La «ley Aído» limitará la oposición al aborto. Los profesionales implicados se rebelan contra la norma.
 

MADRID- No sólo el médico que realice la «intervención» para interrumpir voluntariamente el embarazo tiene derecho a objetar. Aunque esto es lo que marca la enmienda introducida a la Ley del Aborto que se ha debatido esta semana en el Congreso, todo el personal que forma parte del «proceso» –como prefieren llamarlo– del aborto demanda su derecho a no participar de un acto que va en contra de sus propios principios morales.
Ginecólogos, matronas, enfermeros, trabajadores sociales y personal de Atención Primaria son algunos de los implicados en la ejecución del aborto libre hasta la semana 14 de gestación que marcará la ley y que reivindican su derecho a no participar del infanticidio, como algunos lo denominan. María, una trabajadora social de un centro de salud de Andalucía, no quiere dar más datos de su identidad para no ser reconocida. Explica que ahora sus jefes comprenden y le reconocen «de facto» la objeción, pero no quiere que su situación cambie por hacerla pública.
El primer paso
Esta profesional no quiere rellenar formularios o pedir cita en las clínicas abortistas a las mujeres que deciden no tener al hijo engendrado: «La tramitación de un aborto empieza por mí y yo no quiero cumplimentar un documento o tener que pedir cita a la clínica», cuenta.
Hay otros objetores a los que no les importa dar la cara. El ginecólogo Esteban Rodríguez Martín, del Hospital Punta de Europa de Algeciras, se ha convertido en el primer especialista con medidas cautelares de un Tribunal Superior de Justicia para no tener que ser «un cooperante necesario» del aborto. Rodríguez argumenta que el aborto «no es un acto médico» y, por tanto, el facultativo no tiene por qué ayudar a «imponer una pena capital a nuestro pacientes. No vamos a ser verdugos», reivindica. En virtud de las medidas cautelares, Rodríguez Martín no participa en ningún punto de la cadena de acciones que desemboca en el aborto: «No voy a hacer una orden de ingreso para la embarazada que venga a abortar, ni pedir una analítica previa, ni firmar el alta... Eso sí, si de la cirugía se derivan complicaciones ayudaré a la mujer, porque ése sí es mi deber».
El ginecólogo lamenta que la nueva legislación vaya a crear una división dentro de los ginecólogos con dos categorías: «Unos potenciados por practicar abortos –ya sea con promociones o con sobresueldos– y otros discriminados». Como María, Rodríguez Martín cree que no sólo practica abortos el médico que lleva a cabo el legrado, sino que también coopera el que firma los dictámenes previos para contrastar la legalidad del acto: «No quiero que mi firma vaya en una sentencia de muerte», argumenta.
Enfermeras como Teresa Mateos explican que el personal de enfermería, salvo el que está en quirófano, puede verse implicado sin querer en un aborto cuando éste se provoca con pastillas. Valdés se plantea, «¿hasta qué punto podría negarse a una práctica a la que las usuarias tengan derecho?» Y lamenta que, una vez más, con esta ley se demuestre «que en España las cosas se hacen un poco a medias». Entre las matronas, otro colectivo implicado en el aborto, también hay una corriente de objetoras. Ana de Arístegui, que trabaja en un centro de salud de Madrid, ha sido una de las promotoras de un documento para comunicar formalmente a la Organización Colegial de Enfermería su derecho a objetar basado en los fundamentos jurídicos que la sustentan. De Arístegui destapa la necesidad de que las enfermeras den educación sexual a las personas que se acercan al centro de salud, pues «muchas carecen de ella»: «Vienen pidiendo un DIU y cuando les preguntas, no saben ni lo que es». Por tanto, igual que las enfermeras enseñan a pincharse a los diabéticos, piden educar en anticoncepción a las mujeres.
Cualquier mujer que llega a un centro de salud con un test de embarazo positivo pasa por manos de la matrona, que valora si el embarazo es deseado o no y procede a derivarla a un centro donde le practiquen el aborto, si procede. Un momento que las matronas objetoras también quieren utilizar para hacer un poco de presión a favor de la vida. Lo cuenta Isabel Valdés, matrona en otro centro de salud madrileño, el de Coslada. Denuncia que  «muchos embarazos se pueden salvar si la matrona que la atiende en el centro de salud le da esperanzas o alternativas». De hecho,  hace unos días atendió a una rumana «que vino a consultar en la 14 semana de gestación» para que «no la intimiden y la dirijan al aborto»,  como otras veces, porque no quería hacerlo.
Valdés cree que con un mensaje a favor de la vida habría muchas mujeres que no abortarían y es que  sólo con la buena voluntad de unas pocas matronas  «hemos rescatado muchísimos». Pero hoy en día las salidas que se le ofrecen a la mujer «son muy limitadas» y las compara con la cantidad de atenciones, medios y ayudas para los niños prematuros, «un gran contraste» para bebés a los que apenas separan unas semanas de vida.
Valdés augura malos tiempos para los profesionales salpicados por el aborto: «Se nos avecina un panorama duro. Niños y objetores nos quedamos indefensos».
 

Los estudiantes se rebelan
Las asociaciones Universitarios por la Vida, Médicos por la Vida y Nasciturus se concentrarán el lunes en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense para expresar su rechazo a que se les obligue a aprender cómo se practica un aborto. Según la asociación, la futura Ley del Aborto, «además de atacar el derecho a la vida, será restrictiva con los derechos de los sanitarios».