obteniendo ganancias a costa de ella". "Es una industria multimillonaria", anota. "Farmacéuticos, fabricantes de preservativos, consejeros, distribuidores, publicistas, entre otros, luchan por falsos derechos humanos. Si tienes SIDA puedes llegar a estrella si promueves la agenda de todos ellos. Si el SIDA desapareciera hoy, millones de personas dejarían de percibir un ingreso", explica el activista ugandés. "Nuestros programas (de abstinencia y fidelidad) están bajo ataque por parte de los grupos de derechos humanos que alegan que evitar la promiscuidad de la gente es atentar contra sus derechos, nos dicen que estamos violando sus derechos humanos. Para ellos derechos humanos es sinónimo de preservativos", añade. Por su parte, Sipho Mthathi, líder del grupo Treatment Action Campaign de Sudáfrica, señaló que "esta conferencia (la de Toronto) ha sido más una conferencia hollywoodense para filántropos y estrellas que viven del SIDA". Asimismo, Robert Gallo, co-descubridor del virus del SIDA en la década de los 80’s, comentó que no fue a la conferencia de Toronto porque es "irrelevante y tonta". "Si hace falta tener status de celebridad para asistir a un evento así, entonces estamos escuchando a la gente equivocada", añadió. TORONTO, 20 Ago. 06 (ACI)

Según ONUSIDA Homosexualidad, prostitución y drogas: con estos ingredientes, sigue la expansión del SIDA

02/06/2006 ForumLibertas.com- La ONU advierte de que “los mismos asuntos espinosos del 2001 lo siguen siendo hoy”, mientras la abstinencia se muestra como la mejor arma para combatir el VIH. El último informe bienal de ONUSIDA (www.unaids.org/bangkok2004/report.html), muestra luces y sombras en la lucha para combatir una pandemia que, hoy por hoy, sigue con su imparable estadística. La parte positiva, la aportación económica es el único de los compromisos adquiridos hace cinco años que se cumple, con 8.300 millones de dólares al año. La negativa, los elevados índices de mortalidad a causa del SIDA en África (dos de cada tres enfermos viven allí) y la propagación del virus en Asia, Europa del Este y Latinoamérica. Los expertos advierten de que la homosexualidad, la prostitución y las drogas siguen siendo los grandes propagadores de la enfermedad. En su Informe Mundial sobre la epidemia del SIDA, publicado este martes, 30 de mayo, la ONU pone como ejemplo del peligro por contagio homosexual la alta incidencia del VIH en Latinoamérica, como consecuencia de este tipo de prácticas sexuales. Cabe señalar que el informe, de unas 600 páginas, constata que en el mundo hay actualmente 38,6 millones de personas portadoras del virus. México, el peor ejemplo México es quien se lleva la palma, con dos de cada tres portadores del virus contagiados por esta vía. De las 180.000 personas contagiadas, “hasta dos tercios son varones que se cree que se han infectado durante relaciones homosexuales”, dice el informe. Además, en México “hay signos que está aumentando la transmisión heterosexual del VIH a medida que más mujeres se infectan a través de sus parejas que también tienen relaciones sexuales con varones”, continúa el estudio de la ONU. Otros altos niveles de prevalencia del virus entre homosexuales han sido documentados por la ONU en Santa Cruz (Bolivia), en Quito-Pichincha y Guayaquil-Guayas (Ecuador) y en Lima (Perú). En Colombia, donde viven 160.000 personas infectadas, también se han detectado niveles de contagio de hasta un 20 por ciento entre hombres que mantienen relaciones homosexuales, transmitiendo la enfermedad también muchos de ellos a sus mujeres. Honduras es quizás el caso más grave de la zona, con una prevalencia nacional del VIH del 1,5 por ciento, lo que supone unas 63.000 personas infectadas y la primera causa de mortalidad entre sus mujeres, gracias también al comercio sexual. Guatemala registra unas cifras similares, y otros países donde se detecta este fenómeno son El Salvador, Nicaragua y Panamá. En términos generales, Brasil sigue siendo el país que más sufre los estragos de esta epidemia, aunque se han conseguido avances notables en el acceso al tratamiento del virus en este y otros países de la zona. “Los mismos asuntos espinosos” “Se han logrado importantes progresos en los últimos años, pero los retos continúan” afirmó Mark Stirling, director del Equipo Regional de ONUSIDA para África del Este y del Sur. “El SIDA se ha convertido en uno de los mayores problemas de desarrollo en el mundo”, remató Pier Piot, el director de esta institución, quien también puso el dedo en la llaga al criticar la ‘tibieza’ con que los delegados gubernamentales afrontan el problema: “Los mismos asuntos espinosos del 2001 (homosexualidad, prostitución y drogadicción) lo siguen siendo hoy”, denunció. ‘Tibieza’ para afrontar una evidencia que se sigue negando y ‘tibieza’ a la hora de reconocer lo ‘políticamente incorrecto’, o sea, que la abstinencia es, hoy por hoy, el arma más eficaz en la lucha contra la pandemia del SIDA. Lo demuestran los descensos de contagios en países que han puesto en práctica este sistema, como Uganda, donde la tasa de infecciones pasó del 26 por ciento en 1992 al 8 por ciento en 2002 gracias a un programa de ‘educación para la vida’, promovido por la Escuela Católica San Felipe y el Movimiento Juventud Viva. El programa estaba basado en la abstinencia y la fidelidad. La iniciativa, vistos los avances en la lucha contra la enfermedad, se extendió rápidamente a países como Tanzania, Kenia, Sudáfrica, Zambia y Zimbabwe, que también han reducido sus índices de contagios. Incluso un documento firmado por 36 países y publicado en la prestigiosa revista médica THE LANCET reconocía ante la comunidad médica que la prevención del VIH pasa por promover también los valores de la abstinencia y la fidelidad. Las esperanzas de Zambia Precisamente, Zambia ha sido noticia estos días por la constatación hecha por un sacerdote católico de que en el país se está empezando a combatir la enfermedad con una cierta efectividad gracias a la ayuda de la Iglesia. “Mientras tanto, el Gobierno ha hecho demasiado poco y demasiado tarde”, explica el padre Alick Mbanda, canciller de la diócesis de Ndola. El padre Mbanda describió cómo la Iglesia ha solucionado la crisis de contagios distribuyendo medicación contra el virus y promoviendo con éxito la abstinencia mediante la integración del tema del SIDA en los programas de catequesis. Estos programas, dirigidos preferentemente a la juventud, abordan el riesgo de contagio del VIH, sobre todo en las relaciones sexuales promiscuas. “Finalmente, hemos empezado a vislumbrar un pequeño progreso”, comentó el padre Mbanda. “El número de personas infectadas no se ha incrementado y, gracias a la campaña que estamos llevando a cabo para solucionar el problema, las cifras por fin están cayendo”, certificó.

La religión causa la mitad de los conflictos bioéticos, según el comité de ética del principal hospital de A Coruña

La religión causa la mitad de los conflictos bioéticos del Juan Canalejo El comité de ética del Hospital Juan Canalejo evalúa a diario casos relacionados con las creencias religiosas de los pacientes. La principal fuente de conflicto la encuentran los profesionales sanitarios con los Testigos de Jehová que se acercan al centro. ALBA SUÁREZ A CORUÑA. La estadística evidencia que el choque entre algunas creencias religiosas y los procedimientos médicos es el principal punto de fricción en el Juan Canalejo dentro del campo de la bioética. Benigno Acea, presidente del Comité Asistencial de Ética, explica que en estos casos el médico debe respetar en lo posible la voluntad del paciente. En el caso de los Testigos de Jehová se intenta evitar la transfusión de sangre, aunque el paciente suele firmar un documento en el que autoriza a realizarla en caso de necesidad vital. La labor del equipo de Acea suele consistir en trata r de que el enfermo y el doctor alcancen un acuerdo. Cada comité de ética de cada hospital tiene señala el presidente diferentes consultas y en el Canalejo la principal son los conflictos en relación con pacientes Testigos de Jehová que se operan aquí de forma programada . Pero este supuesto no es el único por el que se requiere la actuación de los expertos en bioética del Canalejo. Donantes vivos > El doctor Acea añade que otra consulta importante es la relacionada con donantes vivos . Se trata de personas que ceden un riñón a un familiar que necesita el trasplante. Para dar este paso legal es indispensable el informe favorable del comité, que comprueba que la donación sea voluntaria. En 2005 se dio seis veces esta situación en el hospital coruñés y todas las valoraciones fueron positivas. Acea señala que casi en la totalidad de los casos la persona que dona es la madre, y muy pocas veces el padre, algo que a su juicio podría estar relacionado con cierta presión social. La objeción de conciencia de los doctores ante determinadas prácticas y la moralidad de los estudios clínicos centran el resto de las discusiones del Comité de Ética, que se reúne periódicamente para evaluar estos conflictos. Lo constituyen doctores de distintas especialidades, enfermeros, especialistas en derecho y otros profesionales expertos en bioética. El grupo cobra cada vez más peso dentro del hospital: en cinco años pasó de dos a 26 casos anuales resueltos. El Ideal Gallego, A Coruña, 12 de julio de 2006

La anticoncepción falla y sus usuarios viven con miedo, reconocen los profesionales del sector.

La anticoncepción falla y sus usuarios viven con miedo, reconocen los profesionales del sector Fuente: ForumLibertas.com, 23 de junio de 2006 Estudio de la Sociedad Española de Contracepción dice que el 57% de las españolas que usan la píldora viven con miedo al embarazo. La anticoncepción se paga. No sólo con dinero, ni con michelines (las hormonas de la píldora engordan a más de una). Se paga emocionalmente. Con miedo: el 57% de las mujeres que toman la píldora en España temen quedarse embarazadas, y el 80% de los hombres temen que ellas queden embarazadas. Es mucha gente haciendo el amor con miedo. Hay, pues, consecuencias emocionales. Tanto, que acaba de presentarse un informe precisamente con ese título: Las Consecuencias Emocionales de la Anticoncepción. Ha sido durante el congreso de la muy anticonceptiva Sociedad Española de Contracepción en Barcelona, del 20 al 23 de junio. La prensa española ha recogido declaraciones que la Organización Mundial de la Salut, las revistas médicas de prestigio como The Lancet y los defensores de la regulación natural vienen diciendo hace tiempo. Así, El País dice claramente en su página 56 (23/06/2006): "La Organización Mundial de la Salud calcula que la efectividad de la píldora tiene una tasa de fallos del 8% y el preservativo del 14% y muchas de esas mujeres van a recurrir a una interrupción voluntaria del embarazo". Es decir, la anticoncepción falla. Falla mucho. Y genera abortos. A más anticoncepción, más abortos. Y así España ha pasado de 50.000 abortos en 1996 a 80.000 contabilizados en el año 2005. Y no es por falta de información anticonceptiva en la prensa. El grupo Daphne, expertos financiados por la multinacional Schering para promocionar la cultura anticonceptiva en los medios de comunicación, llevan diez años trabajando en prensa para fomentar píldoras, condones y contracepción. Están muy satisfechos. Su estudio publicado en 2004 decía: "la anticoncepción ha dejado por fin de ser un tema tabú para colocarse con pleno derecho tanto en secciones específicas de salud como no específicas, ya que más del 80% de los textos sobre métodos anticonceptivos analizados hicieron un tratamiento positivo de los mismos". El 20% restante, los tratamientos "no positivos", son cartas al director o artículos que se plantean los riesgos colaterales de tal o cual anticonceptivo químico. Quizá el grupo Daphne considere negativo este artículo, por repetir lo que ahora dice la Sociedad Española de Contracepción y El País. La anticoncepción falla y las mujeres viven con miedo "La OMS calcula que ocho de cada cien mujeres se van a quedar embarazadas mientras usan la píldora y muchas van a recurrir a un aborto", dice el jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Santiago Apóstol de Vitoria, Iñaki Lete, en declaraciones a Europa Press. Lete es miembro del Grupo Daphne, es decir, un promotor de la anticoncepción, no un detractor. El informe revela que ante la posibilidad de un embarazo no deseado, una de cada diez mujeres confiesa sentirse "deprimida y sola". Mujeres que han experimentado la incertidumbre de no saber si estaban embarazadas "por sorpresa" -¡no hay sexo seguro!- expresan que esa incertidumbre les afectó emocionalmente. El 20% admite que tuvo un impacto negativo en su relación de pareja, el 93% se sintió "preocupada", el 55% "nerviosa", el 33% "tensa" y el 8% "enfadada". Para el 33% de estas mujeres, la situación de incertidumbre influye negativamente en su vida laboral o en sus estudios. Durante la presentación, liderada por el doctor Ezequiel Pérez-Campos, presidente de la SEC y miembro también del grupo Daphne, varios expertos dijeron que "los embarazos no deseados se deben principalmente al mal uso y al desconocimiento de las situaciones que disminuyen la eficacia de los métodos anticonceptivos". Olvidan la píldora: falla el hábito Según el informe, el 63% de las usuarias de la píldora se olvidan de tomarla alguna vez y tienen relaciones. Así como los métodos de regulación natural requieren constancia y una cierta regularidad, e incluso la abstinencia requiere constancia y seriedad, ésta es también necesaria con el condón o la píldora a medio plazo. Cuando falla la constancia, falla la anticoncepción. Las usuarias y usuarios de la anticoncepción viven con miedo. Los "embarazos no deseados" tienen 2 elementos: el embarazo y el deseo. La falta de deseo de niños genera miedo y ansiedad. Quizá la sociedad debería trabajar menos sobre los embarazos y trabajar más sobre las emociones, los deseos y los temores. Porque en un contexto donde los niños son causa de miedo, no se pueden dar relaciones satisfactorias, estables ni sanas. La ministra Elena Salgado, desmentida por los expertos En enero de 2005, la ministra de Sanidad aprovechó una reunión con el portavoz de los obispos españoles, Juan Antonio Martínez Camino, para hablar del sida. Ante toda la prensa la ministra pidió que la Iglesia católica no cuestione la validez del preservativo en la prevención del sida. Pero no es la Iglesia quien cuestiona la eficacia del preservativo. Es la misma OMS, al considerar que el preservativo tiene una tasa de fallos del 14% (Organización Mundial de la Salud, Effectiveness of Male Latex Condoms in Protecting against Pregnancy and Sexually Transmitted Infections, en OMS Information Fact Sheet, núm. 243, de junio de 2000). Esta es la cifra que se ha repetido en este congreso. Las campañas de prevención en España, fomentando el condón, nunca dan los datos de fallos, con lo cual falla la obligación del Ministerio de Sanidad de facilitar una información exacta y completa. La OMS explica así que el uso perfecto del condón no previene siempre el embarazo: “La tasa estimada de embarazos con uso perfecto del preservativo, esto es, aquella efectuada entre quienes informan de un uso tal y como debe ser usado (es decir, en modo correcto) y en cada acto o relación sexual (o sea, en modo consistente), es del 3% en 12 meses”. Es innecesario decir que el uso típico del preservativo, que incluye un uso perfecto e imperfecto (por ejemplo, que no se use en todos y cada uno de los actos o relaciones sexuales, o que sea usado en modo incorrecto) es mucho menos efectivo en la prevención del embarazo. “La tasa de embarazo con un uso típico puede ser mucho más alta (10-14%) que con un uso perfecto, pero esto es debido principalmente a su uso inconsistente o incorrecto, no al fallo del preservativo”. (Organización Mundial de la Salud, Effectiveness of Male Latex Condoms in Protecting against Pregnancy and Sexually Transmitted Infections, en Information Fact Sheet, núm. 243, de junio de 2000).

Crece la transmisión del VIH entre homosexuales

12-4-06 Crece la transmisión del VIH entre homosexuales El 25% , de los 3000 casos más detectados de VIH en España en el 2005, son debidos a prácticas homosexuales. El Ministerio de Sanidad quiere corregir esto con otra campaña más. El Secretario General de Sanidad, José Martínez Olmos, y la Secretaria del Plan Nacional sobre el Sida, Lourdes Chamorro, han presentado el 7 de Abril, en rueda de prensa una campaña de prevención del VIH/sida dirigida a los hombres con prácticas homosexuales. Bajo el lema “Nosotros disfrutamos seguros. Tú decides”, la campaña cuenta con un presupuesto de 87.000 euros. El lema lo dice todo, claramente pertenece a personas de confesión erótica, y libertaria. Criticar esas confesiones, o las conductas homosexuales, es de herejes des confesiones. FRENAR EL SIDA EN LAS RELACIONES SEXUALES Las relaciones sexuales (tanto heterosexuales como homosexuales) son la principal vía de transmisión del VIH/sida en todo el mundo. La aparición a principios de los años 80 de los primeros casos de sida, que afectaron de forma especial a hombres homosexuales, supuso que fuera precisamente este colectivo uno de los primeros en ser señalados. El optimismo existente ante las terapias antirretrovirales de alta eficacia, el disgusto a uso de barreras al placer, o una vivencia lejana del VIH/sida entre los más jóvenes, están provocando un aumento de contagios entre homosexuales. Varios estudios indican que en torno al 25% de los hombres que practican sexo con hombres no utilizan preservativo. Además, más del 50% de los casos de sida que se diagnostican anualmente en nuestro país entre hombres con prácticas homosexuales desconocía que era seropositivo en el momento del diagnóstico de la enfermedad. DATOS SOBRE VIH/SIDA ENTRE HOMOSEXUALES Prevalencia de homosexualidad masculina.- Según la Encuesta de Salud y Hábitos Sexuales de los españoles, elaborada por el INE y el Ministerio de Sanidad en 2003, el 3,9% de los hombres declara haber mantenido relaciones homosexuales alguna vez en su vida. Prevalencia de VIH en hombres que tienen sexo con hombres.- Según varios estudios, la prevalencia de VIH entre este colectivo se sitúa entre el 10 y el 15%. En esta línea, el estudio “cuidate.info”, realizado en 2003 por la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida y ONGs de homosexuales, indica que la prevalencia autodeclarada de VIH asciende al 12%. Casos de sida.- El 46% de los 1.873 nuevos casos de desarrollo de sida en España en 2005 tuvieron como vía de transmisión las relaciones sexuales (el 30,6% a través de relaciones heterosexuales y el 15,4% a través de relaciones homosexuales). La transmisión por vía homosexual es la tercera más frecuente. Infecciones por VIH.- En cuanto a las nuevas infecciones por VIH, se estima que cerca del 25% de las 3.000 nuevas infecciones que se diagnosticaron en 2005 corresponden a hombres que tienen prácticas sexuales de riesgo con otros hombres. Datos desde el inicio de la epidemia.- En términos globales, y según las notificaciones recibidas desde el inicio de la epidemia en los años 80, en el 14% de los casos de sida el VIH se transmitió por relaciones homosexuales entre hombres (un total de 10.094 casos). http://www.sinsida.com/noticias/montador.php?tipo=noticia&categoria=noticias&fichero=Homo12-4-06